A instancias de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, a cargo de María Gloria André, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, el Tribunal Oral Federal N°1 de esa jurisdicción condenó el viernes a 11 personas por reiteradas y millonarias estafas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y al fin y al cabo al Estado Nacional, por casi un millón de dólares. La organización fue desbaratada gracias a que dos de sus integrantes se adhirieron al acuerdo previsto en la Ley 27.304, que prevé la figura del “imputado arrepentido”.

En esas actuaciones también participó la Fiscalía Federal de Primera Instancia a cargo de Fernando Alcaraz, quien logró a través de las declaraciones de los arrepentidos importantes avances en la investigación, incorporando los aportes necesarios para llegar a la recolección de elementos fundamentales para la detención de otros autores.

La maniobra consistió primero en la presentación de recetas previamente sustraídas del Instituto en distintas farmacias del conurbano de la ciudad de Mendoza para obtener medicamentos para diabéticos en forma gratuita -con cobertura del 100% de su costo- a nombre de afiliados que no requerían dichos insumos, y el envío a otras provincias del país para su venta en negro. Posteriormente, la actividad de los miembros de la organización mutó y lograron especializarse de tal manera que compraron y explotaron comercialmente dos farmacias, a través de las cuales cargaban y presentaban esas recetas, con sellos falsos de médicos e instituciones de salud, estampando troqueles también falsos, obteniendo así crédito presuntamente lícito ante la industria farmacéutica para la compra de otros productos y medicamentos.

La actividad de los miembros de la organización mutó: lograron especializarse de tal manera que compraron y explotaron comercialmente dos farmacias, a través de las cuales cargaban y presentaban recetas.

La investigación tuvo, entre otras medidas, las intervenciones telefónicas de los principales líderes de la banda y su entorno familiar, allanamientos a sus casas, a cajas de seguridad, a las farmacias que éstos habían logrado comprar, a las viviendas de los arrepentidos en provincias distantes -como Córdoba-, y otras ciudades del interior del país. Allí se decomisaron importantes sumas de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, autos de alta gama, motos importadas e innumerable documentación para el quehacer delictual, tales como sellos de médicos e instituciones de la salud, cajas de medicamentos, planchuelas de troqueles falsas, recetas en blanco y otras ya completadas para ser presentadas en sus farmacias y en otras del conurbano mendocino.

Durante la investigación se decomisaron sumas de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, autos de alta gama, motos importadas e innumerable documentación.

Dada la influencia que tenían, dos de los imputados debieron permanecer detenidos hasta el dictado de la condena: uno de ellos era empleado de la Obra Social Nacional en Mendoza, de donde obtuvo desde información fundamental y necesaria para la consecución de las maniobras ilícitas, hasta talonarios de recetas en blanco, logrando también la protección de otros compañeros que resultaron ser sus cómplices.

Como parte de la organización también había una empleada de la ANSES en la provincia, quien entregaba información valiosa para determinar qué personas se encontraban con vida y así poder utilizar sus datos para la consecución de la maniobra.

La condena que se obtuvo fue por delitos de asociación ilícita y diversas defraudaciones contra la administración pública, entre varios otros. Se expuso que de no ser detenida a tiempo, dada la especialización que habían logrado, los principales autores de la maniobra podrían haber pasado  de ser simples comerciantes a importantes empresarios de la industria farmacéutica, con una vida que acompañaba ese crecimiento, además de lo mencionado, con la posibilidad de vivir en barrios privados con suntuosos bienes y electrodomésticos.

La salud de los beneficiarios, en riesgo

Por otro lado, los condenados utilizaban datos de afiliados al Instituto y de personas que lo habían sido pero se encontraban fallecidas al momento de cometer los delitos, defraudando no sólo al Estado Nacional, sino también poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios, ya que con la venta simulada de medicamentos e insumos para diabéticos, los verdaderos afiliados en reiteradas ocasiones no podían retirar ese tipo de medicina ni ser tratados como clínicamente se les había recomendado. También pudo detectarse que realizaban envíos por encomiendas de insulinas al interior del país -San Luis, Córdoba y Buenos Aires, entre otras provincias- en los que no se respetaba la cadena de frío, lo que para el MPF también demostró su desprecio a la salud de las personas a las que iban dirigidos los medicamentos.

Las mayores condenas recayeron en Jorge Emanuel Godoy Resa -ex empleado del PAMI- y su padre José Antonio Godoy Torres, quienes recibieron cinco años y once de prisión, en tanto el resto de los imputados recibió penas de entre un año y seis meses y tres años de prisión en suspenso.