30 de septiembre de 2022
30 de septiembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza y la UFI-PAMI
Solicitaron enjuiciar a once personas que integraban una asociación ilícita para defraudar a la administración pública
La organización fue desbaratada luego de que dos de sus integrantes se acogieran al acuerdo establecido en la Ley 27.304, que prevé la figura del “arrepentido”. El perjuicio económico causado al Estado Nacional se estimó en 9,5 millones de pesos.

Los responsables de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza y de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado (UFI-PAMI), Fernando Álcaraz y Javier Arzubi Calvo, solicitaron la elevación a juicio de la investigación seguida contra once personas a las que se les imputa haber conformado una asociación ilícita destinada a cometer defraudaciones contra la administración pública, que habrían ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en, al menos, $9.450.340,88. La organización fue desbaratada gracias a que dos de sus integrantes se adhirieron al acuerdo previsto en la Ley 27.304, que prevé la figura del “imputado arrepentido”.

La organización se dedicaba a presentar recetas falsas y, con el correr del tiempo, llegaron a especializarse de tal manera que lograron falsificar sellos de médicos, carnets de afiliados y troqueles de productos médicos de gran costo como las insulinas para diabéticos. Asimismo,  facturaron miles de recetas y tenían otras tantas para presentar, pero dado un accionar judicial muy destacado se logró su desbaratamiento, y se detuvo a muchos de ellos en plena labor delictual, donde se logró secuestrar autos y motos de alta gama, así como también demostrar que tenían un nivel de vida superlativo para empleados del Estado, con casas en barrios privados y grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias y en efectivo en diversos escondites.

Otra de las maniobras atribuidas a los imputados consistía en el envío de medicamentos y recetas ya completadas a distintos puntos del país, como las provincias de Córdoba, San Luis, y Buenos Aires, entre otras, lo que perjudicó a afiliados de varias provincias.

También, con el producto de la actividad ilícita, los principales acusados adquirieron dos farmacias y estaban próximos a adquirir una tercera, todo lo cual evidencia que estaban pasando de ser simples comerciantes para convertirse en empresarios del sector farmacéutico, que podrían haber competido de igual a igual con las grandes cadenas del rubro.

Entre los integrantes de la organización se cuentan dos empleados del PAMI y una de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), quienes obtenían información de calidad para la falsificación de las recetas y demás elementos.

Con el devenir de la investigación, y cuando restaba el aporte de varias aristas para determinar las maniobras desplegadas y apresar a otros integrantes de la banda, el 5 de diciembre de 2016 se indagó a dos de los imputados, quienes se acogieron al acuerdo de la Ley 27.304, que prevé la figura del “imputado arrepentido”, la cual había sido sancionada un mes antes. Los dichos de estos acusados permitieron comprobar y descubrir la conformación de la organización y su accionar, como así también el complejo ardid económico con el que se beneficiaban, para perjudicar de forma millonaria a las arcas de la Obra Social Nacional.