El fiscal general Diego Velasco solicitó hoy penas de tres años y medio de prisión para Sergio y Gustavo Meller, al encontrarlos partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del juicio por la autorización del pago ilegítimo de una deuda que  los empresarios le reclamaban al Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) por la publicación anual de guías telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires. El representante del Ministerio Público Fiscal también reclamó condenas de ejecución condicional para tres ex integrantes de ese organismo público y del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Al debate había  llegado, entre los imputados, la ex interventora María Julia Alsogaray, pero días atrás el proceso se suspendió respecto a ella por cuestiones médicas.

Velasco consideró acreditado que a través del expediente administrativo 8.946, primero, se autorizó el pago de alrededor de tres millones de dólares con el endoso de un cheque, y del 10.711, después, por otros 28 millones a pagar en bonos de consolidación. En ese sentido, resaltó que a través de sus intervenciones los ex funcionarios “crearon argumentos que beneficiaban a Meller S.A., a pesar de los dictámenes de los órganos de control” como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación, que presentaban “reparos categóricos”.

En esa línea, explicó que en primer lugar no estaba claro si la compañía había cobrado o no, de manera que debía probarse en un juicio y no en sede administrativa, para así obrar con el “deber de cuidado de los intereses de la sociedad”.

En cuanto al primer expediente, advirtió que como la deuda no podría pagarse con bonos de consolidación, como indicaba la normativa, los entonces funcionarios “tuvieron que buscarle la vuelta para pagar en efectivo, endosando un cheque de un privado” para que no se enteren los órganos de control. “Llevamos muchos años acá. Yo nunca lo vi”, enfatizó.

Respecto del segundo -el 10.711-, reseñó que se autorizó el pago en bonos de consolidación a través de la resolución 146/96, lo que debía  contar con el aval de la comisión fiscalizadora y la autoridad de aplicación, es decir el Ministerio de Economía. La imputada Yolanda Eggink había dicho desde ese ministerio que no correspondía el pago, pero para el fiscal “hay un cambio de posición” cuando pasó a integrar el Tribunal Arbitral de Obras Públicas y en el laudo adhirió al voto de un colega. Velasco señaló que intervino dolosamente cuando era imposible que lo hiciera, porque ya “se había expedido sobre el fondo de la cuestión”. Para 2002, cuando el pago ya estaba impugnado en sede penal por la Oficina Anticorrupción, “los funcionarios siguieron para adelante” sin suspender el trámite.

Por otra parte, el fiscal general hizo hincapié en que obran como prueba en la causa penal 130 llamados entre Meller S.A. y el teléfono particular de María Julia Alsogaray, lo que demuestra que “había un acuerdo entre la liquidadora y la parte reclamante por fuera de los intereses del Estado”.

En el último tramo del alegato, además de los Meller, el fiscal pidió penas para los ex gerentes de Asuntos Legales de ENTel Gustavo Daneri -un año y seis meses de prisión- y Gustavo Cresta -dos años y tres meses-, Eggink -dos años y seis meses- y el director de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía -donde se supervisaban las cuestiones atinentes a los entes liquidados- A. Troha -un año y seis meses-. Para todos los ex funcionarios requirió, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.