El titular de la Fiscalía N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, solicitó la indagatoria del rector de la Universidad Nacional de la provincia (UNT), Juan Alberto Cerisola, en el marco de la causa en la que se lo investiga por las irregularidades constatadas en el uso de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una empresa del Estado de derecho privado, en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo.

El pedido también incluye a otros cuatro funcionarios vinculados a la institución: Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Olga Graciela Cudmani, directora General de Construcciones Universitarias; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.

Informes de la Procelac y de la SIGEN

En su momento, Brito había solicitado asistencia técnica al Área de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A partir de esto, los funcionarios de la Procuración General realizaron un estudio que permitió avanzar con claridad en el análisis del uso de los fondos provenientes de YMAD por la Universidad Nacional de Tucumán en dos dimensiones. Por un lado, se indagó en el gran caudal de documentación que reflejaba diversas aplicaciones de los ingresos provenientes del Yacimiento, principalmente vinculada con las obras enmarcadas en lo que se conoce como construcción de la Ciudad Universitaria. Por otro lado, se tomó contacto con la forma en que se originaron esos ingresos y la manera en que se dispuso su manejo hasta tanto se utilizaran para el pago de las diversas erogaciones.

El fiscal Federal remarcó en el pedido de indagatoria que, luego de ese estudio, recibió un informe del área de la Procelac a cargo de Milton Khaski, que además acompañaba un Informe de Auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El informe de la Procelac destacó que la auditoría de la SIGEN ya revelaba “las falencias en tres obras, representativo del 42% del universo de obras informado por la Dirección General de Construcciones Universitarias durante el año 2011”. Se trataba de las trabajos millonarios (los montos iban desde los 2,5 a los 20 millones de pesos) que se realizaron en la Facultad de Filosofía y Letras, de la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y de la remodelación del local de la Obra Social de la Universidad.

Además, el informe de la SIGEN destaca que, en su accionar, “las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán crearon un mecanismo normativo paralelo (Resolución N° 0365/2008 y Resolución n° 0366/2008) con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, obviando las disposiciones de la Ley de Obras Púbicas N°13064. De ese modo, amparados en un régimen que ellos mismos crearon, habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos, facilitando la arbitrariedad en la asignación de los contratos, además de reconocer erogaciones no previstas, incluso eludiendo todo mecanismo que haya sido diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, responsabilidad, […] causando la inherente lesión patrimonial de la administración pública nacional”.

El fiscal Brito destacó que esas resoluciones de las que dio cuenta el informe de la SIGEN estaban firmadas por Cerisola y por el Ingeniero Juan Carlos Reimundín, en su carácter de Secretario Administrativo. Luego, el representante del Ministerio Público puntualizó que, como resultado de los procedimientos creados mediante esas resoluciones, “se pagaron sobreprecios; se beneficiaron empresas contratistas; se incumplieron deberes básicos de un funcionario público y se limitó la publicidad de los actos de gobierno, entre otras prácticas cuestionables”.

Más adelante, Brito remarcó que si bien luego del informe de la SIGEN la UNT creó formalmente una Comisión Especial para investigar anomalías en las contrataciones, lo cierto fue que, pocos meses después, se dejó sin efecto la comisión que, en la práctica, jamás había sido puesta en funcionamiento.

Imputaciones

De esta manera, el fiscal Federal justificó el llamado a indagatoria a Cerisola y a Reimundí, en carácter de Rector de la Universidad Nacional de Tucumán y del Secretario Administrativo, respectivamente, no sólo por haber creado un mecanismo normativo paralelo, sino también por una dependencia directa del Rector de la Dirección General de Construcciones Universitarias, con la finalidad que había detallado la SIGEN en su informe, “violando los deberes de funcionarios públicos y causando la inherente lesión patrimonial de la administración pública nacional”.

Para esto, el representante del Ministerio Público también señaló que “el rector y el secretario Administrativo actuaron de manera deliberada y en forma dolosa, buscando apartarse de la norma nacional que legisla el procedimiento a seguir en la obra pública, para permitir la ilegalidad en las adjudicaciones y el pago de reclamos dinerarios que excedían lo impetrado o directamente no correspondía su abono, ocasionando un notorio perjuicio patrimonial a la UNT”.

También, fueron imputados por la probable comisión de los delitos de malversación de caudales y de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Mientras que Cudmani, Venturino y Lobo se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, la primera en carácter de autora, y los restantes como partícipes.

Ahora, el magistrado Federal Fernando Luis Poviña, a cargo del juzgado federal N°2, deberá decidir sobre el pedido del fiscal.