El fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, José Agüero Iturbe, y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Carlos Stornelli, solicitaron ayer oralmente a la sala I de la Cámara Federal porteña que ordene al juez de primera instancia, Sebastián Ramos, el llamado a declaración indagatoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de otros treinta imputados, entre militares y agentes de inteligencia de ese país, por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en su territorio contra la población civil desde al menos 2014, en el marco de una causa abierta en nuestro país en virtud del principio de jurisdicción universal, que forma parte del orden constitucional argentino y que permite la persecución subsidiaria de ese tipo de crímenes "contra el derecho de gentes" cometidos en otros países.

Los fiscales expusieron ayer ante los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la instancia de tratamiento de un recurso de queja interpuesto por la querella -conformada por organizaciones de la sociedad civil y por ciudadanos/as venezolanos/as-, al que adhirió el MPF, contra la decisión del juez Ramos de separar y mandar a sorteo algunos hechos denunciados (ocurridos durante y después de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de julio pasado) y para que se dispongan los llamados a declaración indagatoria de las personas imputadas.

En este caso la sala I de la Cámara declaró este año que corresponde a los tribunales federales porteños la asunción de la jurisdicción universal y, en consecuencia, la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de Argentina para el juzgamiento de los hechos. Los camaristas Bertuzzi, Bruglia y Llorens tomaron esa decisión cuando llegó a su conocimiento el recurso de las partes acusadoras contra la decisión del juez Ramos -del 29 de febrero pasado- de inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional para que ese tribunal, creado por el Estatuto de Roma y que tiene sede en La Haya, Países Bajos, lleve adelante el proceso.

“Sinnúmero de atentados a los derechos humanos”

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en la causa se investiga "la responsabilidad de las máximas autoridades gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela y de las fuerzas de seguridad y armadas, en un sinnúmero de atentados a los derechos humanos de personas opositoras al régimen gubernamental o percibidas como opositoras", en el contexto "de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, desde al menos el año 2014". Entre los hechos investigados, la fiscalía enumeró los siguientes:

• Ejecuciones extrajudiciales, en el marco de represión de protestas pacíficas, practicadas primordialmente por organismos como la Guardia Nacional Bolivariana (G.N.B.)
• Detenciones arbitrarias de opositores, entre ellos dirigentes, periodistas, estudiantes, manifestantes o personas que se hubieran manifestado en redes sociales, por cargos de terrorismo, traición a la patria, homicidio en grado de frustración y magnicidio, sedición, todas supuestas operaciones conspirativas contra el gobierno o el Presidente. "Para esto, el régimen cuenta con la complicidad del sistema de justicia que convalida detenciones posteriormente y procesa sin pruebas, inventando causas", señaló la fiscalía federal.
• Desapariciones forzadas practicadas primordialmente por organismos de inteligencia, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que tuvieron como objetivos a personal militar supuestamente opositor.
• Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes practicadas primordialmente por organismos como el SEBIN y la DGCIM.

La Fiscalía Federal N°4 informó que entre los elementos de prueba que permiten sostener esas imputaciones "se han recopilado informes elaborados por organismos internacionales de altísima jerarquía y organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, así como también documentación obrante en expedientes judiciales, y se han oído declaraciones testimoniales, tanto de víctimas directas del régimen, de familiares de aquéllas", y anticipó que "hay también programadas otras declaraciones testimoniales de encumbrados expertos e instituciones".

En tal sentido, puso de relieve la "prístina claridad" que surge de los cuatro informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 42/25. La fiscalía señaló que en los informes A/HRC/45/33, del 2020; A/HRC/48/69, del 2021; A/HRC/51/43, del 2022, y A/HRC/54/57, del 2023, "la Misión ha llegado a contundentes conclusiones luego de haber mantenido entrevistas con víctimas, familias, abogados y testigos con conocimiento directo de los incidentes; con ex funcionarios del Gobierno, la policía, los servicios de inteligencia y el ejército, y otras personas con conocimiento directo de instituciones o casos específicos; con miembros y ex miembros de la judicatura; e inclusive con miembros de las fuerzas de seguridad en servicio activo; luego también de haber accedido a y analizado, información digital certificada (videos, imágenes obtenidas por satélite, fotos o contenido de medios sociales), declaraciones públicas de representantes del Gobierno, así como leyes, políticas y directivas venezolanas".

El caso judicial argentino, indicó la fiscalía, se inició con el impulso de la acción respecto de "los padecimientos de sólo algunas víctimas concretas, sobre las cuales se ha desatado en diferentes formas el aparato represivo de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia bolivarianas". Ese objeto luego fue ampliado a dos casos de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes ocurridas el 19 de febrero pasado en Caracas y en Carabobo; la desaparición forzada durante varios días de una familia; y "varios casos individuales de personas que fueron detenidas arbitrariamente y sometida a torturas" en diferentes dependencias, entre ellas la conocida como "Helicoide", que es una cárcel del SEBIN.