El Tribunal Oral Federal Nº5 condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al ex funcionario del Ministerio de Defensa Eduardo Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Juan Andrés Vlastó en el marco de la causa en la que se investigó y juzgó la fraudulenta privatización del astillero estatal Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor).  En línea con lo requerido por el fiscal general Diego Luciani en sus alegatos, el tribunal también ordenó el decomiso de la Planta I, propiedad de la firma Puerto Retiro S.A. y dispuso su inmediata restitución al Estado argentino. A la par de ello, también se ordenó la reposición del 90% del paquete accionario de la empresa a favor del Estado.

En relación a los imputados Norberto Gerardo Donato, Miguel De Larminat y Nachat Samman, si bien los magistrados declararon expresamente su responsabilidad penal en los hechos, al mismo tiempo consideraron que tuvieron una participación secundaria y por lo tanto resolvieron absolverlos por haber operado a su respecto la prescripción de la acción penal. Diferente fue el caso de Omar Calculli, por quien ya el fiscal había postulado su absolución en el alegato y el tribunal resolvió en el mismo sentido que el representante del MPF.

En el expediente se investigó  la maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional antes, durante y luego del proceso de venta de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), iniciado en 1991, al consorcio integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido. Según se desprende de los legajos judiciales el perjuicio patrimonial ocasionado a las arcas públicas supera los 52 millones de dólares. La operación se habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento de los activos de la empresa estatal antes del proceso de licitación; el cambio en las pautas contenidas en el pliego de bases y condiciones en beneficio del holding comprador -en lo que refiere al monto del contrato y los plazos de pago-; la prórroga en la constitución de la garantía exigida y la propia constitución y capacidad operativa del consorcio, entre otros.

El tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 30 de  noviembre a las 12 horas.

La acusación del Ministerio Público Fiscal

El representante del MPF  en sus alegatos tuvo por acredito que Eduardo Tesoriere intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario, integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido. En virtud de ello, consideró que debía ser condenado a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos como autor del delito de administración fraudulenta. Asimismo, requirió la misma pena para los empresarios Alejandro Bofill, Nachat Samman y Juan Andrés Vlastó; 3 años y medio para Gerardo Donato y 3 años de ejecución en suspenso para Miguel Larminat, todos ellos como cómplices necesarios.

Por otra parte, postuló la absolución del apoderado especial del Banco Holandés, Omar Calculli, por el beneficio de la duda, aunque aclaró que la responsabilidad del banco en la maniobra es palmaria y fue pergeñada por directivos de esa entidad de mayor rango. En ese sentido, el fiscal general Luciani resaltó que los "grandes artífices" de la maniobra, junto a aquellos, habrían sido el ex ministro de Defensa imputado hasta su fallecimiento, Antonio Ermán González, y el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, respecto de quien requirió la extracción de testimonios para que sea convocado a prestar declaración indagatoria durante la etapa de instrucción.

El delito por el que los acusados llegaron a juicio, y por lo que la fiscalía solicitó sean condenados, es fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta, por el que el Código Penal prevé penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión. El perjuicio causado al Estado fue estimado en más de 50 millones de dólares. Según las pruebas reproducidas por el fiscal, los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de unos de sus activos más valiosos, la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban llamada Puerto Retiro S.A.