El Tribunal Oral Federal N°6, conformado en este caso por José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo, escuchó hoy las explicaciones de la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray en la causa donde está acusada por el delito de peculado: "Soy totalmente ajena a lo que se me imputa, no tomaba las decisiones". También, están acusados el gerente de Contralor y Auditoría de la ex ENTel Ricardo Jaime Fox y el ex abogado de ENTel Gustavo Albano Abreu. El Ministerio Público está representado por la fiscal Sabrina Namer.

"Todavía no sé de lo que se me acusa", esgrimió Alsogaray. En el expediente, se investigan las irregularidades ocurridas durante la privatización de la ex empresa telefónica estatal, que terminaron con el traspaso de 241 hectáreas de un terreno que pertenecía a Radio Nacional a la empresa "Telecom" en 1990. El peculado, que consiste en "sustraer caudales o efectos" que estuvieran bajo custodia del funcionario público, tiene una pena de hasta diez años de prisión.

Luego de una demora de más de una hora, comenzó la audiencia del juicio. "El valor de los inmuebles era tan ínfimo que no entraba en las discusiones", sostuvo Alsogaray, y aclaró que no tuvo "nada que ver" con las modificaciones realizadas a los anexos donde está el inmueble cuestionado. Además, declararon dos testigos propuestos por la defensa de Abreu.

¿Qué dijo María Julia?

La ex funcionaria comenzó a relatar cómo fue el proceso de privatización de ENTel, al que calificó de "engorroso de explicar". Primero, nombró la conformación de un equipo de privatización que dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que estaba a cargo redactar los decretos y proponer los instrumentos para realizar los traspasos: "Era un caso totalmente novedoso, no había en el mundo privatizaciones de teléfonos".

Habló, además, de las peleas que tuvo con el entonces ministro Roberto Dromi, por como capitalizar títulos de la deuda a través de la privatización: "Capitalizar la deuda era recuperar credibilidad". Alsogaray explicó que mientras el equipo de privatizaciones quería tomar deuda a valor nominal, Dromi insistía con fijar una tasa de corte: "Ahí vino el primer conflicto; cual propuesta que mandábamos, el ministro quería cambiarla". "La pelea por los títulos de la deuda la peleamos en el Senado", puntualizó.

Siguió con el relato de sus enfrentamientos con el ex ministro, en el cual destacó su negativa a firmar un convenio con Italia, ya que para ella era "un negociado de acá a la China". En cuanto al contrato de transferencia de ENTel, explicó que fue demorado por Dromi en reiteradas ocasiones hasta que tuvo que retirarse del tema porque le resultaba peligroso "negociar contra las cuerdas".

Por último, le pidió al Tribunal que busque en los diarios de la época los detalles sobre la comisión negociadora que se formó sin su presencia: "Todo lo que pasó después me es totalmente desconocido". También, aclaró que la denuncia original era por terrenos que le habían sacado a Radio Nacional: "Que yo sepa, sigue funcionando en es mismo lugar".

Los testigos

Luis Pascarella y Andrés Verone son abogados que trabajaron junto a Abreu en la oficina de Legales de ENTel en liquidación. Ambos explicaron que sus funciones eran llevar adelante los juicios laborales que quedaron pendientes. "Éramos 20 abogados para 10 mil causas", dijo Verone. También, declaró que, a veces, les requerían firmar ciertas escrituras: "Entraban a la oficina y preguntaban quién podía ir".

La próxima audiencia será el martes que viene y están propuestos siete testigos, entre los que se destacó Patricia Barral, ex directora de Radio Nacional y tres funcionarios que realizaron la inspección ocular junto al Tribunal del terreno de Pacheco.

La causa

La denuncia fue efectuada por al actual diputado Manuel Garrido el 29 de agosto de 2000, cuando era director del Área de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA). Dicho organismo es querellante en el debate. Durante la instrucción, se pudo comprobar que el inmueble, propiedad del Estado y ubicado en la Ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre, en Pacheco, fue transferido a una empresa privada de manera irregular.