El titular de la Fiscalía General N° 2, Abel Córdoba, solicitó ayer que se condene al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, a su ex pareja Agustina Seguín, al gestor Andrés Soto y a la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, a la pena de tres años de prisión por falsedad ideológica de documentos públicos. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además la absolución del imputado Rodolfo Basimiani. El alegato de la Fiscalía fue en el marco de la causa por falsificación de documentos en la transferencia de un vehículo.
El juicio que comenzó en marzo del corriente año y que está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 8, integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez, también juzga la compra irregular de 19 vehículos, en el marco de la gestión de Boudou como ministro de Economía, en el año 2010.
Ante el Tribunal, el fiscal general Córdoba tuvo por acreditado que toda la documentación presentada para realizar la maniobra y lograr el cambio de radicación, transferencia y reempadronamiento del rodado finalmente registrado, resultó apócrifa. En este sentido, explicó que Boudou inscribió en un 100% y a su exclusivo nombre el automotor en cuestión, logrando además el reempadronamiento en sus chapas patentes. Asimismo, que su ex pareja Agustina Seguín se contactó con un gestor “de oficio”, Andrés Alberto Soto, quien a través del formulario 08 totalmente apócrifo tanto en sus firmas como en su certificación notarial, el formulario 04 con un domicilio inexistente y el formulario 012 completamente falso en su contenido -dando cuenta de un número de motor de origen, siendo que había sido sustituido ingresó el trámite, direccionando y eligiendo a través de dicho domicilio el registro de la propiedad automotor n°2 de la Capital Federal.
Según la acusación, la titular del registro elegido no sólo recibió a través de sus empleados toda la documentación sino que además, con sólo fotocopias del DNI perteneciente a Boudou -en donde quedó demostrado que se agregó un asiento con el domicilio inexistente, alegando falsificación de sus firmas-, inscribió la transferencia con cambio de radicación a favor del ex ministro. Finalmente, la Fiscalía consideró probado que no contaba con documentación alguna para acreditar la adquisición legal del vehículo en cuestión, ni tampoco para inscribirlo a su nombre.
Además del pedido de penas, el MPF requirió el decomiso del automotor y que se declare la falsedad del título y cédula que habilita a conducirlo.
Además del pedido de penas, el Ministerio Público Fiscal requirió el decomiso del automotor y que se declare la falsedad del título y cédula que habilita a conducirlo.
El 11 de junio tendrá lugar el alegato del MPF en relación a las presuntas irregularidades en la adquisición de 19 vehículos durante la gestión de Boudou en el Ministerio de Economía.