Luego de casi un año de investigación, Pablo Larriera, a cargo de la Fiscalía Federal Nº2, presentó ante el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata una denuncia y el pedido de indagatoria contra siete policías y tres civiles por el delito de “sedición” en el marco del acuartelamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013. El equipo acumuló elementos de prueba suficientes para requerir el testimonio del teniente primero Carlos Turno, el teniente Arturo Tobares; el oficial subayudante Walter Daniel Bernardis; el subteniente Rubén Ferreyra; el sargento Leandro Rene Bonora; el subteniente Adriana Nélida Brussolo, y Daniel Leonardo Silva, "quienes fueron claramente sindicados como “voceros” o referentes del reclamo por los titulares de cada dependencia afectada, y habrían instigado a sus compañeros, y formaron parte de la protesta además al dejar de cumplir sus funciones". Además, Larriera solicitó que se cite a Carlos Gustavo Pampillón, la expolicía Virginia Sosa, y Nicolás Masi, quien dijo ser secretario de SIPOBA (Sindicato Policial Buenos Aires).

Entre los numerosos elementos reunidos y presentados en la denuncia, hay extractos de declaraciones en redes sociales, llamados al 911, investigaciones de la justicia provincial como consecuencias de los saqueos, artículos periodísticos, y declaraciones testimoniales. Todo ello fue prueba concreta de la hipótesis sostenida por la Fiscalía: “El personal policial se valió de la disposición de los recursos que le dotara el propio Estado –patrulleros, chalecos antibalas, pistolas, escopetas, y munición- a efectos de arrancarle un aumento de sueldo a las autoridades –en el caso los distintos estamentos provinciales-, dejando desprotegida en dicho lapso a toda la población en su conjunto, situación que a su vez generó en ciertos sectores la decisión de cometer diversos ilícitos aprovechando dicha circunstancia”.

Algunas de las pruebas

En los registros obtenidos de diferentes comunicaciones  realizadas los días 8 y 9 de diciembre del 2013 al 911, hubo personas que “llamaron a las 15 horas y nunca fue un móvil. Robaron y rompieron todo”. O bien un señor expresó que “el hijo se dirigió a la comisaria tercera a efectuar una denuncia y no le tomaron porque no iban a atender a nadie”, a pesar de que el personal estaba en el interior.

Incluso, en una de las indagatorias realizadas en el marco de investigaciones penales preparatorias de la justicia provincial, se expresa textualmente que uno de los hechos de saqueo se dio “aprovechando la situación de falta de personal a partir del conflicto que es de púbico conocimiento”.

También, se da cuenta del informe labrado en el Centro de Monitoreo local, acerca del funcionamiento del servicio 911: "El servicio 911 funciona con normalidad y que se hallan cubriendo las llamadas de eventos delictivos solamente 2 móviles por cuadrícula, registrándose a pesar de ello un menor tiempo de respuesta entre el pedido de auxilio o registro del evento y la presencia policial efectiva”.

Al dar cuenta de la responsabilidad de los civiles, la denuncia deja en claro respecto a Pampillón que fue “quien incitó [previa, concomitante, y posteriormente] al acuartelamiento de la fuerza policial, portando incluso un autoparlante en el lugar del bloqueo a efectos de arengar a los presentes (recordemos que él mismo reivindicó estos hechos), conformando y abonando los motivos bastantes para sospechar que el nombrado ha tomado parte en la comisión de los mismos, tal como ha quedado sobradamente expuesto en esta instancia”.

Similar responsabilidad le cabe a la ex policía Virginia Sosa, apodada “la Rusa”, “quien ya en el mes de enero del año 2013 había estado encadenada protestando frente a la Municipalidad de General Pueyrredon, habiéndose colectado numerosos elementos (artículos periodísticos, videos, publicaciones en Facebook, así como las testimoniales de Comisarios Piccioni y Ferrá) que permiten sostener fundadamente que fue otra de las principales instigadoras -junto con Pampillón- de estos sucesos”.

Y por su parte, Nicolás Masi, en su carácter de autodenominado secretario de SIPOBA, “llevó a cabo, a sabiendas y con intención, una serie de actividades de difusión, propagación e incitación a través de los medios ya identificados, dirigidas a que el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires destacado en la ciudad adoptara la decisión de autoacuartelamiento los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con la finalidad de conseguir que las autoridades del gobierno provincial dispusiera un aumento salarial, dejando de esta forma de prestar servicios, con la consecuente desprotección ciudadana que ello trajo aparejada”.