El Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para el comisario inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Alberto Penacchietti, y para el subinspector de la misma fuerza, Efraín Ignacio Martínez, en el marco del juicio que se desarrolla en Mar del Plata para dilucidar si fraguaron una causa por drogas en 2006.

El debate comenzó el martes y ayer concluyó la etapa de producción de pruebas, en la que declararon los testigos. Hoy tuvieron lugar los alegatos de la fiscalía y la defensa, y se prevé que los jueces den a conocer su veredicto a las 16.

El fiscal Julio Alberto Darmandrail y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Abel Córdoba, acusaron a Penacchietti y Martínez por la privación ilegítima de la libertad (agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos) de Diego Hernán y Roberto Carlos Ruiz, y falsedad ideológica (por falsificar el acta del procedimiento en que fueron detenidos), todo ello agravado también por haber utilizado droga para consumar el delito. Además, a Martínez se le atribuyó haber brindado falso testimonio en una declaración.

Durante sus exposiciones ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que integran Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, Darmandrail y Córdoba hicieron hincapié en el funcionamiento policial en procedimientos fraguados, como sería el juzgado en esta ocasión. “Por motivos obvios, los policías deben perseguir el delito y no cometerlos”, aseveraron.

La investigación

La causa contra Penacchietti y Martínez -por entonces inspector y teniente primero, respectivamente- se inició el 21 de junio de 2007 como consecuencia de una denuncia anónima enviada por correo al Juzgado Federal de Dolores, en octubre de 2006. Un supuesto integrante de la Delegación Dolores de Tráfico de Drogas Ilícitas denunciaba que el procedimiento en el que fueron detenidos los hermanos Ruiz había sido un “invento” del director y del jefe de operaciones.

En la misiva se detallaba que los imputados le pagaron seiscientos pesos a una persona para que involucre a los hermanos Ruiz en una causa por tráfico de drogas. Y en relación a otra investigación llevada a cabo por los acusados, la carta sostenía que “el día anterior a este procedimiento, hicieron un allanamiento en San Clemente del Tuyú con la Fiscalía común y le pusieron la droga a las personas”.

La denuncia concluía asegurando que “todo esto es sólo para justificarse con la superioridad por falta de procedimientos, pero inventaron y metieron presos a personas que nada tienen que ver”. El fiscal federal subrogante de Dolores, Orlando César Giménez, fue el encargado de intervenir en la instrucción de la causa.

El “modus operandi”

Los Ruiz declararon que un hombre, que se hacía llamar “Rafael”, se comunicó telefónicamente con ellos a su domicilio ubicado en Isidro Casanova, para que realicen un trabajo como techistas en Pinamar. A los cuatro días los pasó a buscar.

Ya en la ciudad balnearia, fueron llevados al café “Green”. Pero inmediatamente “Rafael” salió para hablar por teléfono y cuando volvió a ingresar lo hizo llevando un portafolios. Los hermanos señalaron que la persona se fue nuevamente con la excusa de hacer otro llamado, y que casi inmediatamente ingresaron dos hombres que se presentaron como policías, los revisaron a ellos y requisaron al maletín, después de abrirlo por la fuerza.

En el interior del portafolio había 3 envoltorios, que una vez peritados, se determinó que contenían marihuana por un peso de 573, 675 y 722 gramos, respectivamente. Como consecuencia del operativo denunciado, en un principio los hermanos Ruiz fueron privados ilegítimamente de su libertad entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2006. Sin embargo, recién fueron sobreseídos por falta de pruebas el 20 de junio de 2007.