La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, en un fallo dividido, decidió esta semana sobreseer al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del ejército en la causa que investiga las explosiones que destruyeron, el 3 de noviembre de 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero.

En el voto del juez Ignacio Vélez Funes (al que adhirió su colega Vicente Muscará) se critica el fallo del juez y se afirma que, en el caso de Menem, "no se ha aportado prueba alguna que permita vincularlo a la explosión de la Fábrica Militar de la Río Tercero, circunscribiéndose la prueba de cargo a las declaraciones efectuadas en su condición de Presidente de la Nación el día del suceso, su rol funcional en tal condición, y por estos días su condena por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador".

"No obran otras pruebas directas o indirectas que converjan en el mismo sentido de la inferencia propuesta en el auto de procesamiento recurrido", agregan los jueces en el voto mayoritario. En cuanto al ex jefe del ejército, afirman que "no ha resultado factible a la instrucción obtener otras constancias relativas a la participación de Martín Antonio Balza en el hecho, siendo que la prueba colectada no ofrece ningún dato relevante en torno a su responsabilidad para inculparlo".

En comunicación con Fiscales, los representantes del Ministerio Público Carlos Gonella y Carlos Trotta, que junto con el fiscal Guillermo Lega, habían solicitado en febrero pasado el procesamiento del ex presidente, se mostraron disconformes y adelantaron que apelarán el fallo.

"El procesamiento se sustentaba y se equivoca porque descontextualizan", afirma Trotta y explica que el "relajo en los controles" en los días previos a la voladura implica "una operatoria donde la responsabilidad no puede terminar en los niveles jerárquicos de la fábrica nada más".

Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, indica que el argumento de los jueces en cuanto a la prueba directa o indirecta de la responsabilidad de Menem "es más propio de discutir en un juicio oral que en un procesamiento".

Ambos coinciden en que el móvil fue ocultar un faltante de armas que se había revendido y sostienen que está acreditado que se cometió corrupción.

Además Gonella comentó que el Área de Delitos Tributarios y Contrabando se ha comunicado con el fiscal general ante la Cámara Federal de Córdoba Alberto Lozada para prestar apoyo técnico en la elaboración del recurso de Casación