El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº6, Federico Delgado, solicitó la elevación a juicio de la causa por irregularidades en la adquisición de trenes usados a Portugal y España. Los imputados, Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri e Ignacio Julián Soba Rojo están acusados de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso ideal con el delito de cohecho.

Según se desprende del requerimiento de elevación a juicio, los imputados “pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la  adquisición de material rodante en mal estado”. El fiscal federal entendió que los acusados se aprovecharon primero de la necesidad de recomponer los trenes, y luego “de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. Entre medio de ello, metieron a los ´consultores´ para justificar el desvío del dinero. Finalmente, para que todo parezca legal hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”.

En relación a las pruebas, la fiscalía señaló, entre otras, que hubo un 44% del material rodante adquirido que estaba fuera de servicio, deteriorado, sin la realización de tareas de reparación para su posterior uso. En este sentido, Delgado manifestó que “se abonó a la empresa Expansión Exterior SA conceptos por 'rehabilitación y dirección de obra y asistencia técnica' que se realizaría en la Argentina, pese a que el 100% del material adquirido nunca se rehabilitó”.

Así también, explicó que en los contratos celebrados con España no se inspeccionó la totalidad del material rodante adquirido, y que existían diferencias entre lo comprado y lo que definitivamente se recibió. La fiscalía refirió un ejemplo de ello: las locomotoras Nº258, 239 y 214 fueron compradas dos veces. La primera, en el contrato celebrado el 29 de diciembre de 2005, y la segunda, en el contrato firmado el 28 de abril de 2006, y con diferentes precios.

En relación a la declaración de los testigos, del documento de la fiscalía surge que Christian Maximiliano Montenegro, empleado de la AGN (Auditoría General de la Nación), explicó que en las tareas de campo se visitaron los talleres mecánicos de UGOFE en Remedios de Escaldad y los de EMEPA –entre otros- y se constató que el estado de las formaciones de Remedios de Escalada era bueno a regular y el material de EMEPA presentaba un estado muy malo, de deterioro, las carrocerías estaban apoyadas  sobre caballetes, los boogies estaban desmontados y situados en otra parte del predio, al aire libre.

Hacia el final, el fiscal federal requirió al magistrado que confiera atribución al Procurador General del Tesoro  para que evalúe iniciar las acciones legales de recuperación; es decir, para traer al tesoro público el dinero del que se apropiaron los imputados y eventualmente las empresas que firmaron los contratos.

En la causa también existen otros imputados que no integran esta elevación a juicio: Julio Miguel De Vido, Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Cortés, Ricardo Luján Roseto, Carlos Retuerto Castaño, Antonio Eduardo Sícaro y Juan Pablo Schiavi.