El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza homologó acuerdos de juicio abreviado y condenó a 24 personas vinculadas a una organización criminal transnacional que operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 para adquirir, acopiar, trasladar e ingresar clandestinamente armas de fuego, cargadores y municiones desde Argentina hacia Chile. Las penas alcanzaron los seis años de prisión y, en algunos casos, fueron unificadas con condenas anteriores; además, la investigación también permitió acreditar maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes en distintos domicilios del departamento de Maipú.

El juez Héctor Fabián Cortés, que integró de forma unipersonal el tribunal, homologó los acuerdos de juicio abreviado el 3 de agosto pasado. En el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal federal Federico Baquioni, con la colaboración de la secretaria Carolina Parellada y el prosecretario Martín Salvoni.

En mayo, el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, había requerido la elevación a juicio de 34 personas. En aquella oportunidad, el Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que se había permitido reconstruir una asociación ilícita transnacional con actuación en la Argentina y Chile, destinada al tráfico internacional de armas de fuego, cargadores, municiones y accesorios. Según la acusación, habría actuado desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023.

La condena alcanzó a integrantes de distintos niveles de la estructura investigada: de acuerdo a la acusación, la jerarquía incluía a las personas a cargo de la organización y coordinación; quienes participaban en el acopio y traslado del armamento; los choferes de los camiones que intervenían en los traslados hacia Chile y personas encargadas de recibir dinero proveniente del país trasandino. También fueron condenados integrantes a quienes se les atribuyeron maniobras de comercialización de estupefacientes o tenencia de armas. Además, otro integrante de la organización llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la fiscalía, proceso que deberá ser homologado por el tribunal.

Las condenas

El tribunal homologó los acuerdos de juicio abreviado celebrados en los términos del artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación. La pena más elevada recayó sobre Walter Amaya, condenado a seis años de prisión por los delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Bayron González Castro fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por ser organizador de una asociación ilícita como, por la tentativa de contrabando agravado y por la tenencia de armas. La pena fue unificada con otra condena previa y quedó fijada en ocho años y seis meses.

Isaac Guillermo Orellana Orellana fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por ser organizador dentro de la asociación ilícita y por la tenencia de armas sin autorización. Esta pena fue unificada con otra condena de tres años y seis meses impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 de Capital Federal, por lo que la pena única quedó fijada en ocho años y seis meses.

La condena alcanzó a integrantes de distintos niveles de la estructura investigada: de acuerdo a la acusación, la jerarquía incluía a las personas a cargo de la organización y coordinación; quienes participaban en el acopio y traslado del armamento; los choferes de los camiones que intervenían en los traslados hacia Chile y personas encargadas de recibir dinero proveniente del país trasandino.

Sergio Pereyra Martínez fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por integrar la asociación ilícita y por los delitos tentativa de contrabando agravado y tenencia de armas. Por su parte, Lucas Puebla González recibió cinco años y cuatro meses por asociación ilícita como organizador. La pena fue unificada con una condena previa por el acopio de las armas secuestradas en 2022 y quedó establecida en seis años y ocho meses de prisión.

Alejandro Arias Glaria y Francisco Cáceres Castillo fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por ser integrantes de la asociación ilícita y por la tenencia de armas sin autorización.

Gisselle Zúñiga Figueroa recibió cuatro años de prisión efectiva también por integrar la asociación ilícita, mientras que Lucía Romero Rivas y Emilse Di Carlo Manganelli fueron condenadas a cuatro años por este mismo delito, además de ser consideradas responsables del comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundaria.

Juan Antonio Pacheco fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario en los delitos de tenencia y comercio de estupefacientes y por ser coautor de la tenencia de armas sin autorización.

Alejandra Guzmán Orellana recibió tres años y nueve meses de prisión por ser integrante de la asociación ilícita y por la tenencia de armas mientras que Iván Pérez Di Carlo fue condenado a la misma pena, por ser partícipe secundario en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes.

Por otra parte, Carolina Orellana Basaez fue condenada a tres años y siete meses por integrar la asociación ilícita. Marcela Amaya Cruz y Martha Cruz Cañas fueron condenadas a la misma cantidad de tiempo por ser partícipes secundarias en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes y por ser coautoras de la tenencia de armas de fuego sin la debida autorización. En el caso de Cruz Cañas, también se la consideró responsable de integrar la asociación ilícita.

Carlos Ponce Lucero fue condenado a tres años y un mes y declarado reincidente por ser integrante de la asociación ilícita, mientras que Roberto Agüero Moyano recibió tres años de prisión efectiva por el mismo delito. Su pena fue unificada con una condena anterior y quedó fijada en cinco años y cuatro meses.

El fiscal federal Fernando Alcaraz coordinando los allanamientos realizados en mayo de 2024 con los representantes de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Foto de archivo: Unidad Fiscal Mendoza

Juan Carlos Moreno Cruz, Elio Cortez Romero, Priscila Guzmán Orellana, Joana Guzmán Orellana y Katherine Guzmán Orellana fueron condenados a tres años de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita. Finalmente, Héctor Garro Díaz fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes.

Por último, Felipe Machuca Ortiz fue condenado a cuatro años de prisión por ser integrante de la asociación ilícita y por la tenencia de armas sin autorización y fue declarado reincidente por los antecedentes condenatorios previos que registraba.

Además, otros cinco acusados acordaron procesos de suspensión de juicio a prueba por uno o dos años dependiendo el caso, y otras 4 personas fueron sobreseídas al considerarse que el estupefaciente que se les había hallado era para consumo personal.

La estructura criminal

De acuerdo con la investigación, la organización estaba encabezada por dos hombres que se encuentran prófugos y que, desde Chile, controlaban las principales decisiones: cuándo, cómo y por qué paso fronterizo ingresaba el material, además de definir su traslado hacia Mendoza para concretar luego el cruce hacia territorio chileno.

Por debajo se ubicaban distintos organizadores, entre ellos, Isaac Guillermo Orellana, Lucas Sebastián Puebla González y Bayron Eduardo González Castro, quienes coordinaban las distintas maniobras. La investigación identificó además personas que intervenían en la adquisición del armamento en otros países, su ingreso a la Argentina, el acopio en Buenos Aires, su traslado a Mendoza, el almacenamiento, la entrega a los choferes y la recepción en Chile. La acusación indicó que algunos integrantes viajaron a Brasil para adquirir armas e ingresarlas clandestinamente a la Argentina.

En Mendoza, una parte central de la operatoria estaba vinculada con los choferes de transporte internacional. El armamento era distribuido entre personas de confianza que debían ocultarlo en las cabinas de los camiones para atravesar los controles del Paso Internacional Cristo Redentor y continuar hacia Chile.

Dentro de este grupo fue señalado Walter Andrés Amaya Cruz, que almacenaba el material en el domicilio que compartía con su pareja, Lucía Luciana Romero Rivas, en la vivienda de su madre, Martha Noemí Cruz Cañas, o en el domicilio de una tercera mujer, Emilse Ayelén Di Carlo Manganelli. Las tres mujeres se encargaban de disponer de los cargamentos cada vez que Amaya se lo pedía, que luego los entregaba a Sergio Santiago Ariel Pereyra Martínez o, hasta marzo de 2022, a Lucas Sebastián Puebla González.

De acuerdo con la pesquisa, la organización se sostenía con un flujo de dinero proveniente desde Chile para la adquisición y el traslado de armas. Las transferencias se realizaban principalmente mediante empresas de remesas como Western Union y eran recibidas en Argentina por distintos integrantes, en operaciones simultáneas o sucesivas y por montos variables.

La fiscalía también describió el papel de los choferes Juan Carlos Secundino Moreno Cruz, Carlos Adrián Ponce Lucero, Roberto Carlos Agüero Moyano y Elio Néstor Cortez Romero. Moreno y Ponce habrían trasladado material hacia Chile durante marzo de 2022. Cada uno de los choferes recibía a cambio el pago de un precio en efectivo por cada arma con cargador o caja de municiones transportada, costo que afrontaban los jefes de la organización.

Las maniobras

Uno de los hechos centrales ocurrió el 2 de abril de 2022, cuando Gendarmería detuvo a Lucas Puebla en la Ruta Nacional 7, en La Paz, Bolivia, mientras viajaba en un colectivo con once armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre su equipaje. Cinco armas estaban en un bolso de mano y otras seis, en una mochila de la bodega. Puebla fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión, y el análisis de su teléfono permitió detectar comunicaciones y conexiones con otros integrantes.

La investigación se amplió con el análisis forense de teléfonos secuestrados a Puebla y a un chofer de camión, Roberto Agüero. Así se logró identificar una organización con roles diferenciados y un objetivo común: traficar ilegalmente armas, cargadores, municiones y accesorios desde Argentina hacia Chile.

Otro episodio ocurrió el 17 de abril de 2022, cuando un camionero fue detenido rumbo a Chile con armamento y municiones ocultos en la cabina, que previamente habían sido trasladados desde Buenos Aires a Mendoza. También, el 19 de diciembre de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron interceptados en Tucumán con ocho armas y cinco cargadores ocultos. Según la fiscalía, actuaban como enlaces operativos para trasladar armamento desde Argentina hacia el país vecino.

El circuito del dinero

De acuerdo con la pesquisa, la organización se sostenía con un flujo de dinero proveniente desde Chile para la adquisición y el traslado de armas. Las transferencias se realizaban principalmente mediante empresas de remesas como Western Union y eran recibidas en Argentina por distintos integrantes, en operaciones simultáneas o sucesivas y por montos variables.

La fiscalía identificó entre los receptores a Gisselle Ivonne Zúñiga Figueroa, Isaac Orellana, Carolina del Carmen Orellana Basaez, Priscila, Katherine, Joana y Alejandra Guzmán Orellana, Bayron González Castro y Lucas Puebla González. En Chile, los envíos eran efectuados por miembros de la estructura y personas vinculadas al grupo.

Para el Ministerio Público Fiscal, la utilización de múltiples remitentes y destinatarios permitía ocultar la identidad de los integrantes y dificultar el seguimiento del dinero. La investigación concluyó que la logística excedía el traslado de armas e incluía su financiamiento, adquisición, transporte, almacenamiento, distribución y recepción, con diversos intervinientes y una organización jerárquica capaz de sostener la actividad durante varios años.