El fiscal Sandro Abraldes dictaminó en contra de la solicitud de prescripción que presentaron las defensas en el marco del expediente que investiga a ex funcionarios del Banco Provincia y a directivos de la Sociedad Rural Argentina por las maniobras presuntamente fraudulentas que rodearon lo sucedido luego de la venta del predio. La cuestión la definirá el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Cecilia Maiza y Juan Ramos Padilla.

“En función del interés social prevalente a la hora de conocer la verdad en materia de corrupción de funcionarios públicos -con la actuación co-protagónica de varios ciudadanos integrantes de la sociedad civil-, esta Fiscalía General solicita a los señores jueces rechacen los pedidos formulados por las defensas de los imputados”, sostuvo la fiscalía y solicitó al tribunal que avance “con la premura que amerita el caso” para que las partes ofrezcan la prueba que se utilizará en el debate. 

El dictamen se dio luego de que quince de los imputados en este tramo de la maniobra (que tuvo también su ramificación al fuero federal) pidieron que se declare extinguida la acción penal, ya sea porque consideraron que la causa prescribió o porque sostuvieron que había violado su garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Antes de analizar estrictamente los planteos, el fiscal Abraldes repasó el origen de las causas y cómo se llevaron adelante las maniobras delictivas investigadas a lo largo de los últimos 25 años. Indicó que se trata de un conglomerado de investigaciones que fueron separadas en distintos fueros pero que todas giran en torno a “una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Argentino”.

La investigación

La fiscalía recordó que en el expediente se investigan hechos gravísimos de corrupción en perjuicio de la Administración Pública que “habrían sido cometidos por funcionarios públicos de múltiples estamentos del Estado (Nacional, Provincial y de la Ciudad) y miembros de la Sociedad Rural”. Explicó que el despliegue delictivo se dio entre 1991 y 2004: allí se llevaron a cabo diversas operaciones administrativas y burocráticas que ocasionaron un perjuicio económico millonario en beneficio de un grupo de ciudadanos.

“De analizarse los expedientes por separado, no es posible visualizar la gravedad institucional que reviste la maniobra integral. Únicamente a partir de una mirada global y objetiva, se podrá apreciar la magnitud y complejidad que representa esta investigación, que incluye la actuación ilegal y coordinada de los más de cincuenta imputados que tiene la causa”, sostuvo. 

El fiscal Abraldes sostuvo que la defraudación comenzó con la tasación fraudulenta y posterior venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina en 1991, por un precio vil, lo cual representó un perjuicio patrimonial millonario a las arcas del Estado Nacional, de aproximadamente cien millones de dólares. Esos hechos se investigaron en el fuero federal.

Abraldes sostuvo que la defraudación comenzó con la tasación fraudulenta y posterior venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural en 1991, por un precio vil, lo cual representó un perjuicio patrimonial al Estado de aproximadamente cien millones de dólares.

La investigación también ahondó sobre cómo se modificaron las condiciones que se habían pactado originalmente al momento de concretarse la venta. De acuerdo al dictamen fiscal, la Sociedad Rural habría suprimido  las obligaciones a las que se había comprometido para dar lugar a un “megaproyecto inmobiliario” que sería llevado a cabo con supuestas "inversiones extranjeras".

El predio conocido como “La Rural” está ubicado en una zona donde no está permitido realizar obras como las que se planeaba llevar adelante. Para modificar este emplazamiento era necesario que la legislatura porteña sancionara una ley de rezonificación. “Sin embargo, los integrantes de la Sociedad Rural solicitaron a la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se habilitara el comienzo de las obras sin la necesidad del dictado de la ley. Si bien en un principio, el planteo fue rechazado, con posterioridad, y tras varios cambios de nombres dentro de la cúspide de la Secretaría, la solicitud comenzó a obtener viabilidad”, recordó el fiscal.

Al mismo tiempo, la Sociedad Rural solicitó un préstamo de aproximadamente 150 millones de dólares al Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de dos “sociedades fantasmas” que contaban con un capital social de 12.500 pesos. Ese pedido fue aprobado por el directorio de la entidad bancaria a una tasa “extremadamente baja y a pagar en cómodas cuotas”. El directorio del banco concedió el préstamo “pese a que el mismo sería utilizado para una inversión privada y que, para colmo, no sería desarrollada en la Provincia de Buenos Aires, todo lo cual no está permitido por la ley orgánica de la entidad bancaria”.

Para que la entidad bancaria hiciera las entregas de dinero, se requería la aprobación del proyecto por parte del Gobierno de la Ciudad. A medida que los planos de obra eran visados por los funcionarios públicos de la Ciudad, el Banco Provincia entregaba el dinero. “Puede observarse que las supuestas inversiones extranjeras no eran más que el dinero de los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo la fiscalía y agregó que ese préstamo nunca fue pagado.

Finalmente, en 2004, la Sociedad Rural (representada por su presidente Luciano Miguens) firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad donde se establecía la rezonificación virtual del predio. Ese acuerdo fue interrumpido por miembros de la legislatura que también presentaron un recurso de amparo.

En el marco de ese expediente administrativo, un abogado y representante de los legisladores porteños habría presentado un escrito con la firma de todos los legisladores fraguada, donde comunicaba el desistimiento del amparo. “Un hecho totalmente inesperado y que permite visualizar ante qué nos enfrentamos”, remarcó el fiscal.

La fiscalía planteó que debe considerarse que se encuentran involucrados imputados que han ejercido la función pública, lo cual incide en la suspensión del curso de la prescripción.

Prescripción y tiempo razonable

La fiscalía planteó que debe considerarse que se encuentran involucrados imputados que han ejercido la función pública, lo cual incide en la suspensión del curso de la prescripción. Por ejemplo, Eduardo Ordoñez (que está imputado por su rol en la concesión del préstamo que el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó a dos sociedades fantasmas de la Sociedad Rural) desempeñó funciones en la entidad entre el 1978 y diciembre de 2011, cuando se retiró con el cargo de gerente general.

Precisó, además, que en el marco de la causa federal en la que se investigó la venta del predio ferial, el imputado y ex Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, ejerció funciones públicas en el cargo de Senador Nacional entre 2005 y febrero del año 2021. “Conforme lo establece en el artículo 67 del Código Penal, estas dos circunstancias suspenden el plazo de la prescripción para todos los acusados de la causa”, explicó.

Con respecto a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, el fiscal sostuvo que la maniobra investigada fue un proceso que duró aproximadamente quince años, desde que se procedió a la venta del predio a un precio vil a la Sociedad Rural, hasta la falsificación de las firmas de los legisladores porteños, que habría sido materializada a través de uno de los imputados. La causa se inició en 1996, por lo que aún restaban nueve años para la consumación del último hecho que conforma toda la maniobra, indicó.

“Desde esa fecha, los más de cincuenta imputados realizaron múltiples presentaciones con la finalidad de dilatar la causa. Ello se observa en la complejidad de la maniobra, la que cuenta con la participación de una gran cantidad de imputados, todos ellos funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y de esta Ciudad, de diferentes partidos políticos y la indispensable intervención de dirigentes de uno de los grupos económicos más influyentes y poderosos de este país. Sumado a ello, no debe soslayarse el desdoblamiento de causas realizado, y los cientos de cuerpos y expedientes administrativos con que cuenta la investigación”, recalcó el fiscal.

Abraldes puso de relieve que no existió demora injustificada ni se vislumbró un tiempo desmesurado en el proceso ya que gran parte tuvo origen en los “sucesivos y recurrentes planteos orquestados entre todas las defensas”.

Con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción resaltó que en el expediente se investigan “delitos de extrema gravedad”, por lo que citó un fallo de la Corte Suprema donde se hace hincapié en que “los delitos cometidos desde el Estado por sus agentes, actuando en nombre de él, no pueden ser alcanzados por disposiciones de orden interno que imposibiliten su investigación y castigo”. Por último, recordó el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “IBM-Banco Nación”,  donde se señaló que la imputación de un grave delito doloso contra el Estado “define la imprescriptibilidad de las conductas que deben juzgarse”.