En el inicio de los alegatos del juicio por el accidente ferroviario que costó la vida de 51 personas y produjo más de 700 heridos en la estación de Once, el fiscal general Fernando Arrigo afirmó este mediodía que los imputados tenían “absoluto y cabal” conocimiento del deterioro que tenían las formaciones de la Línea Sarmiento y remarcó que las conductas de los acusados “evidenciaron la falta de ocupación e inversión en materia de seguridad ferroviaria”. En esa línea, el fiscal puntualizó que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi "estaban en pleno conocimiento" del "déficit en cuanto al mantenimiento y seguridad" del material rodante.

Para el fiscal -que continuará con el alegato cuando se retome el juicio el lunes próximo- quedó acreditado que “los imputados poseían por disposición de la ley, de la autoridad o por acto jurídico, a su cargo, el cuidado, custodia y administración de los bienes e intereses del Estado".

Arrigo agregó que "con el designio ilícito de procurar un lucro indebido para sí o para terceros, mediante el quebrantamiento de la fidelidad, perjudicaron con su accionar los intereses confiados, verificándose el detrimento patrimonial en los coches que conformaron la formación chapa 16 el día 22 de febrero de 2012".

Indicó además que los acusados "realizaron distintos aportes que resultaron determinantes" para que "la formación chapa 16 compuesta por ocho coches eléctricos Toshiba originales impacte contra el parachoques ubicado a fin de vía del andén 2 de la estación terminal de trenes Once de septiembre", a raíz de lo cual se produjo "la muerte de 51 personas, una de ella embarazada, cuatro gravísimas, 27 graves y 158 lesiones”.

"Lucro indebido"

El representante del Ministerio Público Fiscal comenzó su alegato afirmando que las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, como los de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y aquellos particulares que formaron parte de Trenes de Buenos Aires (TBA) y Cometrans S.A., todos en sus respectivos períodos, debían cuidar el patrimonio público que se confió a TBA (subsidios y bienes entregados en concesión) para “una segura y confiable prestación del servicio de transporte de pasajeros –en este caso, la Línea Sarmiento”.

Arrigo explicó que fue “quebrantado” ese deber de fidelidad y que se han perjudicado “mediante un accionar abusivo los intereses patrimoniales confiados, y generando un lucro indebido para terceros”. Además, agregó que los imputados con sus conductas manifestaron una “falta de voluntad de cuidar el patrimonio público”.

Asimismo, explicó que los imputados llevaron adelante una falta de ocupación e inversión en materia de seguridad ferroviaria, que produjo un deterioro de los trenes eléctricos Toshiba originales que operaban en la Línea Sarmiento. Arrigo sostuvo que esta situación “era conocida por ellos en función de sus respectivas actividades y cargos”, y que sin embargo continuaron con sus conductas “desaprensivas y desinteresadas por la seguridad”, generando la posibilidad de una tragedia como la que sucedió.

En este sentido, el fiscal federal explicó que la falta de inversión (grave y generalizada) sobre el mantenimiento de los trenes (en relación al material rodante), que se vio reflejada en el estado del chapa 16 cuando fue puesto en servicio el 22 de febrero de 2012, sumada “a la negligente forma de conducción de Marcos Córdoba, resultaron determinantes en la ocurrencia del hecho materia de pesquisa”.

La seguridad del transporte

Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal también destacó el problema de la seguridad en el transporte ferroviario. En este punto, explicó que la creación del riesgo desaprobado de parte de los acusados fue precisamente no haber ejercido correctamente y diligentemente el rol asumido por cada uno de ellos, y al mantenerlo en el tiempo se permitió “su estado latente y consecuente realización”.

“El descuido de los aspectos operacionales relacionados a la seguridad ferroviaria y a la seguridad de las personas que usaban ese servicio, puede calificarse como una condición latente de producción de una tragedia. Si cada uno de los imputados hubiera obrado diligentemente, cumplido con las normas que regulaban su actividad y con sus obligaciones asumidas, no se hubieran presentado todas las graves fallas, y el paupérrimo estado, que se advirtieron a lo largo de este debate sobre la formación chapa 16. No se hubiera producido este resultado y mucho menos se hubieran causado tantas muertes y lesiones a las personas”, manifestó Arrigo.

La fiscalía afirmó que los imputados violaron normas que permitieron el fatídico desenlace y que TBA operó con un “sinfín” de graves fallas en la seguridad que hacía previsible la producción del resultado. Lo acontecido el 22 de febrero de 2012 fue una “consecuencia absolutamente previsible”, los imputados crearon un riesgo desaprobado que acabó materializándose aquel 22 de febrero en el andén 2 de la terminal de Once.

“Debían velar por el patrimonio público”

El representante del Ministerio Público Fiscal apuntó contra los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi respecto al conocimiento que éstos tenían sobre la prestación “deficiente” y el mal servicio que la concesionaria TBA ofrecía en la Línea Sarmiento: “Ambos estaban en pleno conocimiento que la política empresarial vinculada al mantenimiento presentaba un déficit en cuanto al mantenimiento y seguridad, en el marco de las exigencias establecidas contractualmente”, afirmó Arrigo.

El fiscal indicó que los ex funcionarios “debían velar por el patrimonio público, debían cuidar los bienes muebles e inmuebles afectados a la concesión para un servicio efectivo y confiable".

En relación al incumplimiento de los programas de mantenimiento por parte de la ex concesionaria, el fiscal se explayó y aseveró que TBA estaba en peores condiciones que otras prestatarias que fueron canceladas, no cumplía con las condiciones contractuales en relación al material rodante, presentaba deficiencias en el servicio, hacía pocas reparaciones en los coches eléctricos, y todo ello llevaba a una situación de “sostenido decaimiento”.

El fiscal dejó en claro que aquel incumplimiento puso en riesgo la seguridad del servicio y que de esta situación siempre estuvieron al tanto los ex secretario de transporte.

27 de los 28 acusados llegaron a juicio por el delito de defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago agravado por el resultado de muerte. Por su parte, al motorman Marcos Córdoba sólo se le imputa el delito de estrago agravado por el resultado de muerte.

La lista de los acusados es la siguiente: Marcos Antonio Córdoba, Carlo Ferrari, Laura Aída Ballestero, Jorge Alberto De los Reyes, Víctor Eduardo Astrella, Francisco Alberto Pasumi, Antonio Marcelo Suárez, Guillermo Alberto D'Avenigno, Sergio Claudio Cirigliano, Oscar Alberto Dariboglio, Alejandro Rubén Lopardo, José Doce Portas, Marcelo Alberto Calderón, Miguel Werba, Jorge Francisco Álvarez, Sergio Daniel Tempone, Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninoná, Pedro Reineri, Roque Cirigliano, Carlos Alberto Lluch, Mario Cirigliano, Pedro Ochoa Romero, Antonio Eduardo Sícaro, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Raúl Jaime, Daniel Rubio y Carlos Esteban Pont Vergés.