El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó que el actual presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, y su predecesor en el cargo, Alejandro Marón, sean citados a brindar declaración indagatoria por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta por su participación en la transferencias de los jugadores Agustín Pelletieri, Guido Pizarro, Matías Fritzler y Diego Valeri, y la “libertad de acción” de Eric Aparicio y Oswaldo Vizcarrondo, durante sus gestiones al frente de esa institución deportiva en los períodos 2009-2012 y 2012-2015, respectivamente.

El pedido cursado por Gómez Barbella -a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora- al Juzgado Federal N°2 incluye además que se disponga la inhibición general de bienes de Russo y Marón. A los directivos del “Granate” se les imputan también los delitos de apropiación indebida de tributos y evasión de los recursos provenientes de la seguridad social. Por otra parte, la Fiscalía no descarta que haya habido lavado de activos provenientes de esos delitos precedentes, por lo que pidió que se le de intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los pases investigados

De acuerdo al dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal, a los presidentes se les atribuye haber declarado “montos inferiores a los efectivamente percibidos y por ende, no haber depositado el monto total de las retenciones que deberían haber practicado sobre el valor completo de las rentas producto de esas transferencias y haber evadido los recursos de la seguridad social en relación a los jugadores”.

En ese sentido, Gómez Barbella detalló que en la gestión de Nicolás Russo -entre diciembre de 2009 a diciembre de 2012-, se realizó la transferencia de Agustín Pelletieri a Racing Club -el 30/6/2011-, mientras que durante la gestión de Alejandro Marón -de diciembre de 2012 a diciembre de 2015-, se realizaron las ventas de Guido Pizarro Demestri a Tigres de México -el 12/7/2013-; de Matías Fritzler al Kasimpasa Sportif Faaliyetler AS de Turquía -el 24/11/2013- y de Diego Hernán Valeri a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos -el 4/11/2013-. Los intereses de la institución también se habrían afectado al permitir el acuerdo para dejar libres a los futbolistas Eric Aparicio y Oswaldo Augusto Vizcarrondo, “por montos muy inferiores a los que se cotizaron en el mercado luego de dicha liberación”.

A su vez, a Russo -quien nuevamente se desempeña como máximo dirigente del club y es concejal en ese distrito bonaerense- se le atribuye haber evadido el Impuesto a las Ganancias “en virtud de las rentas obtenidas en el exterior del país relacionadas con la transferencia del jugador Jean-Jacques Pierre al Club Atlético Peñarol de Uruguay” en febrero de 2004, “ya sea por su eventual vínculo con la firma ‘Am Lat Group Inc.’ (en su carácter de accionista y/o directivo) o en razón de haber percibido honorario”.

Lavado de activos

Por otra parte, Gómez Barbella requirió que se le de intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que inicie “una investigación patrimonial respecto de todas las personas involucradas”, a los fines de detectar “la posible comisión de maniobras criminales descriptas en el art. 6, punto 1, inc. j)” de la ley 25.246 : es decir, lavado de activos provenientes de delitos tributarios como los analizados en esta causa. Es que la denuncia señalaba además que “el producto obtenido” de las presuntas maniobras detectadas “habría sido ingresado al mercado formal” por Russo, “mediante la construcción y compra de numerosos inmuebles, cuya titularidad -al igual que los ingresos obtenidos de su entrega en locación a través de su inmobiliaria ‘Russo Propiedades’- no habría sido debidamente declarada ante el ente recaudador”.

Medidas realizadas y nuevas sugeridas por la Fiscalía

El fiscal federal recordó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya remitió la información de los contratos investigados, en tanto que la Asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados aportó copia de la documentación vinculada a los jugadores mencionados, con los comprobantes de los aranceles cobrados por el organismo a raíz de las operaciones de transferencia o préstamos. Por su parte, la UIF informó acerca de los reportes de reportes de operaciones sospechosas (ROS) respecto de Russo, Marón y el Club Atlético Lanús.

También obra en el expediente un segundo reporte, elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por depósitos y extracciones por montos “no usuales” de dinero en efectivo durante 2013, cuando la operatoria habitual era con cheques u otros instrumentos financieros. A su vez, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires comunicó la existencia de alrededor de 43 propiedades a nombre de Russo.

Asimismo, la Fiscalía instó a que se le pidan informes patrimoniales, entre otras diligencias, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves, en virtud de que en “este tipo de casos resulta fundamental que desde el inicio de las investigaciones se aseguren los bienes originados o utilizados como instrumento”.

En cuanto a la inhibición general de bienes postulada, el fiscal federal explicó -citando jurisprudencia- que la medida puede ser ordenada no sólo cuando se dicta un procesamiento, sino también ante un llamado a indagatoria “cuando hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que la justifiquen". En ese sentido, consideró que los elementos de prueba ya incorporados y los montos dinerarios en cuestión evidencian “la viabilidad de las medidas cautelares propuestas”.

El inicio de la causa

La pesquisa se inició a raíz de la denuncia presentada por la agrupación de simpatizantes y vecinos del Club Atlético Lanús "Almagranate", en noviembre de 2014. Esa presentación sostiene que los sucesos se habrían producido “de manera sucesiva”, a través de “operaciones de transferencias de jugadores de ese club, por las cuales se declararon montos inferiores a los efectivamente percibidos,  quedándose para sí [los imputados] las diferencias dinerarias obtenidas, causando un perjuicio económico al erario del Club del que [Russo] era autoridad”. Así se habría perjudicado también “a las arcas del Estado nacional con motivo de la evasión de los tributos pertinentes”; finalmente se apuntó que al dinero se le dio “apariencia de legitimidad por medio de distintas operaciones inmobiliarias concretadas en su mayoría en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires”.