A partir de una denuncia formulada en enero pasado por la organización no gubernamental La Alameda, la fiscalía federal N° 1 de Mar del Plata, en ese entonces a cargo de Pablo Larriera, comenzó a intervenir en la causa por las posibles condiciones laborales calificadas como “inhumanas” de unas 410 personas en el “viejo predio de disposición de residuos”, perteneciente a la Municipalidad de General Pueyrredón. Esto se debió a que esas conductas podrían resultar presuntos casos del delito de trata de personas.

Gracias a la investigación realizada, en principio se pudo constatar que entre las personas se encontraban una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad en el lugar, “desarrollando algunos de ellos tareas de separación, acopio y/o recolección de los residuos que allí llegan, en su mayoría acompañando a sus familias, y con problemáticas diversas tales como adicciones, desempleo familiar, deserción laboral y/o carencia de beneficios sociales”.

De esta manera, el fiscal Larriera solicitó el viernes pasado al Intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, que “arbitre en forma urgente […] todos los medios institucionales bajo su órbita y a través de las áreas correspondientes, para impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes al predio denominado ex basural a cielo abierto o predio IMEPHO”.

El objetivo del pedido fue “impedir cualquier práctica que conlleve a las situaciones de explotación del trabajo infantil y/o trata de personas con fines de explotación laboral, teniendo en especial consideración las actuales condiciones de vuelco de residuos en este predio, así como de cualquier situación de riesgo a dicho colectivo que allí se suscite”.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario “no sólo la adopción de pautas de vigilancia o restricción de ingreso, sino también la aplicación efectiva de medidas alternativas de cuidado y/o contención de los niños que acompañan a sus progenitores en el predio, en otros ámbitos estatales (educacionales, sanitarios, etc.), así como la implementación simultánea de políticas de restitución de derechos a personas o familias en situación de vulnerabilidad que allí viven, pernoctan y/o concurren”.

Para esto, Larriera le comunicó al intendente Pulti que podría requerir el auxilio de fuerzas de seguridad para llevar adelante la tarea. A la vez, le solicitó que informe la próxima semana “el detalle y resultado de las medidas adoptadas en el marco de este requerimiento”.

Fondos del BID

Una de las personas que aportó su testimonio a la causa fue Silvia Adriana Martínez, de la Parroquia San Francisco de Asis y perteneciente al grupo que se denomina “Pastoral del Basural”.

Martínez realiza trabajos de voluntariado en el lugar y a raíz de ello, pudo otorgar datos concretos tanto de la realidad social imperante como de las posibles o presuntas causas que generan la vulneración de derechos de niños, jóvenes y adultos en el lugar. Entre otras cosas, señaló que cuando se hizo el predio nuevo de tratamiento de residuos, su capacidad quedó chica para la cantidad de residuos de Mar del Plata y para las cincuenta personas que allí trabajan.

Lo anterior, señaló la mujer, llevó a que los propios camiones de recolección de residuos comenzaran a volcar el contenido en la planta estatal y en el predio contiguo, donde se situaba el ex basural. Esto último generó que “toda esta gente con problemática social y pobreza”, entre los que hay “familias, niños, jóvenes, señoras grandes”, fuera “a recolectar basura”.

Asimismo, Martínez señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo, al aportar fondos a la Municipalidad para realizar la nueva planta de tratamiento de la basura, “entregó también fondos para solucionar el problema social, esto es la gente desempleada que allí junta residuos”. Sin embargo, agregó que eso “por los hechos no ocurrió, [ya que] sigue habiendo gente recolectando basura […]. Es decir, es una problemática social que no es solucionada”.

Por todo ello, Larriera, en su escrito, consideró que no era posible “abordar una gestión penal de un conflicto de tamaña envergadura sin articular, cuanto menos, la intervención estatal con los otros estamentos, en este caso gubernamentales, que deben velar por la prevención y/o cesación en la vulneración de derechos humanos esenciales”.