El Tribunal Oral Federal N°3 fijó para mañana a las 17:00 el inicio del juicio por presuntas estafas que habrían cometido las autoridades del Banco Patricios en perjuicio de sus clientes. La resolución de Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni se produjo luego de la conformación del tribunal y la designación del cuarto juez Gabriel Vega. El horario vespertino fijado para el debate oral y público fue en virtud de las limitaciones de agenda informadas por el magistrado Vega. De esa forma, la resolución de los jueces indica que las audiencias se realizarán los miércoles por la tarde “y los días jueves en que tenga disponibilidad el juez sustituto”.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá la Fiscalía General N°2, a cargo de Stella Maris Scandura, quien en julio solicitó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la designación de otros funcionarios para conformar un equipo fiscal en atención a la “complejidad, extensión y cantidad de audiencias” y la “gran cantidad de testigos a interrogar”. Así, fueron designados el fiscal general Juan Patricio García Elorrio y los fiscales ad-hoc Eduardo Rodríguez Da Cruz y Juan Manuel Gaset Maisonave.

La fecha de comienzo del juicio había sido fijada originalmente para el 4 de agosto, luego de que Scandura presentase un recurso de reposición. Pero luego fue suspendido por el proceso de designación de Machado Pelloni como nuevo integrante titular del tribunal.

La causa

Los directivos de la extinta entidad -Alberto Miguel Spolski, Alejandro Bilik, Carlos Alberto Ungar, Ela Szpolsky, Héctor Mario Kleiman y Sergio Fryd- llegan acusados a esta instancia de apropiarse “mediante maniobras engañosas del patrimonio de las víctimas”, que son más de 100 y conformaron una querella unificada. Los clientes del Banco Patricios perjudicados sustituyeron plazos fijos y otras operaciones por obligaciones negociables emitidas sin respaldo entre 1994 y 1998, que les eran ofrecidas por una tasa de interés seis puntos superior. El monto total habría ascendido a 54 millones de dólares, según la hipótesis acusatoria.

De esa forma, se habría pretendido ocultar la real situación financiera que atravesaba la institución, que “no podría enfrentar los compromisos económicos asumidos”.