La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Dáfne Palópoli, consideró al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública junto a la ex presidenta de la empresa estatal Belgrano Cargas, Graciela Coria, el ex vicepresidente de la firma, Luis Stafforini, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, quienes llegaron a juicio ante el Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusados y acusada de irregularidades en la gestión de licitaciones para obras ferroviarias.

Para Coria, Stafforini y Romero, la fiscal requirió la imposición de una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. La representante del MPF consideró como agravantes la educación formal y el manejo en las instituciones de los acusados y la acusada, en tanto fueron considerados atenuantes la duración del proceso y la edad de los imputados. Por otro lado, Palópoli requirió la absolución del ex presidente de la Sociedad Operadora de Emergencia (SOESA), Luigi Capelli.

La intervención de la fiscal se da en el marco de la implementación de un equipo impulsado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, para afrontar este tramo del juicio por un hecho de corrupción.

En tanto, el lunes próximo la titular de la Fiscalía General N°3 ante los tribunales orales federales porteños, Gabriela Baigún, continuará la exposición del MPF centrada en la responsabilidad del ex secretario de Transporte, quien llegó al proceso acusado además de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

La acusación se centra sobre una serie de irregularidades relativas al el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte a cargo del Jaime, en beneficio de la empresa Belgrano Cargas en el periodo 2003 y 2006. Tiene como objeto un plan de obras de infraestructura presentado por la empresa y una licitación pública nacional destinada a la rehabilitación de la vía ferroviaria del sector Tucumán-Concepción concesionada a esa firma. En este marco, a Jaime se le endilga haber aprobado e impulsado un adelanto de fondos injustificado y una licitación pública que excedió en un 50 por ciento el valor de la presentada. La fiscal había solicitado una ampliación del marco acusatorio formulado en la instrucción a partir de nuevas pruebas que surgieron durante el debate relativos a la no concreción de las obras, ya que se encontraban emplazados asentamientos sobre el mencionado tramo territorial.

"¿Pudieron funcionarios cometer errores de principiantes? No pudo ser así. Intervenía una cadena de funcionarios con gran experiencia profesional. Por tanto no hubo errores excusables por causa de inexperiencia, negligencia o impericia", señaló la fiscal Palópoli.

Según señaló la fiscal Palópoli, “la erogación realizada por el Estado Nacional fue pasible de un desvío que constituyó una defraudación que implicó un perjuicio fiscal que alcanzó los $10.417.938,60 de pesos”.  Explicó que Jaime en su condición de secretario de Transporte, autorizó “el desvío de fondos públicos, por parte de las autoridades y/o a través de las autoridades del Belgrano Cargas para la financiación de la obra ferroviaria CC12, que era de imposible cumplimiento”. Señaló que “según las pruebas colectadas y previamente analizadas en este alegato, Jaime actuó con una rapidez y ligereza inusitada en la aprobación del plan de obras que implicó la disposición de un anticipo de $ 2.463.524 de fondos no justificados”.

En este mismo sentido, la fiscal sostuvo que “Jaime no ejerció ningún control sobre el destino de esos fondos. Ni garantizó que se aplicaran debidamente con las garantías propias en el caso de incumplimiento. Al cambiar el sistema de licitación por contratación tres meses después se aumentaron los costos en un cincuenta por ciento en los papeles”.

Al valorar la prueba, la fiscal Palópoli se preguntó: “¿Existió por parte de la Concesionaria y del Estado Nacional un verdadero interés público para ejecutar la obra? La respuesta es no. ¿Se cumplió con satisfacer el interés público perseguido por un plan de obra presentado por la concesionaria? La respuesta es no. Todo contrato administrativo debe tener como finalidad la satisfacción de un interés público”.

La fiscal consideró que en estas obras se vio afectado un interés publicó ya que se trata de “obras ejecutadas por el Estado a partir de esa persona jurídica descentralizada de la administración. Por ello, toda contratación que se concreta en su ámbito no puede estar disociada de la aplicación de los principios y normas propios del derecho público”. Según fundamentó el MPF, “la obra debe resultar entera, completa y adecuada a su fin, según las estipulaciones establecidas en los pliegos, planos y demás documentos que integran el diseño constructivo”.

“¿Pudieron funcionarios cometer errores de principiantes? No pudo ser así. Intervenía una cadena de funcionarios con gran experiencia profesional. Por tanto no hubo errores excusables por causa de inexperiencia, negligencia o impericia. El resultado al que se llevó en la ejecución de las tareas es producto de una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración mediante un contrato de obra pública aparentemente regular encuadrado en un proyecto de ingeniaría ferroviaria que podía considerarse técnicamente razonable si se tomaban medidas para que existieran la liberación de los terrenos ferroviarios”, desarrolló Palópoli.

Tras la finalización del alegato de la representante del MPF, el tribunal integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino, y Ricardo Basílico, dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del lunes 25 de octubre.