El fiscal Fernando Fiszer requirió hoy que se condene a diez años y seis meses de prisión al cabo de la Policía Federal Adrián de Miguel y a nueve años y seis meses a su supuesto cómplice, Enrique Huertas, por considerarlos “coautores del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, y por ser cometido en poblado y en banda, calificado por la intervención de un efectivo policial en su ejecución”.

Fiszer encontró acreditado que el 23 de marzo pasado de Miguel y Huertas y -al menos- dos hombres más, irrumpieron en un departamento ubicado en la calle Brasil al 1300 blandiendo armas de fuego, y que, tras identificarse como policías y decir que estaban realizando un allanamiento, golpearon a un joven y a su padre y los ataron junto a otras tres personas que estaban en la vivienda. El representante del Ministerio Público tuvo por probado el robo de 12.000 pesos, 450 dólares, tres computadoras portátiles, tres celulares, una mochila y joyas.

Fiszer asimismo indicó -en base a las declaraciones de los distintos testigos en el debate- que Huertas y los demás autores escaparon por los techos, al tiempo que de Miguel permaneció en el pasillo del edificio mientras arribaban los policías de la Comisaría N°16.

Los alegatos de las defensas

A su turno, el abogado Giambruno –a cargo de la defensa técnica de de Miguel- solicitó la nulidad de los reconocimientos efectuados por fotografías en la audiencia anterior y requirió la absolución de su cliente, al sostener que no pudo probarse que el ex cabo estuviera en el interior del departamento asaltado. Además desacreditó, por contradicciones, los testimonios de tres víctimas, y señaló irregularidades en la requisa del vehículo de de Miguel.

En igual sentido expuso el abogado Pereyra, defensor de Huertas, quien desacreditó a los mismos testigos, porque consideró que no había coincidencia entre sus declaraciones brindadas en sede policial y las producidas en el debate.

Respecto al procedimiento sobre el vehículo de De Miguel, donde se encontrara la billetera del primo de Huertas, Pereyra manifestó que, como se realizó pasadas diez horas del hecho que se le imputa a su defendido, podría haberse manipulado la prueba.

Las nulidades y planteos

Las nulidades planteadas por las defensas fueron rechazadas por el fiscal, quien manifestó que el reconocimiento fotográfico no vulneraba las normas procesales, al tiempo que refirió que el procedimiento de secuestro de los efectos hallados dentro del Twingo, propiedad de de Miguel, fue realizado en presencia de un testigo.

Asimismo, ante un planteo de la defensa que sostenía que los testigos habían visto a los imputados en el pasillo del Tribunal, el fiscal pidió que se dejara constancia respecto a la actuación correcta del Tribunal, que los aisló para evitar el contacto.

Últimas palabras

Clausurado el debate, el Tribunal habilitó a los imputados a brindar sus últimas palabras antes de la sentencia.

Huertas fue breve y pidió que se considerara que tenía un hijo de un año y medio. Por su parte, de Miguel se explayó más y denunció que todos los testigos mintieron. Al respecto sostuvo que él informó a los numerarios de la Comisaría N°16 que era policía y que había ido al lugar a comprar cocaína; al tiempo que agregó que no fue detenido sino que se puso a disposición de los policías, que él entregó su arma, que le cambiaron los proyectiles, y que no tenía necesidad de robar, pues su sueldo como policía era bueno. 

El debate está a cargo del Tribunal Oral N°16, presidido por María Cristina Bértola e integrado por los Inés Cantisani y Gustavo González Ferrari, quienes anticiparon que esta tarde darán a conocer la sentencia.

Antes de los alegatos, la jornada de hoy había iniciado con un pedido del abogado Giambruno para que se incorporara como prueba la libreta de las prácticas de tiro del ex cabo, de la que surgiría que las balas que utilizaba el efectivo no son las que fueron secuestradas con su arma el día del hecho.

El nuevo elemento probatorio fue admitido por Fiszer, al tiempo que requirió la incorporación por lectura de los testimonios de dos damnificados, que no pudieron ser interrogados en la audiencia porque no se encuentran en el país.