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Se trata de una de las socias de una farmacia donde se detectó la emisión de cuatro troqueles apócrifos para lograr el desembolso de dinero de PAMI. El hogar que recibirá el dinero trabaja con niños abandonados o con problemas de consumo de drogas.
La actividad fue organizada por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal y abordó distintas temáticas que afectan a este colectivo etario particularmente vulnerable.
Se trata del exjefe del Departamento de Prestaciones Sociales y del exdirector ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL), quienes fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso y al pago de una multa del 20 por ciento del valor sustraído, respectivamente. Ambos deberán realizar además una ...
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el propietario de la farmacia presentó para el cobro recetas con el objetivo de percibir sumas de dinero por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado mediante la utilización de troqueles falsificados.
La publicación identifica los obstáculos que impiden el acceso a la justicia, como la brecha digital, el maltrato, el lenguaje jurídico y la violencia familiar. Además ofrece un panorama del marco normativo vigente y de la jurisprudencia relevante en la temática.
El documento de la unidad especializada, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, está orientado a quienes integran el sistema de justicia. Busca ser un aporte a la sistematización de la situación actual de los derechos y brindar información de utilidad para la labor del Ministerio Público ...
La resolución recayó sobre seis personas, a quienes se acusa de simular la venta de productos para diabéticos y haber causado un perjuicio de 18 millones de pesos a la obra social. También se dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y la investigación patrimonial al respecto, tendiente ...
De acuerdo al requerimiento se utilizaba el laboratorio privado de una de las médicas involucradas, ubicado en Pilar, para captar clientes que encomendaban estudios patológicos y luego se llevaban adelante con insumos públicos. En la causa intervinieron la UFI-PAMI y la DATIP.