“Hacé como con las cartas, Sopa”. “Que la cuenten como quieran”. “¿No te acalambrás los dedos?”. “La carita de Maxi, me encanta”. Los comentarios acompañan las imágenes registradas por el propio integrante de una banda dedicada a secuestros extorsivos con el celular de una de sus víctimas. Al fondo, se aprecia un arma de fuego apoyada sobre una mesa. La filmación muestra a dos personas contando velozmente el dinero obtenido a cambio del rescate en uno de los secuestros, y resultó una prueba clave en la investigación por la que el fiscal subrogante hasta esta semana en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Adrián García Lois, solicitó la elevación a juicio el lunes.

Los tres hombres del video -Maximiliano Olmedo, Sebastián Unzurrunzuaga y Leonardo Cisneros- fueron acusados por la Fiscalía de haber conformado junto a Miguel Alberto Calvo y Jorge Javier González una asociación ilícita “de carácter permanente y de forma organizada”, de la que se comprobó que desplegaba sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, por lo menos en las localidades de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y Adrogué.

Los cinco se encuentran detenidos y hay varias personas con pedido de captura, producto de una investigación en la que se acumularon más de 120 elementos de prueba, que permitieron identificar a los integrantes de la banda, sus domicilios y los vehículos en los que circulaban, entre otras cosas. A su vez, las víctimas de los cuatro hechos por los que García Lois impulsaba la acción penal -cometidos en los primeros días de febrero de 2013- identificaron a la mayoría de los imputados en ruedas de reconocimiento, y reconocieron buena parte de los elementos que le fueron robados durante los secuestros (llaves, celulares, estéreos, reproductores de DVD para automóvil y mochilas, por ejemplo).

Los objetos fueron recuperados en los allanamientos simultáneos realizados en los domicilios de los acusados -dos en la localidad de San José, uno en Lomas de Zamora, otro en San Vicente y el restante en Quilmes-, en los que también se produjeron las detenciones ordenadas por el juez Carlos Ferreiro Pella.

Un violento “modus operandi”

Los testimonios de las víctimas son elocuentes en cuanto a los secuestros. Los cuatro hechos investigados comenzaron de la misma forma: las personas eran interceptadas por la noche o madrugada mientras circulaban en sus vehículos y abordadas e intimidadas con armas de fuego. Otras veces, eran obligadas a subir al auto en el que se trasladaban los victimarios.

Inmediatamente, llamaban a familiares o allegados exigiéndoles el dinero para la liberación y las indicaciones de dónde dejarlo, lo que sucedía en el cruce de las avenidas Eva Perón (ex Pasco) y Salta.

Dos de las víctimas de la banda denunciaron que fueron torturadas con picana eléctrica, lo que les produjo lesiones leves por las que los captores deberán responder también durante el debate oral, ya que fueron acreditadas por el Cuerpo Médico Forense.

La investigación

Además de las precisas descripciones de las personas secuestradas, fue importante la identificación de los teléfonos utilizados en los hechos por los secuestradores. Un informe producido por la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial de la Superintendencia de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires concluyó que analizados los movimientos de la noche de uno de los hechos (llamados entrantes y salientes), se confirmó que “los desplazamientos son coincidentes casi a la perfección con los del abonado de la víctima”. Los números -de la empresa Nextel- compartían el recorrido detectado por las empresas de los aparatos celulares de las personas secuestradas.

También, fueron intervenidos los aparatos. Un operativo desplegado en conjunto por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones Lomas de Zamora y Esteban Echeverría recibía en directo información concreta de las conversaciones mantenidas por los usuarios de los teléfonos, en el momento en que sucedía un hecho delictivo de la índole de los investigados. Tras ello, se realizó un despliegue de agentes en todas las zonas en las que se repetían los acontecimientos, para lo que se tuvo especialmente en cuenta factores como: el horario en que solían cometerse los delitos -en la madrugada-, lugares de interceptación y liberación de las víctimas, es decir, las vías utilizadas para acometer los hechos.

Todos los imputados mantuvieron conversaciones frecuentes, en las cuales "manifestaban claras intenciones de cometer ilícitos”, estableció García Lois en el requerimiento. “A la vez que en algunas se refirieron a objetos que probablemente hayan sido los que compusieron ciertos rescates pagados para la liberación de las víctimas, incluso siendo algunos de ellos reconocidos por los damnificados”, agregó el fiscal.

Peculiar resultó el caso de Miguel Calvo. Ya estando detenido, su defensora pidió la devolución de un automóvil que había sido secuestrado; para ello presentó un boleto de compra-venta, en el que constaba la numeración de los billetes utilizados para la adquisición en dólares. Resultó que la Fiscalía detectó que esa numeración coincidía con la del dinero entregado por la familia de una de las personas secuestradas. A raíz de ello, se allanó una concesionaria de vehículos, no sólo había registro de la operación y la numeración, sino que allí estaba el billete en cuestión, que se constituyó en otro elemento de prueba importante.

Cese de secuestros en la jurisdicción

García Lois destacó en diálogo con Fiscales que a raíz de este y otros procedimientos, “este año no hubo secuestros extorsivos organizados” en la jurisdicción de Lomas de Zamora.

Otros elementos secuestrados oportunamente fue una gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre, algunas largas, “tipo escopetas”; granadas de mano; equipos de comunicación con frecuencia policial; partes de vehículos de alta gama; uniformes y esposas de fuerzas de seguridad nacionales; chalecos antibalas; chapas patentes, y documentos nacionales de identidad y documentos de automotor ajenos, entre otros elementos.