La investigación judicial permitió desentramar -durante la etapa de instrucción- la maniobra delictiva que empresarios del transporte marplatense, en sus distintos roles, habrían diseñado y puesto en funcionamiento: la falsa registración de 357 trabajadores, muchos de los cuales habían acercado currículums a las firmas que conducen los imputados en busca de empleo o bien habían prestado tareas sin registración, con el objetivo de inducir a error al Ministerio de Transporte de la Nación, para la entrega sistemática de subsidios por montos superiores a los que les correspondía por los meses de enero, febrero y marzo de 2016 de acuerdo a la resolución 225/2015. Cerrada la instrucción, la fiscala Laura Mazzaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, presentó el pasado 13 de noviembre el requerimiento de elevación a juicio ante el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de esa ciudad.

La representante del Ministerio Público Fiscal destacó en su acusación no sólo el cariz económico de la maniobra defraudatoria millonaria para las arcas del Estado Nacional, sino también el perjuicio que ello habría causado a las personas vulnerables que fueron inscriptas fraudulentamente como empleados, quienes dejaron de percibir asignaciones y beneficios sociales del Estado. La fiscala consideró que necesariamente debían ser oídas en el marco del proceso, dadas las presentaciones que habían realizado oportunamente en el fuero ordinario en donde habían sido admitidas como particulares damnificadas. Por ello, recientemente fueron convocadas por el magistrado y ratificaron su voluntad de ser tenidas como parte querellante en el expediente, que finalmente quedó radicado en el fuero de excepción.

La denuncia en el fuero federal fue realizada a inicios de 2017 por el Ministerio de Transporte de la Nación -organismo que se ha constituido como querellante-, a la cual luego se acumuló la investigación originada un año antes en la sede provincial por estos mismos sucesos.

La acusación recae sobre cinco empresarios -sobre un sexto acusado se solicitó la extinción de la acción penal por fallecimiento-, en razón de que cada uno, en su rol vinculado a la dirección, gestión, administración y/o trabajo en las cuatro firmas de transporte público de pasajeros local, habrían tomado concreta intervención en la maniobra por medio de la cual se defraudó a la administración pública nacional en el año 2016.

Para la fiscalía, de acuerdo a los casi 150 elementos probatorios reunidos, los acusados habrían desplegado un ardid que consistía en inscribir ante distintos organismos públicos -especialmente ante la AFIP- a los supuestos trabajadores, para luego replicar su incorporación en el formulario 931 de ese organismo –una declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social- y en el listado de personal del informe de cumplimiento de condiciones, entre otra documentación presentada en el Ministerio de Transporte de la Nación. En general, se trataba de personas que habían dejado currículums en búsqueda de trabajo en esas empresas y que, en buena parte, se encontraba desocupada, o bien en el caso de aquellos que sí se desempeñaban en estas empresas, no lo hacían de manera registrada ni en la categoría de choferes.

A través de estas falsas altas del vínculo laboral, se pretendía que el Ministerio incurriera en error bajo la falsa creencia de que dichas firmas cumplían con los requisitos para ser destinatarias de las compensaciones complementarias provinciales. Se trataba de un subsidio implementado por primera vez en la época de estos hechos para aquellas empresas de transporte público de pasajeros de zonas turísticas, que durante la temporada de verano hubiesen incrementado en determinado porcentaje (superior al 20 por ciento) la cantidad de choferes para cubrir las necesidades de móviles y frecuencia en período de vacaciones. La resolución 225/2015, que utilizaron como herramienta para desarrollar las maniobras delictivas, permitía a las empresas de transporte público urbano que prestan sus servicios en zonas turísticas, requerir al organismo de control el incremento de agentes computables, cuyo porcentaje dentro del pago total de subsidios, representa un 70 por ciento sobre el total del beneficio, al menos con relación a los períodos comprendidos entre enero y marzo de 2016.

De esa forma, habrían provocado un perjuicio patrimonial millonario a la administración pública de alrededor de $ 16.209.680,47, mientras que habrían puesto en jaque los diversos beneficios sociales de los que gozaban aquellos trabajadores que resultaron fraudulentamente inscriptos. Sobre este punto, al momento de pedir el juzgamiento de los cinco empresarios, la fiscala señaló: “La maniobra habría provocado consecuencias disvaliosas respecto de las personas a quienes arbitrariamente se inscribió como choferes en relación de dependencia, pues se trataba de un grupo de personas, en su mayor parte, desocupadas y padres de personas menores de edad, que recibían distintas asignaciones previsionales de la ANSES, como la AUH que, como consecuencia del alta laboral, se les suspendía o quitaba automáticamente. Algo similar habría ocurrido en algunos casos en relación con prestaciones de salud”.

Uno de los elementos probatorios de mayor significancia que logró incorporarse al legajo recientemente y respecto del cual la fiscalía insistía en su pertinencia desde el año 2018 es un informe parcial elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECCO) con relación a la trazabilidad completa del dinero, desde que salió de las arcas del Estado Nacional, y a la par, vinculado a la situación patrimonial de los imputados durante el período investigado. Este informe, como aquel que resta producirse en función de su elevación parcial, habrán de formar parte también, conforme fuera solicitado por la fiscalía, de un expediente que tramita en forma paralela y que tiene como objetivo determinar la ruta del dinero mal habido con motivo de esta defraudación millonaria al Estado Nacional.