El fiscal federal Ramiro González impulsó la acción penal en una causa en la que se investigará si el ex secretario general del Sindicato de Obrero Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Omar Suárez, incurrió en el delito de lavado de activos ilícitos que fueron invertidos en el negocio naviero. El expediente se originó tras una presentación de la interventora judicial del gremio, Gladys González.

El juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral le corrió vista de lo denunciado al titular de la Fiscalía Federal N°7, quien formuló el requerimiento de instrucción. Allí imputó a Suárez, “sin perjuicio que durante el avance de la investigación se identifiquen a otros autores del ilícito”.

González señaló que la presentación de la interventora daba cuenta de la “presunta comisión de conductas en infracción al art. 303 del CP [Código Penal]”, en tanto allí se hacía referencia “a que el producido de ciertas actividades ilícitas habría sido invertido en el negocio naviero, a través de distintas sociedades integradas por personas vinculadas a Enrique Omar Suárez, tales como la ‘Fundación Azul para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre’, ‘Marítima Maruba SA’, ‘Mercantes SA’, ‘Pescamarine SA’ y ‘San Jorge Marítima SA’, entre otras”.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “la Interventora del SOMU halló una falta de transparencia en el origen de los fondos invertidos en tales sociedades, resaltando que el objetivo de las personas que la constituyen habría sido obtener el control accionario de la empresa ‘Marítima Maruba SA’ toda vez que posee el monopolio del transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina, presumiendo que tales inversiones habrían sido realizadas mediante ardides, pudiendo configurar ello la comisión del delito de lavado de activos”.

La denuncia sostiene que esas organizaciones fueron integradas por allegados o parientes de Suárez y el  entonces tesorero del SOMU, por ejemplo, sin que registrasen “una actividad económica legal (…) que les permita hacerse de los fondos necesarios para incursionar en el negocio naviero”.

Medidas de prueba

Finalmente, el fiscal federal sugirió la realización de una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan pedidos de informes a la Inspección General de Justicia, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF).