06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola
La fiscalía comenzó su alegato en el juicio por las irregularidades en la obra pública de Santa Cruz
Durante la primera jornada, de las nueve previstas, los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron su acusación con fuertes críticas al alegato de los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF). El debate continuará hoy desde las 8.30.

El titular y el fiscal coadyuvante de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani y Sergio Mola, comenzaron ayer su alegato, ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz.

El debate se reinició ayer, alrededor de las 8.30, luego de la audiencia del 11 de julio pasado, en la cual los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron la absolución de la vicepresidente Cristina Fernández; del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del empresario de la construcción, Lázaro Báez. También pidieron que los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, fueran condenados a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La imputación

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado oportunamente por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se le imputó a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, De Vido; López; Pierotti; y Carlos Kirchner fueron acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que a Báez se lo consideró coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

El fiscal Luciani cuestionó el alegato de los representantes de la UIF y catalogó su accionar como “temerario, poco serio e irresponsable”, por cuanto “tergiversaron de manera grosera el real sentido y el valor de esa prueba” recabada durante la investigación y producida en el debate.

A Fatala, Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez se les imputó la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación de los representantes del MPF, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos.

Primera jornada de alegatos

En la audiencia de ayer -la primera de las nueve previstas para el alegato del Ministerio Público- el fiscal Luciani cuestionó el alegato de los representantes de la UIF y catalogó su accionar como “temerario, poco serio e irresponsable”, por cuanto “tergiversaron de manera grosera el real sentido y el valor de esa prueba” recabada durante la investigación y producida en el debate.

“Este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad, la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide, como jefes, justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado, y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo”, señaló el fiscal.

Agregó que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Elisabet Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”. Destacó que era “extraordinaria” por las “características inusuales de la asociación: capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura; perpetuación en el tiempo, y durante ese largo tiempo, la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios de organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. La finalidad de esta asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio: se adjudicaron, mediante el direccionamiento, obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz; y, de la noche a la mañana, se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y de su esposa. Así, enmascarando sus fines, bajo un propósito noble, esto es la pretendida inversión en el marco de una política de desarrollo vial para el Estado Nacional y, en particular, para el Estado de la provincia de Santa Cruz, se produjo lo contrario: una desinversión que hoy en día sigue ocasionando serios perjuicios, debido a que una inmensa cantidad de obras que se asignaron a Lázaro Báez se abandonaron, quedaron inconclusas y, muchas de ellas, sin poder utilizarse. Las que finalizaron, recibieron concesiones escandalosas e ilegales, extensiones de plazos sin justificaciones para encubrir incumplimientos, modificaciones de obras que no tenían relación con las obras, o se omitió convocar a una nueva licitación”.

"Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide, como jefes, justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado, y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo", señaló el fiscal

Luciani consideró que “en paralelo a las funciones de la Administración, se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública en Santa Cruz, en el que se resquebrajaron, se violentaron todos los principios esenciales que regulan la contratación pública”. Agregó que la vicepresidenta y los exfuncionarios imputados “generaron un perjuicio económico inconmensurable” e institucionalizaron la corrupción, que “parasitó todos los controles”.

Luego, la fiscalía se refirió al rol de Lázaro Baéz y de las empresas adjudicatarias de las 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. Explicó cómo el exempleado bancario se erigió como empresario de la construcción vial y cómo se digitaron las adjudicaciones a través de la simulación de oferentes que eran descalificadas para que los contratos quedaran en manos del Grupo Báez. “Fueron 51 obras adjudicadas arbitrariamente a una sola persona, casualmente amigo de quien era el presidente. Austral Construcciones fue una cáscara vacía que les permitió extraer fondos del Estado”, destacó el fiscal.

El representante del Ministerio Público se refirió también a cómo se seleccionó “funcionarios de confianza” que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar el éxito de las maniobras.

El plan “limpiar todo”

Según el fiscal, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones en 2015, se puso en marcha un plan para “limpiar todo”. Este plan fue “pergeñado por José López, Báez, Nelson Pierotti y Cristina Fernández”.

La fiscalía respaldó la hipótesis en los mensajes que surgieron del teléfono celular secuestrado a José López, cuando se lo detuvo, en el año 2016, cuando intentaba esconderse en un convento de General Rodríguez, con bolsos que contenían dinero. En tal sentido, el representante del MPF destacó el intercambio de mensajes entre López, Báez y Julio Mendoza, de los que surgieron los pasos del plan a seguir, respecto de los empleados de las obras viales: “Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran”. También se leyeron otros mensajes entre Báez, López, Periotti, Fatala, Amilcar Fredes -mano derecha de López-, la entonces gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el exministro de Economía, Axel Kicillof.

De la prueba exhibida en la audiencia se estableció que las empresas del Grupo Báez fueron las únicas que, al 10 de diciembre de 2015, no se les debía dinero, a pesar de haber paralizado las obras viales que debían ejecutar.

El fiscal Luciani destacó que 24 de las 51 obras adjudicadas a Báez quedaron inconclusas, y recordó el testimonio de un funcionario designado en Vialidad provincial donde manifestó que “las obras fueron abandonadas por la contratista y que por ese motivo se tuvieron que rescindir los contratos”. Tras exhibir fotografías del estado de abandono de las obras, el representante del MPF resaltó que ello demostró “que nunca les interesó la obra pública, sino el dinero que el Estado les garantizaba de manera ilegal. El resultado de esto es un enorme perjuicio a las arcas públicas”. Y agregó que a sabiendas del perjuicio millonario que generarían “Lázaro Báez y los funcionarios abandonaron deliberadamente las obras y buscaron generar caos y generaron un enorme perjuicio en Santa Cruz con los trabajadores despedidos”.

En su exposición, Luciani también puntualizó que “todas las obras, la ampliación de plazos, las modificaciones de las obras, se hicieron con un marcado fraude en perjuicio de la administración pública y violación a la normativa que regía la obra pública”, y concluyó que con el cambio de gestión “se iba a terminar este comportamiento de apartarse de la ley y el plan fracasó y todo salió a la luz, porque los imputados dejaron las huellas en todos lados”.

De la prueba exhibida en la audiencia se estableció que las empresas del Grupo Báez fueron las únicas que, al 10 de diciembre de 2015, no se les debía dinero, a pesar de haber paralizado las obras viales que debían ejecutar.

Lázaro Báez

Tras un cuarto intermedio, el alegato continuó con la exposición del fiscal Sergio Mola, quien profundizó respecta cómo Báez armó Austral Construcciones y cómo “eliminó” a la potencial competencia en el negocio de la obra pública. También focalizó en cómo el ex empleado bancario se apoderó “de constructoras ya instaladas en el mercado, con capacidad de contratación, maquinaria y estructura; Austral era nueva y no contaba con nada de esto”, y en su relación con el financista Ernesto Clarnes y el funcionario de la DNV, Sandro Férgola.

En otro tramo del alegato, Mola se refirió a la relación entre Báez y el matrimonio Kirchner. En tal sentido, destacó que “se celebraron contratos de locación, de gerenciamiento hotelero, fideicomisos, múltiples operaciones de compra-venta inmobiliaria, permutas y cesiones, todo mientras Austral Construcciones recibía fondos direccionados de manera ilegal y a su vez se convertía en el principal adquiriente de propiedades de los Kirchner, en inquilino”. Agregó que Báez “fue un contratista privilegiado del Estado y un contratista privilegiado de los jefes de Estado” y concluyó que “Cristina Kirchner no puede omitir estos vínculos porque todo lo que ocurrió en Santa Cruz fue con su conocimiento”.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30, cuando la fiscalía continuará con la segunda jornada de su alegato.