La jueza Mónica Berdión de Crudo rechazó el pedido de recusación presentado contra el fiscal titular Sandro Abraldes y la fiscal ad-hoc Nuria De Ansó en la investigación por las muertes ocurridas durante el desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 20010. De este modo, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°47, desestimó la presentación de los abogados Santiago De Jesús, Julián Curi y Federico Sottile, quienes invocaban la causal de “enemistad manifiesta” , para apartar a los representantes del Ministerio Público en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°24.

La defensa fundamentó el pedido en “el encono que aquellos profesan contra sus pupilos y la fuerza policial a la que pertenecen, desde el inicio mismo del proceso”, al tiempo que acusaron al fiscal de complementar “su actuación con una sistemática difusión mediática (…) con el objetivo de instalar un clima de sospecha en la sociedad, respecto de la fuerza policial”.

Asimismo, los letrados cuestionaron el pedido de detención del testigo Lisandro Greco; la obtención de información del perfil de Facebook del imputado Ricardo Picart y las preguntas formuladas en su indagatoria; y la mención que hicieron los fiscales de otras investigaciones contra personal de la Policía Metropolitana.

Los descargos de los fiscales
En su descargo ante la jueza, Abraldes negó los cuestionamientos y sostuvo que, desde su inicio, la investigación resultó de interés público y periodístico, y agregó que las menciones que hagan los medios de comunicación sobre su intervención en la pesquisa escapan a su responsabilidad.

En relación a la controversia sobre la indagatoria del ex efectivo de la fuerza porteña Ricardo Picart, el fiscal justificó la obtención de información del Facebook del imputado pues “en ese momento resultaba ser un ‘perfil abierto’”.

Por su parte, la fiscal De Ansó sostuvo que, en todo momento, actuó en cumplimiento de las normas impuestas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y por las reglas del Código Procesal Penal, y desacreditó los dichos de la defensa.

La decisión de la jueza
Al rechazar la presentación de los abogados defensores, Berdión de Crudo manifestó que “lo que debe asegurarse es que el fiscal ajuste su actuación a la ley, siendo objetivo y leal a su actuación, pero nunca sujeto a exigencia de imparcialidad, en el sentido y extensión en que esta se concibe como atributo del juez”.

Respecto a la difusión mediática del proceso, la magistrada entendió que la Constitución Nacional y los tratados internacionales “consagran el principio republicano de los actos de gobierno, a fin de que aquellos puedan ser controlados, entre otros, por los ciudadanos de la nación”, y que “los medios de comunicación y difusión resultan ser canales válidos para permitir tal ejercicio cívico”.

La jueza concluyó que los demás cuestionamientos eran “críticas a las valoraciones esgrimidas por los Sres. Fiscales como fundamento del pedido de procesamiento de varios de los imputados”, y que las actuaciones de Abraldes y De Ansó sólo “ilustran el despliegue de su actividad persecutoria en observancia a los parámetros de objetividad que les impone el artículo 120 de la Constitución Nacional”.