En el marco del juicio por la presunta defraudación al Estado Nacional a partir de la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), el Tribunal Oral Federal N°5 rechazó hoy una serie de planteos de nulidad interpuestos por las defensas, en línea con lo argumentado por el fiscal general Diego Luciani, y le recibió declaración indagatoria a uno de los acusados.

De esta forma se reanudó el juicio oral y público que comenzó el viernes 7 de abril. Durante aquella jornada, luego de la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal y la querella del Ministerio de Defensa de la Nación, las defensas interpusieron una serie de nulidades como cuestiones preliminares. Por ese motivo se dispuso un cuarto intermedio hasta hoy: el titular de la Fiscalía General N°1, Diego Luciani, consideró que los planteos debían ser rechazados por los jueces Oscar Hergott, Sergio Paduczak, Ángel Nardiello y Sabrina Namer -cuarta jueza-.

En su exposición, el fiscal recalcó, con respecto a la nulidad de la indagatoria del acusado Eduardo Tesoriere, que en todo proceso penal son objeto de debate hechos y no calificaciones legales y, por lo tanto, advirtió que “la base fáctica de la imputación se mantuvo de forma clara”; asimismo, indicó que tampoco se afectó el principio de congruencia entre ese acto procesal y la elevación a juicio, en tanto no hubo alteraciones sobre el hecho del que se lo acusa.

Por otro lado, el representante del MPF consideró -sobre la presunta afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable alegada por la defensa- que se hicieron cuatro planteos previos de la misma índole -todos rechazados-, y recordó que esa cuestión ya había sido resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal en 2012; de igual forma se expresó respecto a la prescripción de la acción penal instada por el mismo abogado: rememoró que el tribunal revisor definió que fue en enero de 2001 que se consumó el presunto delito -que prevé una pena máxima de 6 años de prisión-, y que el plazo había sido interrumpido en 2006 con el requerimiento de elevación a juicio y luego con la citación al debate.

Finalmente, ante el planteo de que no hubo daño porque la compañía fue reestatizada por decreto presidencial en 2007, Luciani advirtió que la privatización generó “efectos arrasadores”. En ese sentido, graficó que desde el edificio de los tribunales federales puede apreciarse la ex Planta I de Tandanor, en donde están a la vista “barcos abandonados y pastizales”, cuando antes de la privatización funcionaba una planta industrial naval. La querella adhirió a lo postulado por la Fiscalía.

Ante el planteo de que no hubo daño porque la compañía fue reestatizada por decreto presidencial en 2007, Luciani advirtió que la privatización generó “efectos arrasadores”.

Al comunicar el rechazo a la totalidad de los planteos, los jueces indicaron sobre ese último punto que es justamente durante el juicio que se va a dilucidar si se produjo un daño al Estado o no.

Indagatoria

Una vez conocida la resolución del TOF N°5 brindó declaración indagatoria Gerardo Donato, a quien, como al resto, se le imputa haber colaborado en la venta del 90% de las acciones de Tandanor y el desapoderamiento de los bienes. El hombre sostuvo que era asesor externo de una de las compañías beneficiadas con la privatización, pero que no tenía “ningún tipo de poder de decisión”. En ese sentido, aseguró que “la relación de la empresa con el estudio jurídico” que integraba “era anterior” y que “no veía la defraudación que me imputan”.

Qué se investiga

En la causa se investiga la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional antes, durante y luego del proceso de venta de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), iniciado en 1991, al consorcio integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio del MPF, se produjo un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de 52 millones de dólares. Al respecto, se señaló que la maniobra se habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento de los activos de la empresa estatal antes del proceso de licitación; el cambio en las pautas contenidas en el pliego de bases y condiciones en beneficio del holding comprador -en lo que refiere al monto del contrato y los plazos de pago-; la prórroga en la constitución de la garantía exigida y la propia constitución y capacidad operativa del consorcio, entre otros. El delito en cuestión -contenido en el inciso 5° del artículo 174, en función del inciso 7° del artículo 173 del Código Penal de la Nación- contempla penas de hasta seis años de prisión.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio del MPF, se produjo un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de 52 millones de dólares.

En el proceso penal estuvo imputado hasta su fallecimiento el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González. Al juicio llegaron como acusados Tesoriere -quien intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta-, Alejandro Bofill, Donato, Omar Calculli, Miguel Larminat, Juan Andrés Vlastó y Nachat Samman.