En base a la presentación conjunta del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, Walter Rodríguez, y la titular a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, el juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó el embargo preventivo de 2 inmuebles y el secuestro y embargo preventivo de tres vehículos relacionados con el sargento de la Policía de Santa Fe Alejandro Daniel Agüero, el padre del uniformado, Carlos Alberto, y la concubina, María Silvina Arredondo. Agüero se encuentra detenido y procesado por el transporte de más de 1600 kilos de marihuana hallados dentro de un container, en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, en noviembre de 2014. Asimismo, junto a su padre y a Arredondo fueron citados a indagatoria, en el marco de una de investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La medida adoptada por el juez Rodríguez, que alcanza a tres vehículos y una moto, es consecuencia del pedido de medidas cautelares presentado por el fiscal federal y Chena, para asegurar el eventual decomiso futuro de los bienes que han servido de instrumento para cometer el hecho y de las coas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.

En su presentación, los fiscales consideraron que no había “dudas de que Agüero y su familia tuvieron un incremento patrimonial injustificado que se verificó durante el transcurso de un corto periodo y en el que se constataron vínculos con diversas actividades ilícitas”, al tiempo que agregaron que es posible “sostener que los bienes adquiridos no tienen origen lícito ya que los ingresos no se corresponden con el volumen de gastos realizados por ellos en un lapso de tiempo breve”.

Según los representantes del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas “de que durante el marco temporal que abarca el despliegue delictivo que se adjudica a Alejandro Agüero, se incorporó al patrimonio del nombrado y de su entorno más cercano, varios automóviles, un inmueble y se realizaron costosas remodelaciones de la vivienda familiar” todos los cuales “de ninguna manera pudieron solventarse con los ingresos corrientes de los investigados”, que se desempeñan como sargento de la Policía de Santa Fe, portero de una escuela y enfermera.