La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó hoy la prisión preventiva y la inmediata detención de Aníbal Lotocki, acusado por el homicidio de un paciente y denunciado en varios expedientes por parte de personas que fueron operadas por el médico y que atravesaron diversas complicaciones de salud.
Tras la decisión judicial, Lotocki se presentó esta tarde en una dependencia de la Policía Federal Argentina en la ciudad de La Plata.
Al momento de revocar la excarcelación de Lotocki, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán Martín López habían sostenido que debía intervenir en el caso la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli y bajo la dirección general de Romina Del Buono.
La resolución
En el fallo, los magistrados recordaron que uno de los denunciantes solicitó la prisión preventiva de Lotocki, petición que fue acompañada por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de Lucio Herrera. En ese expediente confluyeron otras dos causas donde se señaló al médico por distintas complicaciones derivadas de las intervenciones realizadas.
Tras esto, y por una decisión de la Secretaría Especial de la Cámara de Apelaciones, ese grupo de denuncias fue anexado a la causa donde Lotocki fue procesado por el homicidio con dolo eventual de Rodolfo Christian Zárate, fallecido el 16 de abril de 2021 tras diversas complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. En ese expediente, intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Recchini, y la Fiscalía General N°3 ante la Cámara, cuyo titular es Mauricio Viera.
“El estado actual de los procesos acumulados pone en evidencia una sustancial variación en la naturaleza y gravedad de los episodios en examen y de su proyección en aquellos y en la estimación de los reaseguros tendientes a mantener a Aníbal Lotocki sujeto al proceso”, explicaron los camaristas.
Indicaron luego que debían analizarse los diversos procesos que involucran al médico y remarcaron que la excarcelación que se le había otorgado al médico el 30 de abril de 2021 debía ser revocada debido “como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso”.
En ese sentido, recordaron que el 16 de febrero de 2022 Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para ejercer su profesión por cinco años al ser considerado responsable del delito de lesiones graves. “Aun cuando el pronunciamiento no se encuentra firme, su alcance permite presumir fundadamente que mediará una acumulación con las que puedan eventualmente resultar de los episodios ventilados en conjunto por el juez a quo así como pone en evidencia que se cierne sobre el encartado la expectativa de una sanción de cumplimiento efectivo de considerable severidad”, puntualizaron.
Por otra parte, también recordaron la confirmación del procesamiento por homicidio simple con dolo eventual dictada ayer por esa misma sala. “Al reproche inicial por falsificación de documentos se ha agregado el de haber provocado la muerte de Cristian Zárate, por un obrar por demás desaprensivo, cuando intervino al nombrado quirúrgicamente sin haber adoptado los recaudos mínimos para eliminar los riesgos de comorbilidad en su paciente, así como la posterior y deliberada omisión de brindarle la atención que requería la gravedad de su cuadro clínico, sumiéndolo finalmente en agonía”, destacaron los jueces.
A ese panorama le agregaron la existencia del peligro de fuga y del entorpecimiento del accionar de la justicia. Los jueces explicaron que no solo se basaron en los indicios obtenidos por la falsificación de la historia clínica de Cristian Zarate sino también de una serie de incumplimientos por parte de Lotocki. Repasaron entonces la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60 donde se advirtió que en tres oportunidades el médico no informó, a pesar de estar obligado, una ausencia de su domicilio que superaba las 24 horas.
“Incluso, el decreto en cuestión pone de manifiesto que, en una de esas ocasiones, el imputado, sin autorización del juez mudó su domicilio fuera de su jurisdicción, estableciéndose al parecer ahora en la localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires, contrariando una de las pautas asumidas al serle concedida la excarcelación”, remarcaron por último los magistrados.