El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se rechacen los recursos interpuestos por las defensas de tres hombres, quienes en marzo de este año habían sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín hasta a siete años y nueve meses de prisión al encontrarlos como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

En su dictamen ante la Sala I del máximo tribunal penal, De Luca recordó que los jueces habían tenido por probado que Ariel Álvarez Alsogaray, Fernando Secco y Bernabé Moschella tenían en su poder al menos 43 paquetes entre los que se distribuían 24 kilos de cocaína, nueve bolsas con cinco kilos y medio de MDMA (éxtasis) y casi diez mil pastillas más, entre otros estupefacientes. Parte del material estaba oculto dentro de tablas de esquíes, que eran utilizados para enviar la cocaína a España. En el debate oral intervino el fiscal Marcelo García Berro, quien en su alegato había requerido penas similares a las impuestas por los magistrados. Los tres condenados mencionados interpusieron recursos de casación contra la sentencia.

El dictamen

El representante del Ministerio Público Fiscal, tras analizar las presentaciones, consideró que “las críticas que formulan la defensas no pasan de ser un mero disenso con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado y que no demuestra el yerro de la decisión ni arbitrariedad”. En primer lugar, explicó que -a diferencia de lo postulado en los recursos- “para poder afirmar que hubo algo semejante a una ‘excursión de pesca’ es preciso que haya cierta aleatoriedad, lo que no se verifica en esta causa ya que la pesquisa estuvo vinculada a lo denunciado”.

La misma postura sostuvo respecto del intercambio de información realizado con autoridades extranjeras y los informes periciales objetados; en cuanto a éstos últimos, De Luca indicó que “no se advierten de qué manera se vieron perjudicadas o qué puntos de pericia se vieron impedidas de proponer” las partes. Uno de los recursos, por ejemplo, apuntaba a “conocer cuál sería la rigidez de un esquí llenado con estupefacientes”.

Por otro lado, en cuanto a la presunta falta de requerimiento de instrucción por el cambio de objeto de la investigación sostenido por uno de los imputados, De Luca sostuvo que también debe ser rechazado: “Al comienzo de la instrucción el objeto procesal tiene cierta precariedad y requiere del avance de la investigación para definirse. El hecho investigado fue siempre el mismo (el tráfico de estupefacientes al exterior), aunque haya variado la modalidad, y el Fiscal fue notificado de cada medida intrusiva dispuesta”, precisó.

Finalmente, De Luca advirtió que “el ordenamiento procesal no impone al juez el deber de notificar a toda persona investigada sobre el inicio de una pesquisa”, por cuanto “conspiraría contra el éxito de la investigación. Lo importante en esta etapa primigenia es que, de haber medidas intrusivas, ellas sean ordenadas mediante auto fundado emanado del juez de la causa”. Así, dio respuesta al planteo de una de las defensas sobre un supuesto “secreto del sumario de hecho”. Por esos motivos, el representante del MPF solicitó que se rechacen los recursos de casación.