El titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales Federales de Neuquén, Miguel Palazzani, solicitó que se condene a ocho funcionarios penitenciarios a prisión perpetua, y a otros siete a penas de entre tres y diez años de prisión, en el marco del debate donde son juzgados quince agentes penitenciarios de la Unidad N9 del Complejo Penitenciario de máxima seguridad  de la provincia de Neuquén -dependiente del Servicio Penitenciario Federal-por la tortura seguida de muerte de un interno, hecho ocurrido en abril de 2008.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces Alejandro Silva, Marcelo Grosso y Orlando Coscia, el fiscal tuvo por acreditado que el día 8 de abril de 2008, aproximadamente a las 11 de la mañana, un celador y personal de requisa junto al  jefe de seguridad interna del penal, infligieron torturas al momento de retirar al interno Argentino Pelozo Iturri de la celda Nro.1, del Pabellón 10 de aislamiento de la Unidad 9 del Complejo Penitenciario de  Neuquén.

Esas mismas personas, en número de al menos 8, trasladaron mediante golpes con puños y palos, puntapiés y ahorcamientos a la víctima hasta el Servicio de Sanidad, y una vez allí continuaron con la violencia, incluso frente al médico y el enfermero del Servicio. En este sentido, el fiscal Palazzani indicó durante su alegato que  los padecimientos físicos y psíquicos del interno y la violencia ejercida en su humanidad, le generaron un proceso de asfixia y una hemorragia cerebral que desencadenaron su muerte en el lugar.  Asimismo,  se dio por probado que las máximas autoridades del penal (Director y Subdirector) estuvieron siempre  informados de la situación y omitieron hacerla cesar.

Finalmente, el representante del MPF manifestó tener probada “la trama de encubrimientos y falsedades ideológicas en instrumentos públicos que desplegaron el restante médico de la Unidad y el Inspector de Región, a quienes también la fiscalía acusó”.

Los pedidos de penas

La causa tiene 15 imputados.  Para el celador Carlos Roberto Vergara y el cuerpo de requisa de la Unidad, integrado por Orlando Horacio Jonh, Pablo Ángel Muñiz, Javier Elix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal, José Walter Quintana, el MPF solicitó la pena de prisión perpetua por el delito de imposición de torturas seguidas de la muerte de la víctima.

En relación al director y subdirector del penal, Héctor Oscar Ledesma y José Roberto Sosa, respectivamente, el fiscal pidió nueve años de prisión, mientras que para el jefe de seguridad interna, Daniel Huemul, diez años. Los tres fueron acusados por el delito de omisión de evitar la comisión del delito de aplicación de torturas.

A Gabriel Eduardo Grobli, inspector de Región, la Fiscalía requirió 6 años por los delitos de encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del ilícito, y por su condición de funcionario público y omisión de denunciar un acto propio de su oficio.

Finalmente, para los médicos de la Unidad Juan Carlos Heredia y Miguel Angel Leyría, solicitó siete  y tres años de prisión, respectivamente, y para el enfermero Miguel Ángel Carrilao cuatro años, todos por el delito de omisión de denunciar doblemente calificado por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionarios públicos. En el caso de Heredia además, se sumó la acusación por el delito de falsedad ideológica de instrumento público agravada.

Luego del pedido de penas, el fiscal general requirió a los jueces del Tribunal la prisión preventiva de los quince imputados fundando su petición en que “Los actos procesales cumplidos, el conocimiento de los alegatos y los pedidos severos de pena son un paso más y nos ponen ante la inminencia de una sentencia”, que será dictada en el mes de febrero del próximo año. En ese sentido, el fiscal consideró que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la acción de la justicia, por lo que requirió tal medida cautelar.

Asimismo, pidió que se investigue la conducta del entonces juez federal a cargo de los inicios de la investigación y al Cuerpo Médico Forense de Neuquén.

Medidas reparatorias

El MPF solicitó rectificar la partida de defunción de la víctima para que donde se consigna “muerte súbita” (causa de muerte que dio por probadamente falsa) indique  “tortura seguida de muerte en un establecimiento penitenciario federal”  y también notificar la sentencia a los familiares, quienes no pudieron reconocer el cuerpo, velar a Argentino Pelozo Iturri ni conocer en estos 10 años la causa de su muerte.  También requirió que se libren oficios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a efectos de que proceda administrativamente respecto de los imputados y, oportunamente, se notifique la sentencia a los Mecanismos de prevención y sanción contra la tortura provincial y nacional y al Mecanismo Interinstitucional de control y seguimiento de cárceles, presidido por el camarista Gustavo Hornos.