La fiscal federal Stella Maris Scandura solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de la Capital Federal que imponga una pena de tres años de ejecución en suspenso para el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a quien consideró cómplice primario del delito de “falsedad ideológica” en la documentación para la transferencia de un vehículo de su propiedad en 2003. La representante del Ministerio Público Fiscal requirió las mismas condenas para su ex pareja Agustina Seguín -por la misma modalidad de participación en el hecho-, para la titular del Registro Automotor N°2 de la Capital Federal, María Graciela Taboada de Piñero, y para el gestor Andrés Soto, a quienes les atribuyó la coautoría del delito previsto en el artículo 293 del Código Penal. 

En la causa se investiga la transferencia irregular de un Honda CRX Del Sol, en 2003, con datos falsos volcados en la documentación pertinente. El debate oral y público comenzó el 8 de junio. En aquella jornada, el también ex ministro de Economía nacional sostuvo que no tenía motivos para “insertar información falsa”. Sin embargo, para la Fiscalía General Nº2 se contradijo y los imputados “acomodaron sus versiones en un burdo intento defensista”.

La maniobra advertida por la Fiscalía 

Scandura, quien interviene en el debate asistida por el secretario y auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset, advirtió que “lo grave fue la inscripción del dominio” de un auto “del que nunca vamos a saber su origen”. En ese sentido, advirtió que la documentación utilizada “resultó apócrifa” porque Boudou no tenía forma de “acreditar la adquisición del vehículo”, presuntamente en 1992 o 1993, a la agencia de Mar del Plata “Atlántica Automotores”.

En esa línea, identificó las siguientes irregularidades en la inscripción del Registro Automotor Nº2 de la Capital Federal, en el año 2003:

del formulario 04 -para el cambio de radicación- firmado por quien sería ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Allí figuraba un domicilio inexistente -en la calle Berón de Astrada- “para elegir el Registro” y se incluyó una copia del DNI, en la que la dirección no se correspondía con el cartular original. Según la Fiscalía “fue certificada la firma, pero no el domicilio”, que estaba en blanco y habría sido completado por el gestor Soto. 

del formulario 08  -para la transferencia de dominio-. La representante del MPF indicó que el documento ni siquiera fue suscripto por Boudou. Al respecto, recordó que la escribana citada en el instrumento dijo que ella no certificó las firmas, en tanto que las pericias caligráficas arrojaron su falsedad. Recordó, por otro lado, que el monto de la supuesta transferencia se había realizado por 4 mil pesos, cuando el auto estaba valuado en realidad en 16 mil. 

del formulario 12 -para la verificación policial-, falso en su integridad y en el que se consignó el número del motor de fábrica, cuando en realidad “había sido sustituido”. Eso “nunca fue comunicado a una autoridad administrativa”, añadió Scandura.

“Lo grave fue la inscripción del dominio” de un auto “del que nunca vamos a saber su origen”, remarcó la fiscal durante su alegato.

La representante del MPF contextualizó la utilización de dicha documentación. Recordó que las gestiones para el trámite comenzaron en enero de 2001 a través del mandatario Gómez Kol -allegado a la familia de Seguín- con un pedido de informe de dominio al registro de Moreno, donde todavía estaba radicado el vehículo. Pero esa persona falleció en 2002. “¿Qué pasó desde enero de 2001 hasta 2003?”, se preguntó la fiscal. Y comentó: “[El gestor] Soto aparece dos años después, en 2003, con toda documentación apócrifa, porque no tenía ninguna”. “Se pretende hacer creer que fue un pase de trámite y de documentación”, dijo Scandura en alusión a lo declarado por Boudou en su indagatoria al comienzo del juicio. Dentro de ese marco, consideró que la entonces pareja del ex funcionario “jugó un rol preponderante y activo”, como nexo con Soto “para concretar la maniobra”.

Por otro lado, en cuanto a la titular del registro Taboada de Piñero, la Fiscalía consideró que “expidió un título de propiedad y cédula verde ideológicamente falsos, dado que el vendedor nunca había enajenado el auto en nombre de Boudou”. “Ella sabía la falsedad de la documentación”, resumió sobre la demora de más de seis años “en hacer la denuncia”, que se produjo recién en 2009.

Respecto de la funcionaria pública y Soto, le endilgó su participación como autores de la maniobra. Finalmente, sobre el gestor Rodolfo Basimiani -quien también había llegado como acusado al debate oral- señaló que “sólo retiró el trámite”, de manera que la Fiscalía desistió de la acusación. Tras ello, el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset encuadró jurídicamente la acción, que fue calificada como “falsedad ideológica” de documentos públicos. Se trata de un delito tipificado en el artículo 293 del Código Penal.

Penas de ejecución en suspenso

Al evaluar el monto de las condenas requeridas, Scandura tuvo en cuenta como atenuante el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y la edad de Taboada de Piñero y de Soto, sobre quienes requirió también su inhabilitación absoluta para ejercer su cargo y profesión, respectivamente, durante seis años. No obstante, precisó que la suspensión de la ejecución de la pena dependerá del cumplimiento de las reglas de conductas y tareas comunitarias que el Tribunal “estime pertinente”. Finalmente, la fiscal instó a que se decomise la coupé Honda en cuestión y se destruya el título.