El titular de la Fiscalía General N°2, Abel Córdoba, contestó hoy planteos realizados por las defensas en una nueva audiencia del juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 8 al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, su ex pareja Agustina Seguín, al gestor Andrés Soto y a la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, imputados por el delito de falsedad ideológica de documentos públicos. En el mismo debate también se juzga a los ex funcionarios públicos Benigno Vélez, Daniel Reposo y los empresarios Fernando y Guido Guidi, junto a Boudou, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y uso de documento público falso en la presunta compra irregular de diecinueve vehículos para el Ministerio de Economía.

El Ministerio Público Fiscal consideró que deben rechazarse los planteos interpuestos por las defensas:  entre otras cuestiones, descartó la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser contraria a  la socialización del eventual condenado. Luego, el tribunal integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez definió que durante la semana del 26 al 30 de agosto se conocerá el veredicto.

La causa en la cual están imputados Boudou, Soto, Taboada de Piñero y Seguín se centra sobre la presunta falsificación de documentos en la transferencia de un vehículo. Sobre estos hechos, el MPF dio por acreditado en el alegato que se presentó documentación apócrifa para lograr el cambio de radicación, transferencia y reempadronamiento del rodado.

Por otro lado, también se juzga al ex ministro de Economía, a Vélez, a Reposo y los empresarios Guidi por la compra irregular de 19 vehículos. Según la fiscalía, los imputados dispusieron mecanismos para ejecutar una contratación directa en beneficio de la firma Guido Guidi SA, sorteando los procedimientos correspondientes y simulando un proceso de subasta. Además, el MPF consideró que el hecho contó con la participación necesaria de Reposo -por entonces síndico general de la Nación-, que habría instrumentado una nota apócrifa que contenía valores de precios testigos, y de Fernando y Guido Guidi, quienes simularon realizar una subasta privada. El fiscal pidió que por ambos casos se le aplique a Boudou una pena total de cinco años de prisión.