La Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza informa que desde esta mañana se llevan a cabo las tareas de exhumación de un cuerpo inhumado en un nicho del cementerio de esa ciudad con el objeto de que se extraiga una muestra ósea que permita cotejarla con la muestra hemática aportada por la madre del desaparecido Paulo Cristian Guardati, visto por última vez en la madrugada del 24 de mayo 1992 en una comisaría de Godoy Cruz, tras haber sido detenido por la policía provincial en la vía pública. Entonces tenía 21 años de edad.

La medida fue requerida por la Oficina especializada en crímenes del terrorismo de Estado, que bajo la dirección del fiscal general Dante Vega -y con la autorización de la Procuración General de la Nación- comenzó a intervenir en esta causa desde mayo del año pasado. Tras ser solicitada por el auxiliar fiscal de esa oficina, Daniel Rodriguez Infante, la medida fue ordenada por el Juzgado Federal N°3 de Mendoza y delegada a esa dependencia para su ejecución. Así se recoge la pretensión de la madre de la víctima, Hilda Gladys Lavizzari, quien con el patrocinio de sus abogados había requerido años atrás su realización.

La exhumación es llevada a cabo por profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense. En el lugar se encuentran el auxiliar fiscal y el fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°2, Fernando Alcaraz, junto al personal de la oficina fiscal y personal técnico de la Gendarmeria Nacional.

El peritaje tiene el sentido de despejar las dudas de la familia de Guardati en torno a la identidad de un cuerpo inhumado en 1992. En esa oportunidad, una comparación con los registros oficiales de la huella dactilar tomada al cadáver estableció que correspondía a la identidad de otra persona fallecida. Sin embargo, tanto Lavizzari como el entonces empleador de Guardati creyeron reconocer al desaparecido en los rasgos fisonómicos del cuerpo, algunos de ellos concretos, como la presencia de una cicatriz y la morfología de un dedo.

Al momento de solicitar la medida ante el juez, la Oficina Fiscal de Derechos Humanos señaló que "teniendo en cuenta particularmente el exponencial avance tecnológico que ha existido en las últimas décadas en materia de investigación genética, entendemos que resulta necesario y pertinente realizar la exhumación solicitada a fin de despejar cualquier duda que pudiere persistir en torno a la identidad de los restos respectivos y, en todo caso, descartar de modo fehaciente su correspondencia con la víctima de la presente causa, en tanto, en definitiva, en el estado actual del proceso y sin perjuicio de la pericia dactiloscópica supra mencionada, no se cuenta con una pericia de carácter estrictamente genético que resulte conclusiva desde ese plano científico, máxime cuando la ejecución de la medida resulta de relativa facilidad".

El juzgado coincidió completamente con el argumento, que reprodujo en la resolución judicial, y ordenó que la medida se lleve a cabo, para lo cual encomendó la medida a la oficina fiscal y, conforme lo había propuesto esa dependencia, ordenó que ponga en conocimiento de lo actuado a los familiares de quien en vida fuera la persona cuyos restos se encuentran individualizados actualmente en ese nicho.

La medida judicial se suma a otras que en similar sentido viene impulsando la oficina especializada a cargo del fiscal general Dante Vega, como el cruce de la información genética entre la familia de Guardati y aquellas correspondientes a los cuerpos exhumados en el cuadro 33 del cementerio de la capital provincial en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, que no dieron resultados positivos. En el caso colaboran la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).