El Tribunal Oral Criminal Federal de Córdoba N° 2 condenó hoy a dos personas por defraudación a la administración pública. En una audiencia remota, se le impusieron penas de dos años y medio de prisión y de dos años a Carlos Ledesma y María Delia Carrizo, respectivamente, quienes se desempeñaban en el área administrativa de la Universidad Nacional de Córdoba. En el juicio intervino la Fiscalía General N° 2,  a cargo de Carlos Gonella. 

Según quedó acreditado, los ahora condenados liquidaban erróneamente sueldos del personal docente para que luego les reintegrasen la suma en efectivo a ellos, en perjuicio de la casa de estudios. 

Ledesma y Carrizo fueron imputados por hechos ocurridos entre 1996 y 2008, cuando ambos estuvieron sucesivamente a cargo de la Dirección del Área Personal y Sueldos de  Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, y otros dos de cuando Ledesma se desempeñó como Prosecretario Administrativo de Despacho de la misma institución académica. En todos los casos, la modalidad fue la misma: los imputados liquidaban erróneamente los haberes de distintos docentes de la casa de estudios, para poder reclamarle luego el reintegro en efectivo de esa suma sin reponerla luego a la institución académica. 

En su requerimiento de elevación a juicio, Enrique Senestrari, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, englobó los hechos como defraudación a la administración pública, y destacó que lo que los caracterizaba era “el medio fraudulento utilizado para provocar error en el sujeto pasivo, desencadenando ello un desplazamiento o erogación patrimonial perjudicial para dicho sujeto o un tercero”.

En su alegato -realizado antes de la cuarentena- Gonella concluyó que los extremos fácticos de la acusación estaban probados en nueve de los diez casos, y que el sumario administrativo que la UNC realizó a los dos imputados reunía la prueba que también en forma paralela había sido recolectada en la investigación judicial.

Por estos motivos, Gonella solicitó para Carlos Ledesma una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de veinte mil pesos y la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena por tratarse de un funcionario público por ser penalmente responsable de los delitos de defraudación a la administración pública en siete hechos. Para Carrizo, en cambio, el fiscal requirió dos años de prisión en forma condicional por dos hechos por delitos la administración pública, sin solicitar pena de multa atento la situación económica que padece la imputada. Finalmente, el tribunal impuso dos años y medio y dos años, respectivamente, la inhabilitación por el doble de tiempo y la multa en el caso de Ledesma.

Audiencia y protocolo

La audiencia de hoy se celebró en la plataforma Zoom. Cabe recordar que por iniciativa del MPF, en la jurisdicción se arribó a un protocolo para la realización de este tipo de actos, de cuya elaboración participaron también magistrados, defensores oficiales, la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba (FeCACor), el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial. En esa línea, el defensor de los acusados agradeció al juez José Fabián Asís y elogió la iniciativa de dar término al proceso oral de manera virtual.