Ayer por la tarde, el juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, condenó al ex funcionario Raúl Héctor Passarín a la pena de un año de prisión en suspenso por encontrarlo “autor del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicialmente impuesta”. Además, durante el plazo de condicionalidad de la pena, le impuso que cumpla con las siguientes reglas de conducta: “a) fijar residencia y someterse al cuidado del patronato (artículo 27 bis, inciso 1 del Código Penal), y b) realizar trabajos no remunerados en favor de alguna institución de bien público, a cuyo fin deberá presentar un ofrecimiento concreto en este juzgado en el plazo de diez días hábiles (artículo 27 bis, inciso 8º del Código Penal)”. Fue el primer juicio correccional oral y público celebrado en la localidad.

Passarin llegó a este proceso luego de que el 22 de octubre de 2004 fuera condenado por el Tribunal Oral Federal de General Roca a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por haber sido encontrado autor penalmente responsable del delito de sustracción de caudales públicos -dos hechos en concurso real-. Esta sentencia quedó firme el 18 de diciembre de 2007.

Sin embargo, desde el 31 de enero de 2008 y hasta el 21 de octubre de 2009, el imputado quebró la inhabilitación al ejercer como secretario legislativo del Consejo Deliberante de Gualjaina, una localidad de Chubut. Por este hecho, denunciado el 6 de julio de 2009, el juez ordenó el juicio.

Durante el alegato, la fiscal federal Silvina Ávila había solicitado una pena de un año y medio de prisión de efectivo cumplimiento más la inhabilitación absoluta perpetua. Entre otras cosas, había tenido en cuenta que la primera pena de inhabilitación había respondido a un delito cometido como funcionario público y que, “sin tener el menor respeto por la entidad de una sentencia penal, desoyó la sentencia condenatoria dictada por un Tribunal Oral Federal y volvió a ejercer un cargo público a un mes y medio de que la inhabilitación quedara firme, esta vez no en la ciudad en la que había sido condenado, sino en una vecina”.

Desde la Fiscalía señalaron que “la experiencia de juicio oral en la localidad fue altamente satisfactoria”. Asimismo, con relación a la sentencia, indicaron que una vez que se cuenten con los fundamentos, que serán leídos el martes próximo, evaluarán la posibilidad de recurrirla.