Con la presencia de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, y el juez Pablo Ormaechea, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, se realizó hoy una inspección ocular en las ruinas del depósito N°7 de la firma Iron Mountain, que se incendió el 5 de febrero de 2014, y en el que fallecieron diez personas al derrumbarse una pared.

También, participaron en el predio de la calle Azara 1245 los representantes de las querellas, los abogados de la empresa Iron Mountain y los peritos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Pedro Francisco Da Rosa, Carlos Alberto Barbaresi, Víctor Maslaton, Aníbal Guillermo Tolosa, Fernando Enrique Mayo, Carlos Alberto Talarico, Alberto Rubén López y Mónica Beatriz Trouboul, quienes explicaron los resultados del peritaje que realizaron en el lugar.

Conclusiones del peritaje

El informe de la UTN era el único que estaba pendiente, pues en febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que se trató de un incendio intencional.

En sus conclusiones, los especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional que el sistema antincendios estaba colapsado, pues “la práctica de almacenaje en el último nivel de estanterías invadiendo el área libre que debe mantenerse entre los rociadores y el almacenaje, perjudicó la capacidad de respuesta temprana de los rociadores, favoreciendo la propagación del incendio”.

Respecto al inicio del fuego, los peritos sostuvieron que los ocupantes del edificio “demoraron 17 minutos en acercarse al depósito 7, donde el sistema de alarmas señalaba la emergencia, y comprobar la situación crítica…” y que “…las primera tareas de extinción fueron iniciadas por los operarios, con extinguidores manuales…”. Asimismo, respecto al foco de incendio concluyeron que “se ubicó en la zona posterior a las estanterías del pasillo 1 norte del depósito 7, entre las estanterías 33 y 37 (…) entre el último estante del nivel 2 y el primero del nivel 3”.

En relación al derrumbe de la pared sobre la calle Jovellanos, que le ocasionó la muerte a diez rescatistas, el informe establece que “las columnas siniestradas debían estar protegidas contra la acción del fuego y no lo estaban”, como así tampoco las cabriadas que sostenían el techo, que se dilataron al extremo de derrumbarse sobre las columnas y hacer caer los muros hacia afuera del predio.

El hecho

El 5 de febrero de 2014, alrededor de las 8:00, se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito de la calle Azara 1245. Los empleados de seguridad, Oscar Godoy, y de limpieza, Noemí Moya, que estaban en el lugar, concurrieron a verificar sí había fuego, corroborando la existencia de llamas en el segundo sector. Ante eso Godoy y el supervisor de la planta, Javier Márquez Flores, intentaron combatir el incendio, pero al ver que ello no era posible Godoy llamó al servicio de emergencias 911 que movilizó a distintas dotaciones de bomberos y a la Prefectura Naval Argentina.

Comenzadas las tareas para extinguir el incendio, un grupo de bomberos ingresa al predio por la entrada del a calle Azara, mientras que otro grupo intenta ingresar por la puerta de la calle Jovellanos, cuando una pared se desmorona encima y les provoca la muerte.

A causa del derrumbe, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli. Además, perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico); Sebastián Campos (del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha), y el rescatista Pedro Báricola de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz y Facundo Ambrosi, quien murió el 17 de febrero.

La investigación

Al día siguiente del incendio, y mientras aún intentaban extinguir el fuego, la entonces fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción, Marcela Sánchez, recibió los testimonios de los empleados que se encontraban en el lugar cuando se desató el fuego: Godoy, Moya, Márquez Flores y los operarios Pablo Céledon y Mario Guanco.

A su vez, el 7 de febrero, declararon los bomberos voluntarios Martín Coppola y Martín Scorza, del Cuartel de La Boca, y Marcos Daniel Herrera del Cuartel de Vuelta de Rocha. Asimismo, la fiscalía pidió a la División de Apoyo Tecnológico de la PFA y a la Policía Científica de la Gendarmería Nacional, el análisis de las filmaciones obtenidas de distintas cámaras de seguridad de la zona, cuyo análisis comenzó el 10 de febrero y se extendió casi un mes.

En los días sucesivos continúan recabando testimonios, y comienzan a analizar la central de alarmas del depósito, como así también las transcripciones del registro de trunking (intercomunicaciones) entre el Servicio de emergencias 911, Bomberos y PFA. También se presentan las primeras querellas que representan a los familiares de las víctimas, las cuales desistirán de la acción penal, con el correr de la investigación, tras alcanzar un acuerdo civil con la empresa Iron Mountain.

El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desmantelar los escombros del depósito. Las labores se extendieron por varios meses, dado que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material colectado.

En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes, restando contar con el estudio de los facultativos de la UTN, que finalmente fue entregado antes de la feria judicial, y en base al cual se realizó la inspección ocular de hoy.