18 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El ex ministro Juan Manzur había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones
La PIA apeló los sobreseimientos en la causa por la licitación del Plan Qunita
El fiscal Sergio L. Rodríguez consideró que el fallo que sobreseyó al ex titular de la cartera de Salud y a un grupo de integrantes del Servicio Jurídico del Ministerio es prematuro. Están acusados de direccionar el pliego y violar el Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.

El titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apeló la decisión del juez Claudio Bonadío, que sobreseyó al ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y a los integrantes del Servicio Jurídico de esa cartera Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García en la causa en la que se investigan irregularidades en la licitación de compra del Plan Qunita. Además, requirió que se "dicten los pertinentes procesamientos".

Cabe recordar que oportunamente el juez de primera instancia había decretado sus procesamientos, los que fueron revocados por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

En su escrito, el fiscal nacional de investigaciones administrativas afirmó: "Sobre la situación del por entonces Ministro de Salud de la Nación, no comparto su desvinculación, puesto que claramente la pesquisa ha demostrado que la Licitación Pública N° 4/15 del Ministerio de Salud de la Nación, constituyó un plan único para defraudar al Estado, y que cada uno de los intervinientes hizo su aporte conforme sus funciones y vigencia de su cargo". Además, Rodríguez consideró que "el proceso licitatorio fue concebido con la clara e inequívoca intención de obtener un provecho espurio".

El representante del MPF puntualizó además que los funcionarios del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud debieron haber advertido las irregularidades y dictaminado en contra del pliego aprobado por Manzur el 30 de enero de 2015, que violaba los artículos 46 y 47 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, "permitiendo la violación de la igualdad, concurrencia y transparencia, principios rectores de toda contratación del Estado". Según el fiscal, el pliego licitatorio "restringía la oferta a unos pocos al llamarse a licitación pública por grandes cantidades de bienes en un único renglón y con cortos plazos de cumplimiento".

El titular de la PIA detalló que se "permitió dar curso al trámite de un proceso de selección formal pero direccionado para quienes resultaran finalmente adjudicados, al aprobar el pliego de bases y condiciones particulares con serias irregularidades afectando de esta manera los principios básicos que deben regir a toda contratación pública, que superan la mera negligencia".

También, Rodríguez apuntó contra los privados que se hicieron del beneficio de la maniobra y solicitó: "verificar con mayor exactitud la coordinación y puntos de contacto entre los oferentes, que actuaron en forma similar al contratar con un tercero, con antelación a la adjudicación".