Con motivo de un pedido formulado por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, se adoptaron medidas de aseguramiento ante un eventual decomiso sobre bienes que serían producto y/o provecho de lavado de activos originados en actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

En concreto, los representantes del MPF consideraron que los imputados -un varón y una mujer- conformaron una concesionaria de autos en la ciudad de Río Grande, a través de la que adquirieron varios automóviles, con fondos obtenidos a partir de actividades vinculadas al abastecimiento de estupefacientes. Rapoport y Chena sostuvieron que la empresa habría servido de fachada para ocultar las maniobras ilícitas y darles apariencia de licitud. Además, agregaron, con el dinero obtenido ilegalmente también habrían realizado importantes inversiones inmobiliarias tanto en Argentina como en Chile.

De esta manera, a partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, se pudieron inmovilizar seis automóviles cuyo valor asciende casi a un millón de pesos, además de profundizar la investigación en torno a los negocios inmobiliarios encarados por los imputados, con dinero del narcotráfico.

En su pedido, Rapoport y Chena precisaron que los automóviles “fueron adquiridos con fondos provenientes de origen ilícito. Es decir, las compras y ventas que en el breve lapso de menos de tres años (que involucran a 13 vehículos) dan cuenta de que los imputados realizaron maniobras tendientes a deshacerse materialmente del dinero generado por su actividad delictiva, introduciéndolo en los sistemas financieros legales”.

“Todo esto da la pauta de que los imputados se desprenden rápidamente de los bienes que adquieren y que son objeto material del delito, conformando una cadena de conductas que llevan a que la masa patrimonial se vaya distanciando de su origen delictivo”, añadieron. A continuación, indicaron que “otro indicio que permite demostrar su intención de dar una apariencia legítima a la existencia de estos bienes, es la información obtenida de la AFIP y destacada en el informe de la UIF, que da cuenta de que [la mujer imputada] de percibir la ‘Asignación Universal por Hijo’, pasó a presentar declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias Personas Físicas (para los años 2011 a 2014) y de Bienes Personales (para los años 2011 a 2013), así como también de IVA (entre abril 2012 y septiembre de 2013), todas ellas en valor cero. Esto se une al incremento del patrimonio neto detectado por la UIF […], por cuanto la mujer pasó de contar con $0 a $393.100, en el período comprendido entre el 31/11/2011 y el 31/12/2012, aunque nunca precisó el origen de esos ingresos”.

En efecto -concluyeron-, no caben dudas de que los acusados “han transformado bienes de origen ilícito provenientes de actividades relacionadas a la ley 23737, en bienes que fueron incorporados en el mercado financiero formal y, por tal motivo, corresponde que sean cautelados de manera de asegurar su eventual decomiso”.

Estas medidas de aseguramiento amplían los embargos ordenados oportunamente a requerimiento del fiscal federal y la funcionaria a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes respecto de los bienes que habían servido de instrumento del delito (un automóvil y un inmueble).