04 de julio de 2022
04 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El motín ocurrió el 16 de abril de 2016
Motín en el Instituto “Manuel Rocca”: la Cámara resolvió que la Justicia de Menores continúe la investigación
Asimismo, dispuso que sea la Justicia Federal la que intervenga en el hallazgo de estupefacientes en la oficina del Director.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que sea la Justicia Nacional de Menores la que continúe la pesquisa sobre los hechos acaecidos el 16 y 17 de abril de 2016, durante el motín en el Instituto de Menores “Manuel Rocca”. Asimismo, dispuso que sea la Justicia Federal la que investigue los hechos relativos al hallazgo de estupefacientes en el despacho del director de la institución, el procedimiento y regularidad de las pesquisas, el sistema de seguridad y la ausencia de personal necesario y capacitado.

Así, los jueces Mirta López González y Ricardo Pinto resolvieron la contienda de competencia negativa planteada entre el Juzgado Nacional de Menores N°6 y el Juzgado Federal N°10.

Los hechos

Entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de abril de 2016, se produjo un motín en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Rocca, ubicado en la calle Segurola 1601, en el barrio porteño de Floresta. Cerca de las 22.30, diez internos del Sector 4 del instituto iniciaron una protesta que trasladaron hacia el resto de las instalaciones.

Así, 32 jóvenes de entre 16 y 17 años que se alojaban en el Centro tomaron de rehenes a los celadores y al personal y luego destruyeron parte del mobiliario e incendiaron algunos colchones, documentación y objetos del lugar. También, irrumpieron en el despacho del director y robaron los estupefacientes que allí se hallaban incautados, producto de distintas requisas.

El motivo de la revuelta fue fugarse del Instituto, para lo cual los jóvenes fueron controlando los distintos espacios del establecimiento hasta llegar al patio, donde incendiaron el automóvil de uno de los guardias y embistieron el portón principal con una camioneta de la SENAF. Si bien la reja cedió unos metros, los jóvenes no pudieron salir porque efectivos de la Comisaría N°43 habían colocado un patrullero de barricada.

Personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina negoció con los amotinados, quienes se fueron entregando de a poco, hasta que alrededor de las 8:00 del 17 de abril, los efectivos policiales recobraron el control del instituto y rescataron a los celadores y demás internos que no se plegaron al reclamo.

La investigación

La pesquisa recayó en la Fiscalía Nacional de Menores N°2, a cargo de María Eugenia Sagasta, quien luego de la investigación solicitó la declaración indagatoria de 32 menores de edad por los hechos ilícitos que se habrían sucedido en el interior del Centro Cerrado Rocca y extrajo testimonios para remitir los mismos a la Justicia Federal a fin de que se investiguen los posibles delitos de acción pública en los que en los que se encontrarían involucrados funcionarios públicos por la cantidad de droga existente en el Instituto, particularmente en la oficina del Director, y “por la falta de personal, los procedimientos y la regularidad con la que habían sido dispuestas las requisas del Centro Rocca tanto de los internos como de los familiares, las llaves de las puertas de los distintos sectores y los sistemas de seguridad con que contaba el instituto, como así también la distribución interna para el alojamiento de los jóvenes infractores a la ley penal dentro del mismo, todo lo cual a criterio de la Suscripta hubiera menguado las consecuencias de los hechos ocurridos en la noche del 16 de abril de 2016 y madrugada del día siguiente”. Asimismo, la fiscal oportunamente requirió a las autoridades la elaboración de un protocolo para atender situaciones de violencia en centros de régimen cerrado para jóvenes.

A su turno, la titular del Juzgado Nacional de Menores N°6, Adriana Leiras, declinó su competencia en favor de la Justicia Federal, al entender que no correspondía escindir la investigación y que la misma debía remitirse, en su totalidad, al fuero de excepción, pues el motín estuvo vinculado con las deficiencias que presentaba el funcionamiento cotidiano del instituto y “porque los delitos de autos se cometieron en un establecimiento donde el gobierno nacional tenía al momento los hechos investigados absoluta y exclusiva competencia”.

En tal sentido, señaló “que no se trata en la especie de la investigación de meros ilícitos acaecidos dentro de un establecimiento nacional, sino de un conjunto de sucesos que afectaron el servicio entero de la Institución y, además, ello impactó en el normal servicio de los restantes complejos que vieron sus poblaciones incrementadas”.

Por su parte, el responsable del Juzgado Federal N°10, Julián Ercolini, rechazó la atribución, considerando que si bien se trataba de un establecimiento nacional, en la práctica cumplía funciones de carácter local, aunque coincidió con la fiscal Sagasta en que era la Justicia Federal la que debía intervenir ante los eventuales delitos derivados de la Ley 23.737 de Estupefacientes y Psicotrópicos.

A su turno, el titular de la Fiscalía General N°3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mauricio Viera, opinó que la investigación debía continuar su trámite ante la justicia federal, por cuanto “los hechos aquí investigados si bien se habrían iniciado por motivos particulares, derivaron en una situación que puso en peligro la seguridad del Instituto Manuel Rocca –y de todas las personas que allí se encontraban- cuyo carácter nacional se encuentra fuera de discusión”.

En tal sentido, coincidió con la jueza de Menores que se habría paralizado el servicio que presta el Instituto Rocca, impactando ello en los otros centros de régimen cerrado, además de ser necesario “investigar las responsabilidad funcionales de quienes se encontraban a cargo del establecimiento y que (…) no podrían remitirse al mero ejercicio local de aquellas funciones federales, pues las repercusiones de sus acciones –o inacciones- habrían puesto en vilo la seguridad de aquella institución en la que prestaban servicios”.

Al resolver la cuestión, los integrantes de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mirta López González y Ricardo Pinto, compartieron el criterio planteado por la fiscal Sagasta y el juez Ercolini “en cuanto a que las conductas desplegadas por los jóvenes internos que participaron del motín deben ser investigadas por la justicia ordinaria especializada en minoridad mientras que la pesquisa relativa al hallazgo de estupefacientes en el despacho del director del establecimiento como las posibles responsabilidades de funcionarios públicos por las supuestas irregularidades en el instituto debe ser remitidas al fuero federal”. En tal sentido, resolvieron la escisión de la pesquisa.