25 de agosto de 2019
25 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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También se solicitó que sean llamados a declarar otros 30 imputados
Pidieron la indagatoria de una jueza en una causa por presunto lavado de activos
El fiscal Guerberoff pidió que se llame a declarar a María Gabriela Lanz en el expediente donde se investiga el presunto lavado de activos que habría cometido su pareja Valentín Temes Coto, quien fue condenado el año pasado a 20 años por traficar tres toneladas de cocaína.

El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff solicitó la indagatoria de la titular del Juzgado Criminal de Instrucción N°42, María Gabriela Lanz, en una causa donde se investiga el presunto lavado de activos que habría cometido su pareja, Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por traficar tres toneladas de cocaína en cajones de manzanas. Además, el representante del Ministerio Públcio pidió que se llame a declarar a otros 30 imputados, entre los que se encuentra el mismo Temes Coto, Nelson Hinriksen y Claudio Maidana (los otros dos condenados en la causa Manzanas Blancas) y varios de sus allegados: Valentín, Lorenzo y Cristina Temes Chao (hijos de Temes Coto) y su ex mujer Flora Chao Durán.

La causa tiene 60 imputados, entre allegados de los condenados y empresas vinculadas a diversas firmas que habrían servido como pantalla para blanquear el dinero proveniente del tráfico de cocaína. En su requerimiento, Guerberoff solicitó al Juzgado en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, diversas medidas para "asegurar una efe­cti­va dilucidación del hecho producido".

Como primer paso, pidió que se levante el "secreto fiscal, bancario y bursátil respecto de las personas físicas y jurídicas", que se encuentran imputadas y que se soliciten informes sobre los bienes de éstas al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.

También, requirió al Juzgado que se pidan informes de tarjetas de crédito de los imputados, para constatar si son titulares o no de las mismas y que, en caso de serlo, se adjunten los resúmenes de cuenta correspondientes, lo que permitiría investigar patrones de gastos y movimientos bancarios.

Una vez reunida toda esa información, podría darse intervención nuevamente a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que analice las pruebas. El organismo encabezado por José Sbatella proveyó los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la Procelac utilizó para realizar el informe y efectuar la denuncia que dio origen a la causa, en noviembre del año pasado.

Las maniobras de lavado

Según el requerimiento del fiscal, está probado que la empresa Frutol S.A., propiedad de Valentín Temes Coto, era utilizada como exportadora de las manzanas donde transportaban la droga. En base a documentación aportada por el banco Standard Bank, se detalló que la firma Cobeccar SA, cuyo titular también es Temes Coto, entregó una serie de cheques por un valor de 258.846 pesos a Frutol y que fueron rechazados por falta de pago. En Cobeccar figura como apoderada la ex mujer de Temes Coto y como socio Claudio Maidana.

De la información que proveyó la UIF se obtiene que la firma Marycitrus Inversora S.A. (representada por su presidente Marcelo Sanchez, que era socio y gerente de Frutol) transfirió a favor de Cobbecar S.A. el dominio de una finca en Entre Ríos valuada en 500 mil pesos, abonados en efectivo.

Si bien Cobbecar presentó documentación que en principio acreditaba fondos para efectuar la compra, la UIF concluyó que la sociedad presentaba marcados incrementos patrimoniales que obedecerían a la financiación por parte de terceros y como resultados provenientes de su actividad ceñida exclusivamente al comercio exterior.

No obstante, en los estados contables de la empresa no se pudieron identificar proveedores o clientes que permitieran acrecentar de tal manera la actividad comercial de Cobbecar. Al respecto de Marycitrus Inversora S.A., el reporte de la UIF especificó que no se registró otro trámite más que su inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ), en julio de 2003.

Además, se constató que el principal accionista de la firma era una empresa constituida en Uruguay (Ribermar S.A.), a la cual se le secuestraron 487 kilos de cocaína en agosto de 2007. Por su parte, el Banco Supervielle informó que Temes Coto realizó, entre enero de 2009 y diciembre de 2011, diversas operaciones de las que se destacan las trasferencias recibidas, ventas de cheques de viajeros y compras de dólares, euros y oro, por 1.023.000 pesos.

Además, mencionó que Temes Coto era gerente de la empresa Servexpo. Esta sociedad, constituida en agosto de 2008 y donde figura también Claudio Maidana, habría registrado un incremento patrimonial coincidente temporalmente con el inicio de actividades de Frutol S.A., según menciona el reporte de la UIF.

El organismo señaló también que una serie de inmuebles y vehículos de alta gama, que registran cédulas de autorización de manejo a Temes Coto, Valentín Temes Chao (hijo del anterior) y dos socios más.

Asimismo, el Banco Galicia denunció a la empresa Tala Viejo S.A por operaciones sospechosas desplegadas en diciembre de 2010. Esto se debía a una modificación abrupta del "perfil de riesgo del cliente" en cuanto se encontraba probada la relación entre esta firma y la empresa "Brantina SL", perteneciente a Vicente Trivelloni, detenido en España por tráfico de drogas. El banco detalló que Trivelloni y su hermano Gabriel Santiago eran dueños del grupo económico Tala Viejo, conformado por varias empresas que no manejaban gran volumen de pago por exportaciones.

En las constancias de la UIF, figura que durante 2010 el principal cliente de Tala Viejo fue la empresa Brantina S.L. Además, el reporte especifica que en concepto de “cobro por exportaciones” operaron un monto equivalente a 1.470.454 euros y 144.907 dólares.

Tala Viejo S.A también fue denunciada desde el Banco BBVA Francés por operaciones sospechosas, que también mencionó a Carlos Trivelloni, Gabriel Santiago y María Florencia Montero por una serie de transferencias ocurridas entre los meses de junio y diciembre de 2010. Hizo saber, además, que la cuenta de la empresa había llegado a un monto de depósitos de 14 millones de pesos.

También, especificó que Tala Viejo se encontraba en concurso preventivo de acreedores, por lo que se le solicitó documentación respaldatoria para justificar los montos operados, pero que nunca fue presentada y que el cliente cerró sus cuentas en la entidad.

La Unidad de Investigación también reportó movimientos bancarios sospechosos por parte del hermano de Nelson Hinriksen, Javier Alejandro Hinrikse. Según figura en el dictamen, entre diciembre de 2009 y julio de 2010, se habrían realizado en su caja de ahorro depósitos de dinero en efectivo por 1.140.151 pesos, que eran retirados en la misma jornada.

En ese sentido, se precisó que Javier Hinriksen, según lo declarado ante la AFIP, no había presentado sus declaraciones juradas y que sus únicos aportes eran en carácter de autónomo entre septiembre de 2004 y noviembre de 2005.

La causa "Manzanas Blancas"

En diciembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 de la Capital Federal condenó a Valentín Temes Coto,Nelson Hinriksen y Claudio Maidana a penas de 20, 15 y 13 años de prisión, por encontrarlos responsables del contrabando de más de 3300 kilos de cocaína en cajones de manzana a España.

La investigación se inició cuando en un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Aduanas el 16 de junio de 2010 se incautaron 1650 kilogramos de ladrillos de cocaína disimulados en cajas que provenían del alto valle de Río Negro. Además, la AFIP dio aviso al agente recaudador en Brasil para que intercepte un segundo contenedor, donde se secuestraron 1720 kilogramos de cocaína.

La causa comenzó en octubre de 2012 y durante el transcurso del juicio, el fiscal Eduardo Funes, junto con los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 participaron de una inspección ocular en el frigorífico y empaque de la firma Frutol, ubicados en la localidad de Allen, provincia de Rio Negro.

Durante su alegato, Funes explicó que los tres acusados no eran los propietarios de la droga sino que se encargaban de la logística y el transporte. "Fueron dos operaciones que requirieron del establecimiento de una fachada legal que involucraba, de buena fe, a decenas de empleados, proveedores y clientes", dijo.

El fiscal detalló las inversiones que tuvieron que realizar los acusados para desenvolverse en el mercado comercial y laboral y cómo se establecían los contactos entre la banda y las organizaciones del exterior involucradas. "Encarnaron dos roles fundamentales de la cadena del narcotráfico (acondicionamiento y transporte) permitiendo la ejecución de una maniobra, con ribetes transnacionales, de características gigantescas".