Cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación expusieron la semana pasada en la sexta audiencia del juicio contra el médico Aníbal Lotocki (54) por el homicidio simple —con dolo eventual— de un paciente tras una operación estética realizada en abril de 2021. En su declaración, recordaron el estado en el que hallaron Centro Médico Conde (CEMECO) cuando fueron a realizar la inspección y sostuvieron que “no estaba habilitado para internación”

En el debate, el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Hacia el final de la audiencia, la defensa de Lotocki informó que el médico deseaba declarar sobre aspectos relacionados a lo sucedido con Christian Zárate (50). En base a ese pedido, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 estableció que podrá brindar su indagatoria en la audiencia fijada para este miércoles 23 de septiembre. Una vez que finalice esta etapa, comenzarán a tomarse los testimonios de las cinco mujeres que denunciaron al imputado por las lesiones gravísimas que sufrieron luego de realizarse intervenciones quirúrgicas con él.

Clínica sin director y no habilitada para cirugías mayores 

Los cuatro inspectores explicaron que fueron convocados por la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad y que llegaron a CEMECO el 4 de mayo de 2021. Lo primero que hallaron y puntualizaron en el informe fue que Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, se presentó como la responsable.

En ese sentido, recordaron que la imputada les dijo que contaba con una guardia de 24 horas compuesta por un doctor y una enfermera porque “los pacientes se quedaban internados”. Además, les señaló que el director médico había tenido un ACV y que no podía comunicarse. Los inspectores remarcaron que el centro se encontraba acéfalo por no tener dirección médica y que ello incumplía la normativa vigente.

Por otro lado, ante las preguntas de la fiscal, señalaron que encontraron un contrato de locación para “alquilar los quirófanos” entre CEMECO y Lotocki firmado el 18 de abril de 2021, posterior a la muerte de Zárate, en el que se dejaba en claro que el médico no pertenecía al plantel ni tenía una relación de dependencia con el centro. Sin embargo, indicaron que hallaron historias clínicas firmadas por el imputado anteriores a esa fecha y por procedimientos médicos llevados adelante en el lugar.

Explicaron también que la habilitación original de CEMECO es de 2012 y que tenía permitido tener consultorios externos, quirófano y sala de recuperación para procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos donde los pacientes pueden regresar a su domicilio dentro de las seis horas posteriores a la cirugía.

“No estaba habilitado para internaciones”, recalcaron y agregaron que, en el caso de llevar adelante una cirugía general, se debía contar con una serie de servicios que el centro médico no tenía, por lo que el paciente debía ser derivado a una clínica de alta complejidad.

La fiscalía preguntó luego si constaba en el algún registro la habilitación de Lotocki para operar. Los inspectores explicaron que si bien el imputado tiene un título de médico cirujano expedido por la Universidad del Litoral, en la Ciudad de Buenos Aires debe anotarse en un registro para poder realizar este tipo de procedimientos.

Sostuvieron que Lotocki no figura como especialista en cirugía general ni tampoco en cirugía plástica y que no les consta que se haya iniciado el procedimiento para inscribirse en ese proceso.

Medicamentos vencidos, convenios sin renovar y ausencia de registros

En otro tramo de su declaración, explicaron que se encontraron con “una gran cantidad de fentanilo y propofol” en varios sectores del centro médico. Incluso, hicieron mención a que hallaron ampollas en muebles de fácil acceso al público, lo que representaba “un riesgo sanitario”.

En su informe, habían puntualizado que encontraron medicamentos vencidos mezclados con fármacos que estaban aún en fecha. En esa línea, señalaron que no se hallaron libros de registro de los estupefacientes, en los que se deja asentado el ingreso y qué paciente fueron utilizados. También recalcaron que encontraron material supuestamente esterilizado con otro que se encontraba sucio.

Incluso hicieron mención durante la audiencia que, en una heladera en la que se guardaba pan y café, encontraron también ampollas de propofol. “Todos los medicamentos con cadena de frío deben estar en una heladera con control de temperatura y de uso exclusivo”, recalcaron.

El caso

En este tramo del debate, se juzga lo sucedido la mañana del 15 de abril, cuando Christian Zárate (50) fue hasta el Centro Médico Conde (CEMECO) ubicado en la calle Colpayo 20 del barrio porteño de Caballito, para una intervención programada, que consistía en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tales como “cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, cara anterior del abdomen, pelvis y región lumbar y sacra”. En concreto, se le realizó una dermolipectomía con la técnica “tulua” y una liposucción.

Tras la intervención (y luego de que Lotocki saliera del quirófano por 40 minutos), Zárate fue llevado a una habitación, donde lo asistió una enfermera que notó algo inusual en su drenaje. Eso fue comunicado a Lotocki, quien dispuso que el paciente volviera a ingresar al quirófano. En la mañana del viernes 16 de abril, tras pasar la noche dolorido y sin poder dormir, el paciente se descompensó y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con una empresa de emergencias, desde la que enviaron una ambulancia. Los médicos que arribaron en el vehículo advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia. En ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco y falleció luego de que intentaran reanimarlo.

Además de Lotocki, están en juicio el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la directora Torelli, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada haber ocultado el teléfono de Lotocki para que no lo hallaran los investigadores, lo que se catalogó bajo la calificación de encubrimiento agravado, por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.