01 de junio de 2020
01 de junio de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Intervino la Fiscalía General N°3, a cargo de Mauricio Viera
La Rural: confirmaron los procesamientos a los directivos de la entidad y del Banco Provincia
La Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, luego de una serie de audiencias, confirmó también los embargos por cinco millones de pesos y le permitió al Ministerio Público Fiscal, en caso de requerirlo, “el avance del proceso a la próxima etapa”.

Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Mariano Scotto y Ricardo Pinto confirmaron los procesamientos de 17 imputados en la causa. A otros 17, les dictaron la falta de mérito, pero especificaron que debe ampliarse la declaración indagatoria. Varios de los acusados habían planteado la prescripción de la acción penal, que fue rechazado tanto por los fiscales como por los magistrados.

La imputación es por el delito de “peculado”, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que tiene una pena de dos a diez años de prisión y se refiere al funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”. Para los jueces, la conducta atribuida a los procesados “tuvo el fin de apartar los fondos públicos cuya custodia les había sido encargada a los funcionarios del Banco Provincia” y consideraron que tuvieron ayuda del resto de los imputados para cometer el ilícito.

Por otra parte, la Sala VII decretó el sobreseimiento de los miembros del directorio del Banco Provincia, Victorio Migliario y Osvaldo Rial; y de los directores suplentes de “Odgen Argentina S.A” y “La Rural de Palermo”, Alfredo O’ Farrell y Horacio Luis La Valle, respectivamente.

Además de permitirle al Ministerio Público avanzar “hacia la próxima etapa”, es decir, realizar el requerimiento de elevación a juicio sobre los imputados que tienen el procesamiento confirmado, los camaristas dispusieron que el juez de instrucción Ricardo Farías les informe bimestralmente sobre el avance de la investigación pendiente.

La causa

En este expediente, se investiga todo lo sucedido inmediatamente después de la venta, supuestamente fraudulenta, del predio Tres de Febrero a la Sociedad Rural Argentina por parte de las autoridades nacionales. Según la investigación, los “adquirientes” incumplieron las obligaciones asumidas con el Estado Nacional y modificaron las condiciones de venta. Los camaristas citaron en su resolución un dictamen del fiscal Javier De Luca, donde se explicaba que en diciembre de 1995, la Sociedad Rural constituyó un “derecho de usufructo” sobre el predio y le otorgó la explotación de los derechos “netamente comerciales” a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por La Rural y Ogden Argentina S.A.

La otra parte de la maniobra que se investiga es todo lo relativo al préstamo solicitado por entidades vinculadas a la Sociedad Rural y a su concesión, por parte de funcionarios del Banco Provincia, para la construcción dentro del predio de 50 mil metros cuadrados de establecimientos dedicados al “entretenimiento”. Según la investigación, el Banco Provincia otorgó el crédito “por un monto altísimo, con garantías precarias e incumpliendo el estatuto" de la entidad bancaria.

En el fallo, los magistrados dividieron las maniobras en lo que consideraron como “primer usufructo”, a lo relacionado con el cambio de condiciones luego de la venta por precio vil del predio  y luego a los relacionados con el “crédito otorgado por el Banco Provincia”. En ese segundo punto, desglosaron las resoluciones y las medidas tomadas, así como los desembolsos de dinero.

Los jueces citaron en su resolución el trabajo y las conclusiones de la Comisión Bicameral para investigar la cartera de créditos del Banco Provincia, que tenía como objetivo determinar si fueron otorgados, gestionados y controlados de acuerdo a las normales legales vigentes.

Los imputados

A Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Raúl Etchebehere, Juan María de Anchorena, Rodrigo Halaby, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Nestor Eijo, Juan Alberto Ravagnan y Jaime Alberto Bernasconi se les atribuye “el haber tornado inciertos los derechos acordados al Estado Nacional tras la adquisición a un precio vil de 30 mil millones de dólares” del predio ferial. También, se los imputó por haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado, “provocando un severo perjuicio a la economía del país”.

Al momento de la venta, se había pactado la construcción y funcionamiento de un “centro nacional de exposiciones y congresos”. Sin embargo, cambio de zonificación mdiante, se proyectó que el predio iba a ser destinado a la construcción de un “centro de compras, centro de entretenimiento, parque de diversiones, feria infantil, auditorio, cines, teatros, estadio cubierto multiuso, espectáculos deportivos y musicales, restaurant, cafés, bar, comida rápida, salón de bailes, casa de fiestas, café concert, museos y hotel”.

Los otros imputados pertenecen a la cúpula del Banco Provincia de entonces: el ex presidente Carlos Eduardo Sánchez; el ex subgerente general adscripto Eduardo Ordóñez; el ex director secretario Hugo Pifarre, y los miembros del directorio Rubén Lusich y De Anchorena. A todos ellos se les imputa el haber violado los deberes a su cargo “perjudicando con su accionar fraudulento los intereses de la provincia de Buenos Aires”.

Con esto, se refirieron a la concesión del préstamo a La Rural y a Odgen SA. (una vez conformada la UTE) por 106 millones de pesos en septiembre de 1998. El crédito se otorgó para sustentar el proyecto del centro de entretenimiento, cuya viabilidad, según la investigación, “resultaba poco probable”. “No sólo se otorgó un crédito deliberadamente y sin tomar en cuenta los antecedentes del caso sino que se embarcó en una creencia que a la fecha resulta incobrable” dice la imputación. Esto es porque “La Rural S.A” es una sociedad con un capital “apenas superior al mínimo legal”.

Los jueces, de acuerdo a lo expuesto en la audiencia por el fiscal Mauricio Viera, los consideraron coautores de sustracción “en tanto intervinieron en la sesión de directorio donde se autorizó el préstamo”. En esa misma situación, se encuentra Carlos Dellepiane, cuyo procesamiento no fue apelado.

A otros funcionarios del Banco Provincia también les fue confirmado su procesamiento. Se trata del jefe del Departamento de Servicios Técnicos Luis Walter; el gerente y subgerente de Proyectos de Inversión y Riesgo Carlos Simone y Juan Carlos González, respectivamente y del subgerente de Relaciones con el Sector Público Vicente Francos. Todos están acusados de haber intervenido en la maniobra.

La sala confirmó, además, el embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de quince de los procesados, con excepción de Pifarré y Foster.

Profundizar la investigación

En la resolución, los jueces tomaron en cuenta parte de lo reclamado por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada el 14 de abril de este año. Es por esto que solicitaron al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires un informe relativo a las competencias y responsabilidades del expediente relacionado con el cambio de zonificación.

Además, le reclamaron a su par de instrucción que tome declaración indagatoria a la arquitecta Verónica Mercado y a Marcelo Vierheler, ya que habrían impulsado la aprobación de los planos referidos a la construcción del centro de exposiciones que vulneraba el Código de Planeamiento Urbano. Para esto, revocaron los sobreseimientos que el juez Farías les había dictado. En esa misma situación se encuentra Alberto Sallaberry, actualmente con falta de mérito en la causa.

Requirieron, además, según lo que surja de las medidas pendientes en la causa, que se amplíe la indagatoria de 12 personas más, que estaban sobreseídas y que los magistrados dispusieron la falta de mérito sobre ellos. Se trata de Roberto Converti; José D´Andrea; Juan Gabriel Gilli; Jorge Iribarne; Carlos Mallmann; Ernesto Marcer; Raúl Navas; Carlos Sandri; Oscar Lozano; Carlos Lebrero; Ignacio Lopatín y Francisco Prati.