La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) alegó ayer ante la Sala 4ª de la Cámara Federal de Casación Penal en los autos “Skanska S.A. y otros”. Luego de que en diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera la legitimación de la PIA en la causa, el fiscal Sergio Rodríguez informó “in voce” contra la resolución de mayo de 2008 dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Mediante esa resolución se excluyó como medio de prueba una grabación secuestrada en un allanamiento realizado en la sede de la empresa, así como la copia acompañada por el apoderado de aquella y el testimonio de Claudio Corizzo referido al respecto.

El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas mantuvo los argumentos expuestos oportunamente por su antecesor, Manuel Garrido, y fundamentó el informe en que a su criterio dicha decisión no sólo resulta arbitraria por falta de fundamentación, sino que posee “una inadecuada interpretación de la garantía constitucional que veda la autoincriminación y porque asimismo excluye dicha prueba sin sustento normativo procesal aplicable, conllevando a la renuncia de la búsqueda de la verdad objetiva”. Por todo ello pidió que se “case” la resolución recurrida y se incorpore la prueba al expediente.

Durante su exposición, el titular de la PIA citó cuantiosa jurisprudencia a nivel nacional e internacional. Su alegato fue elogiado y tomado como propio por el Fiscal General ante la Casación, Ricardo Wechsler, quien además presentó “breves notas” y pidió a los tres jueces la inmediata resolución de la cuestión.