La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, conformada unipersonalmente por la jueza Selva Angélica Spessot, hizo lugar al recurso presentado por el responsable de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y declaró la competencia del Juzgado Federal de dicha jurisdicción para continuar la investigación contra una organización narcocriminal que operaba a lo largo del país, con nexos en los países limítrofes.

De este modo, la camarista revocó la resolución dictada el 9 de junio pasado por el juez federal Gustavo Fresneda, por la cual declaraba su incompetencia -en razón del territorio- para investigar el hecho y remitía las actuaciones a la Fiscalía Federal de Eldorado, provincia de Misiones.

El caso

La investigación se inició el 4 de agosto de 2021, cuando personal la Sección Núcleo del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional interceptó una encomienda del Correo Argentino, en cuyo interior se encontraron 4,144 kilogramos de marihuana, acondicionados en cuatro cartones de leche y ocultos en prendas de vestir desgastadas.

Al constatar los datos del paquete, surgió que era remitido por una joven de la ciudad de Posadas, y tenía como destinataria una mujer que vivía en la ciudad de La Rioja. Sin embargo, el documento de la supuesta destinataria pertenecía, en realidad, a un hombre con antecedentes penales por narcotráfico.

En base a diversas pruebas recolectadas durante la investigación, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres estableció que, en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, operaban dos grupos criminales transnacionales  dedicados al tráfico ilícito de marihuana, cocaína, hachís y éxtasis. La droga se adquiría en Paraguay, ingresaba a Argentina a través de pasos no habilitados. Luego se comercializaba en la zona o se distribuía a distintas provincias, mediante encomiendas.

Además, uno de los grupos involucrados, invertiría el dinero que obtenía del tráfico de estupefacientes, en préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, y en la reciente inauguración de un local bailable donde, además, vendían las sustancias ilícitas.

En este marco, el fiscal federal Martínez le solicitó al juez Fresneda el allanamiento de catorce domicilios de la localidad misionera de Puerto Iguazú y la Unidad N°11 de Resistencia, Chaco, donde estaban alojados tres de los sospechosos. Así, entre el 14 y 15 de mayo pasados, se apresó a ocho personas –que se suman a otras tres que ya estaban detenidas a disposición de otro Juzgado- y se incautaron elementos de interés para la investigación.

El 13 de julio, el responsable del Juzgado Federal de Paso de los Libres procesó a once personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefaciente agravado por el número de personas intervinientes. Además, dos de los hombres fueron procesados como líderes de la organización y el delito usura, al tiempo que uno de ellos también lo fue por confabulación para el narcotráfico. Igual temperamento se adoptó respecto de una ciudadana venezolana en orden a los delitos de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización y usura. Además, a estos cinco sospechosos también se los procesó como coautores de lavado de activos de origen delictivo. El juez también trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de $800.000 y 2 millones de pesos.

Oportunamente, la defensa de algunos imputados solicitó la declaratoria de incompetencia del Juzgado Federal de Paso de los Libres, la cual fue dispuesta por el juez Fresneda, en favor de la Justicia Federal de Eldorado, Misiones. El fiscal Martínez recurrió la resolución por contener una fundamentación aparente y no constituir una derivación razonada de los hechos, pruebas y derecho vigente.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “las circunstancias de que los imputados hayan sido detenidos en extraña jurisdicción y que algunas de las fuentes de pruebas se encuentren en la localidad de Puerto Iguazú (Misiones) no podría per se determinar la competencia, dado que, de ser así, la prórroga de jurisdicción no debería existir sino que directamente correspondería la declaración de incompetencia territorial”. También, respecto de las personas que permanece prófugas, sólo una de ellas podría estar en Misiones, mientras que las restantes podrían estar en Buenos Aires, Tierra del Fuego u otra provincia.

También, respecto a que el paso de la droga por Corrientes fue “circunstancial”, el fiscal discrepó por cuanto la interceptación de la encomienda y el hallazgo de la droga, fue lo que determinó el inicio de la investigación ante la justicia federal correntina.

Asimismo, cuestionó que el juez haya considerado que “los más importantes pasos del iter criminis de las actividades vinculadas al narcotráfico que desarrollaría la organización, se planifican y ejecutan en la provincia de Misiones…”, cuando, en realidad, “la planificación y organización realizada por los líderes de las bandas delictivas eran realizadas en la unidad penitenciaria de Sáenz Peña, provincia de Chaco –no en Misiones-, y, las órdenes por ellos dadas eran ejecutadas por personas domiciliadas en distintas provincias (Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego), incluso, en distinto país (República de Paraguay)”.

Respecto al “menor costo logístico” al que refirió el juez, el fiscal Martínez entendió que ello no podía prevalecer ante el retraso que implicaría que nuevos funcionarios intervengan y reconstruyan la investigación desde el inicio.

Finalmente, consideró que la investigación se centra en el contrabando y transporte de estupefacientes, por lo que correspondería al tribunal local continuar con la investigación, por cuanto fue en dicha jurisdicción donde se interrumpió el delito y se descubrió la maniobra ilícita.

La decisión de la Cámara Federal correntina

Al resolver la cuestión, la jueza Selva Angélica Spessot analizó las pruebas recolectadas y coincidió con la postura de la fiscalía, hizo lugar a su recurso y declaró la competencia del Juzgado Federal de Paso de los Libres para continuar con la investigación.

En tal sentido, explicó que dado que en la causa se investiga el transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, debía aplicarse “la regla expresamente consagrada el artículo 37 del CPPN, atento al carácter de delito permanente de la figura de mención”. Por ello, consideró que era “competente el juez del lugar donde cesó la permanencia del delito (art.37, 2° párr. CPPN), es decir, el Juez Federal de Paso de los Libres, con competencia territorial en Santo Tomé (Corrientes), donde en circunstancias de un operativo público de prevención sobre ruta Nº14, el  Escuadrón N°57 de dicha ciudad, procedió al secuestro de la mercadería ilícita."