La fiscal Sabrina Namer solicitó hoy ante el Tribunal Oral Federal Nº6 la absolución de María Julia Alsogaray en la causa que se le sigue por el delito de "peculado". Lo mismo pidió para el ex abogado de empresa pública de telefonía Gustavo Albano Abreu . Por otra parte, requirió para el ex asesor de la interventora (y luego gerente de Contralor y Auditoría de la ex ENTel) Ricardo Jaime Fox tres años de prisión en suspenso. En esa misma línea, había alegado la querella de Oficina Anticorrupción.

Para la representante del Ministerio Público, Fox "utilizó la figura de administradora de Alsogaray" para realizar la "actividad delictiva". Además de la pena de prisión, Namer le solicitó al Tribunal que le fijara una multa de 55 mil pesos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

En la causa se investigaron las irregularidades ocurridas durante la privatización de la ex empresa telefónica pública, que terminaron con el traspaso de 241 hectáreas de un terreno que pertenecía a Radio Nacional a la empresa "Telecom", en 1990. El peculado consiste en "sustraer caudales o efectos que estuvieran bajo custodia del funcionario público" y tiene una pena de hasta diez años de prisión.

En su alegato, la Fiscalía consideró que la firma del acta modificatoria del anexo de bienes transferibles de ENTel a las empresas licenciatarias "fue el inicio de un negocio millonario". Según la fiscal, "se sabía que ese terreno no estaba abocado a la prestación del servicio de telefonía".

Namer estableció que durante el debate no pudo comprobarse ningún tipo de participación ni "se pudo acreditar el supuesto delictivo" en los casos de Alsogaray y Abreu. Destacó parte del descargo que realizó la ex funcionaria durante el juicio y mencionó el "principio de desconfianza" que regía al final de las negociaciones. Se conformó una comisión (por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicas) para que controlara lo realizado anteriormente por el equipo de ENTel.

Para la fiscal, Alsogaray "no conocía la ilegalidad de la transferencia que firmó". Por otra parte, explicó que Fox "decidió regalar el predio de 241 hectáreas sin ningún tipo de justificación más que la de beneficiar a las empresas". "La decisión no tuvo razón de ser, no se resguardó la actividad de Radio Nacional en el predio" expresó.

El alegato de la querella

La Oficina Anticorrupción comenzó su exposición con una serie de mapas sobre el terreno en cuestión. Explicó que cuando el Estado adquirió el terreno eran 511 hectáreas, que luego dividió en tres zonas: una afectada al servicio de ENTel, otra ocupada por Radio Nacional y una zona que denominó como "libre".

Relató, luego, lo sucedido a partir de las firmas de los decretos que ordenaban la privatización y la creación de las empresas licenciatarias del servicio de telefonía, donde finalmente fueron Telecom y Telefónica las adjudicatarias de sus acciones. El alegato se centró en el acta modificatoria del anexo de los bienes que debían transferirse a dichas empresas, que firmó Fox y que incluía al terreno de Pacheco.

"No se pudo justificar la transferencia del terreno ni se ha demostrado que era un bien indivisible, como dijo la defensa de Fox", sostuvo la querella. La maniobra, realizada el 7 de noviembre de 1990 con la firma del acta, concluyó el 6 de septiembre de 1994 con la escritura traslativa de dominio, "por la sola voluntad de Fox y sin que este tuviera representación para realizarla". Aclaró, también, que el acta modificatoria no fue confirmada ni ratificada por el ministro de Obras y Servicios Publicos, Roberto Dromi. Por esto, solicitó para Fox tres años de prisión en suspenso por el delito de "peculado".

Por otra parte, al referirse a Alsogaray, la OA sostuvo que no halló elementos para vincularla aunque consideró que hubo "negligencia de su parte". Destacó el aporte que realizó la defensa de la ex funcionaria de unos recortes de diarios, donde se relataba las peleas entre ella y Dromi.