02 de julio de 2022
02 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por precios excesivos e irregularidades en el proceso de licitación
Plan Qunita: pidieron la elevación a juicio de ex funcionarios y empresarios por fraude contra la administración pública
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak sean enviados a debate oral y público, entre otros ex integrantes del Poder Ejecutivo, junto a directivos y accionistas de las firmas que resultaron beneficiadas con la adjudicación.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio de los ex funcionarios Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, entre otros, y de los empresarios a los que se les adjudicó la licitación pública 4/2015 del Ministerio de Salud de la Nación mediante la que se instrumentó la provisión del “Kit Qunita”. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, quedó acreditado durante la investigación que “se abonaron precios excesivos en detrimento de la Administración Pública Nacional y se infringieron las previsiones de la Ley de Contrataciones de la Administración pública”, por un lado, y que el proceso licitatorio se direccionó “desde su principio” en favor de las firmas Compañía Narciso S.R.L., Grupo Diela S.R.L., Dromotech S.A, Fibromad S.A, Delta Obras y Proyectos SA y Fasano S.R.L.

Taiano consideró que los funcionarios deberán responder como coautores del delito de fraude contra la administración pública, en concurso ideal con el de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. En tanto que los empresarios deberán hacer lo propio sólo por la defraudación. La participación de una única acusada fue calificada como necesaria.

La nómina completa de los acusados es la siguiente: “en el Ministerio de Salud de la Nación cumplían funciones Ana Paula Herrera Viana como coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Fanny Clemente Lamas como directora de compras, patrimonio y suministros, Juan Carlos Piccolini como director de Recursos Humanos, Nicolás Kreplak era subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia primero y Secretario de Salud Comunitaria luego (estos últimos tres, además, integraron la Comisión Evaluadora de ofertas de la licitación 4/2015) y Daniel Gustavo Gollan era Ministro de Salud. Por su parte, Alicia Raquel Escobar Atensio era asesora legal, Claudia Ángela Esteban jefa de la Unidad de Asesoramiento Jurídico y Carlos José Tejada subdirector general de Asuntos Jurídicos, todos ellos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Aníbal Domingo Fernández era Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, detalló Taiano en el dictamen presentado ante el juez federal Claudio Bonadio. “Por su parte, María Victoria Flores era socia gerente de la empresa la Compañía Narciso S.R.L., Diego Luis Romero era socio gerente de Grupo Diela S.R.L., Leandro Nicolás Flores era director de Dromotech S.A., Sergio Alejandro Lupi era presidente de Fibromad S.A. y Martín Miranda era presidente de la empresa Delta Obras y Proyectos SA. Asimismo, respecto de la empresa Fasano S.R.L., Gustavo Oscar Cilia era accionista y socio gerente, Oscar Micheli y Jorge Omar Artazcoz eran accionistas y Dora María Ruocco era dueña de la compañía”, completó.

La licitación

El fiscal federal señaló que, en primer lugar, la publicación de la licitación “contenía numerosos ítems conformados por bienes de rubros variados, imposibilitándose una oferta amplia y transparente”. A ello se le sumó que los precios de las ofertas de las empresas “fueron excesivos e injustificados, y pese a ello fueron aceptados por los funcionarios sin objeciones, no obstante haber tenido datos que demostraban que eran abusivos”. En ese sentido, explicó que existiendo referencias de precios por kit de $4096,37, primero, y de $6.604,37, después, “se terminó adjudicando la licitación a seis empresas que presentaron cotizaciones entre los $7.690 y los $7.850, sumas de dinero muy por encima de los valores referenciados”.

Luego “el trámite de la licitación pública continuó sin problemas y cumplió con todos los pasos administrativos, otorgándole la apariencia de legalidad que desde el principio se había abandonado”, indicó el representante del MPF. Respecto de la intervención de Fernández y Gollán, Taiano señaló que “ambos han participado en la licitación pública y hasta han tomado la decisión neurálgica de la misma, nada menos que la adjudicación a las empresas, y que por cierto no manifestaron objeciones al respecto cuando la licitación se encontraba plagada de irregularidades”.

Direccionamiento

Respecto de las compañías, los kits encargados fueron 3900 a Delta; 5750 a Fibromad; 6400 a Dromotech; 3850 a la Compañía Comercial Narciso; 5100 al Grupo Diela y 115.000 a Fasano. “La simple apreciación de los elementos de prueba acumulados en el expediente da cuenta de un acuerdo entre ellas al momento de presentarse para ofertar en la licitación nro. 4/2015”, dijo Taiano, no obstante “tenían un objeto social ajeno a la producción de la mayoría de los bienes requeridos en este trámite”. Al respecto, consideró que tenían conocimiento del proceso desde antes del llamado: algunos de los elementos fueron acopiados con anterioridad a los mismos proveedores y entre las seis ofertaron 140 mil kits (de los 150 mil que efectivamente fueron requeridos), fueron algunos de los elementos valorados por el titular de la Fiscalía Federal N°3.

En cuanto al direccionamiento, “no se puede dejar de mencionar que el día 9 de abril de 2015, antes de que se supiera cuáles eran las empresas que iban a resultar adjudicatarias de la licitación pública cuestionada, se advirtieron llamados telefónicos efectuados entre Kreplak y Micheli. Esto da la pauta de que los nombrados se conocían y que se contactaban antes de conocer el resultado de la licitación”, ejemplificó Taiano. En esa línea, remarcó que otras compañías habían requerido cambiar alguna de las características de los productos y los pedidos fueron rechazados, pero cuando Fasano lo hizo “tuvo acogida favorable”: “el motivo, ahora, salta a la vista: la empresa ya había adquirido el material”, concluyó el fiscal federal luego de enumerar los casi cuarenta elementos de prueba.