23 de julio de 2024
23 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las causas de la tragedia ferroviaria
Once: la Fiscalía describió las maniobras del desvío de los fondos para mantener los trenes
En su tercer jornada de exposición de alegatos, el fiscal Arrigo aseguró que TBA tenía el objetivo puesto en ampliar nuevos negocios y en generar "un lucro ilegítimo" cuando en realidad debía haberse centrado en revertir el estado “caótico” de las formaciones que estaban a su cargo.

El fiscal federal Fernando Arrigo terminó esta tarde con la acusación a los imputados por el delito de administración fraudulenta, durante la tercera jornada de su alegato en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once.

Con la ayuda de diapositivas el representante del Ministerio Público precisó los ingresos, explotación, gastos y resultado bruto del servicio ferroviario, y consideró acreditado que se llevaron adelante diversos actos “abusivos e infieles” por medio de los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a “los bienes ajenos puestos a disposición por el Estado Nacional para la prestación del servicio seguro y confiable del transporte".

Para Arrigo la ex concesionaria TBA “obstaculizó y desatendió el objeto social del contrato de concesión para la explotación de la línea Sarmiento”. Incluso, resaltó que esa situación era bien conocida por la Secretaría de Transporte, hasta dos meses antes de la tragedia. En ese sentido, evaluó, entre otras cosas, cómo la empresa concesionaria procuró lucrar con esta nueva explotación, disponiendo de tiempo, recursos humanos, técnicos y de dinero. “A  esa altura de la concesión del tren de la línea Sarmiento resultaba absolutamente inadmisible”, remarcó Arrigo.

El fiscal consideró acreditado que “el supuesto incumplimiento contractual de parte del Estado era la excusa utilizada por la empresa para habilitar asimismo instancias de renegociación que nunca se llevaban a cabo y, en definitiva, seguir con la explotación y procurar beneficiarse con nuevos emprendimientos, en desmedro de las obligaciones ya asumidas”.

En ese sentido, Arrigo destacó que no se discute que una empresa pretendiera ampliar sus negocios, pero sí está en cuestión que esa empresa era concesionaria de un servicio público, y que el estado del tren Sarmiento, a esa altura, era crítico. “Al menos la formación chapa 16, condenada a la inactividad, y todos los esfuerzos y recursos, debían estar destinados a encaminar la situación, o a devolver la concesión”, indicó.

También remarcó que el interés de la ex concesionaria estaba puesto en ampliar nuevos negocios, procurando un lucro ilegítimo, cuando debió haberse centrado en revertir el estado “caótico” de las formaciones que estaban a su cargo.

Sobre las inversiones ferroviarias, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que fueron financiadas por el Estado y contratadas por TBA, sin respeto “por las normas que deberían haberlas regido, en virtud de la naturaleza de los fondos involucrados”.

En este punto, hizo referencia a un ejemplo notable de las consecuencias de manejar fondos públicos con normas de sector privado, y mencionó el proyecto para la fabricación y construcción de 25 formaciones con coches de doble piso para la línea Sarmiento.

Arrigo explicó que para esa contratación (a valores del 2008 superaba los mil millones de pesos)  no se llevó adelante ninguna licitación pública sino un concurso de precios, del que resultó ganadora la empresa EMFER (Emprendimientos Ferroviarios S.A.), del grupo Cirigliano. Luego, por resolución de la Secretaría de Transporte se adjudicó la obra a EMFER. En tanto, TBA fue adjudicataria del gerenciamiento.

Sin embargo, señaló el fiscal, en la documentación relevada por los peritos contadores no consta la aprobación de la Secretaria. Y en ese sentido, puntualizó que desde TBA, “incumpliendo sus deberes de fidelidad percibieron fraudulentamente exorbitantes sumas de dinero por servicios y obras que no se prestaron efectivamente y/o bien que resultaron insuficientes y/o nocivas para la conservación de los bienes ferroviarios concesionados y los intereses confiados”.

En efecto, para Arrigo está probado que se llevaron adelante diversos actos “abusivos e infieles” por medio de los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a “los bienes ajenos puestos a disposición por el estado nacional para la prestación del servicio seguro y confiable del transporte ferroviario de pasajeros”.

Asimismo, el fiscal entendió que se habían efectuado gastos indebidos, utilizando para ello una “ingeniería contable y empresaria” puesta a disposición para esos fines, a través de pagos efectuados a determinada empresa “siempre vinculadas e integrantes del mismo grupo económico”.

Al respecto, señaló que una, entre varias de las empresas vinculadas al desvío de fondos, era Cometrans, que recibía pagos de TBA vinculados a más de un concepto. Según el cómputo de las facturas que se encontraron en el período 2004-2011 -relevó Arrigo- llegaron a sumar por todo concepto “algo más de $129.000.000, siendo que el total pagado por TBA SA asciende a la suma de $ 127.798.900,97”.

Asimismo, el fiscal refirió que el concepto por el que Cometrans firmó el contrato con TBA y recibió los pagos está “cubierto genéricamente por la expresión asesoramiento”. Sin embargo, Cometrans no tenía actividad como asesora en materia de ferrocarriles, “por lo que el asesoramiento que podría brindar correspondía en todo caso al rubro de operaciones de transporte  automotor, que es el ámbito en que se desenvolvía tanto Cometrans como las empresas accionistas de éstas”, explicó.

Joyas, muebles de Taylandia, viajes

Otro de los hechos que Arrigo encuentró probados tienen que ver con que la dinámica económica empresaria se encuentra plagada de gastos ajenos al servicio ferroviario y que se consideran supérfluos, como joyas, viajes, muebles de Taylandia , entradas a recitales, entre otros. También, la suscripción de contratos para prestaciones desvinculadas, absolutamente, de las necesidades de TBA, según los términos del contrato de concesión.

Sobre este punto, el fiscal señaló que se encuentra acreditado que existieron numerosos egresos, agrupados en gastos de comercialización y de administración, los cuales impactaron en forma significativa y negativamente en el resultado final económico de la empresa.  En el mismo sentido, explicó, dichos gastos no han encontrado correlato con aquello que los imputados debían administrar y conservar, esto es, “los bienes concesionados del Estado Nacional bajo un sistema que de ningún modo ameritaba erogar extraordinarias sumas de dinero en concepto de comercialización”:

En el final de su exposición de hoy, el representante del MPF explicó detalladamente y con la ayuda de unas filminas proyectadas el entramado societario construido por los imputados (menos el maquinista, los dos ex secretarios de transporte y los ex interventores de la CNRT). De esa forma, indicó a los jueces y a las diferentes partes la relación entre la cantidad de empresas, las personas y los roles que éstos ocupaban dentro de ellas con el objetivo de desviar los fondos destinados al mantenimiento de los ferrocarriles.

Para Arrigo, los imputados  tenían pleno conocimiento del estado del material rodante  y sus conductas violaron el deber de cuidado sobre el patrimonio ajeno, al tiempo que no tuvieron como prioridad el cuidado y seguridad de los usuarios, con la prestación de un servicio totalmente ajeno al objeto del contrato de concesión.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 28 a las 9.00 de la mañana. Arrigo continuará con el alegato de la fiscalía.