Ayer, ante los jueces del Tribunal Oral Criminal N°5, el fiscal Fabián Céliz solicitó la pena de 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte para Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa. Ambos están acusados de administrar el taller clandestino ubicado en el barrio porteño de Caballito que se incendió en marzo de 2006 provocándole la muerte a seis personas.

Además, el representante del MPF solicitó el decomiso de las máquinas y otros materiales del predio que fueron utilizados para cometer el delito, así como la apertura de una investigación sobre la responsabilidad en los hechos de los dueños del lugar, Jaime Geiler y Daniel Alberto Fishberg.

En sus alegatos, Céliz sostuvo que los acusados “transformaron el taller en un verdadero depósito de personas” ya que las víctimas vivían en “inhumanas condiciones de seguridad, higiene y dignidad”.

Para el fiscal, quedó acreditado que los más de 60 trabajadores que eran explotados en el taller ubicado en la calle Luis Viale, “estaban ilegales, en negro, sin obra social ni aportes jubilatorios”. Asimismo,  resaltó que “debían bañarse con agua fría en el único baño que estaba habilitado, comían arriba de las máquinas o arriba de las camas, donde había polvillo, no tenían otro lugar donde reunirse, estaban en un lugar con todo cerrado, con ínfima luz y con rejas en las ventanas”. En esa línea, añadió que, tal como declaró uno de los imputados, “esas rejas les impidieron poder escapar”.

En ese sentido, el fiscal se refirió al origen del incendio y remarcó que se produjo por una “contingencia eléctrica por el debilitamiento de aislantes de los conductores eléctricos por calentamiento”.

“En la mayoría de los casos se acordó un monto mensual y buenas condiciones de vida que nunca se concretaron. Los imputados se aprovecharon de sus necesidades y autorizaron el ingreso de electrodomésticos, lo que también favoreció el incendio que fue una consecuencia del hacinamiento y de la precariedad del cableado. Tarde o temprano iba a suceder”, resaltó Céliz.

Y continuó: “Se trata de gente extranjera cuyas condiciones socioeconómicas no eran favorables, con una formación débil y limitada. Algunos ni siquiera hablaban castellano y esto no es menor. Como consecuencia, tenían pocas posibilidades laborales y tenían miedo de denunciar a alguien local, de volver a su país natal y a declarar en esta causa a pesar de que algunos han perdido a sus hijos en el incendio y tienen miedo porque esta forma de aprovechamiento de los más vulnerables sigue existiendo”.

Por otro lado, aseguró que el taller “no estaba habilitado como vivienda, tampoco como taller sino como servicio de almacenamiento”.

“Lo que creo que es que lo que movió a los imputados fue su ambición económica”, concluyó el fiscal.

Más temprano alegó el abogado de la querella, Gabriel Chamorro, que solicitó penas de 20 años para los acusados. Por último, fue el turno del abogado de Correa, Marcelo Biondi, quien planteó varias nulidades y hoy será el turno de la defensa del otro imputado, Sillerico.

El juicio oral comenzó el 18 de abril y a lo largo del debate declararon más de 15 testigos. Según la investigación, en el lugar trabajaban y vivían más de 60 personas con sus respectivas familias en condiciones de hacinamiento, que realizaban jornadas que iban desde las 7:00 hasta altas horas de la madrugada. El expediente afirma que las víctimas contaban con un solo baño y con una sola ducha sin agua caliente, que las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y que las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, no tenían heladera, las conexiones eléctricas eran muy precarias y convivían con material inflamable.