García Lois, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 2 de Lomas de Zamora, solicitó al juez que le tome declaración indagatoria a un guardiacárcel y a un interno por las lesiones que le provocaron a otro detenido. El hecho sucedió en el Pabellón “H” de la Unidad Residencial de Ingreso del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La propia víctima fue la que denunció las agresiones sufridas. Allí, dijo que el encargado de la seguridad del pabellón había llamado a otro interno y ordenado que lo atacase. De esa manera, sufrió dos puñaladas en el estómago con una varilla de la puerta.
Al día siguiente, narra el fiscal en el pedido de indagatoria, en el recuento de internos y con el cambio de guardia, la víctima volvió a ser golpeada, esta vez por personal de requisa. Sin embargo, no pudo reconocer a los guardias que lo hirieron, ya que enseguida se desmayó. Producto de los golpes, sufrió, entre otras cosas, la rotura de una muela.
El testimonio del interno atacado, señaló García Lois, fue corroborado por los médicos forenses que intervinieron a raíz de la denuncia. Gracias a esa intervención, no sólo constataron las lesiones que presentaba la vícitma, sino que además se comprobó que el mecanismo con el que lo atacaron coincidía con el que había denunciado. El fiscal también acreditó que en el momento del ataque se encontraba en funciones el guardia denunciado, así como también que el interno que lo atacó estaba alojado en el mismo sector.
Para García Lois, a raíz de la especial situación de vulnerabilidad que viven las personas alojadas en un centro de detención, sus testimonios deben ser tomados con mayor valor probatorio. Esto se debe, señala el magistrado, por las consecuencias que le pueden traer aparejadas. Pero también, agregó, por la imposibilidad de que en tales condiciones, las conductas denunciadas puedan tener corroboración de terceros por temor a represalias, “al igual que sucede con los delitos de abuso sexual con víctimas menores de edad”.
Finalmente, luego de solicitar la indagatoria y que ni el guardia ni el interno mantengan contacto con la víctima, García Lois agregó que los delitos denunciados tampoco pueden ser verificados a través de filmaciones. De acuerdo con el fiscal, esto se debe a que las cámaras de seguridad que deberían existir en las cárceles de Ezeiza no funcionan o lo hacen con deficiencia, o no están instaladas, no graban o no registran el día y hora de filmación, o se reservan sólo por pocos días. Para el magistrado, eso incluso podría obedecer “a un plan deliberado para mantener en impunidad estas conductas reiteradamente denunciadas”.